Las condiciones que hicieron posible la desaparición y probable asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen vigentes. No se han desmontado. Un episodio similar puede ocurrir en cualquier momento. El entorno es prácticamente el mismo. Una región del país con una fragilidad institucional que parece irreversible. Sembradíos de amapola y mariguana de todos los tamaños, chicos, medianos, gigantes. Tráfico ilegal de minerales. Multitud de grupos armados, desde resabios guerrilleros, gavillas, cárteles, guardias blancas, fuerzas federales y además algo que los medios suelen pasar de largo: presencia de agencias de Inteligencia foráneas.
Hay que decir algo que suena fuerte, lo es, pero se ajusta a la realidad: El país que tiene la mejor y más actualizada información sobre los sembradíos de amapola en Guerrero es Estados Unidos. Lo sabe todo. También sigue el tema de las policías municipales al servicio de los cárteles, de los normalistas que suponen que pueden secuestrar camiones o asaltar tiendas porque son estudiantes. Ahí siguen, nunca se fueron del todo, los Guerreros Unidos y claro también Los Rojos.
Hay un dato revelador. Varios de los mandos de los Guerreros fueron detenidos en las inmediaciones de Iguala, digamos Taxco. No se fueron lejos, no se fueron al extranjero. Tenían confianza en que los policías en su nómina los cuidarían. La vinculación o, con más precisión, la cohabitación de policías y delincuentes no termina sino que se acentúa, como quedó demostrado en Acapulco hace pocos días. Un episodio similar o incluso más grave que el del 26 de septiembre del 2014 puede ocurrir otra vez. Las condiciones que lo propiciaron siguen operando. Guerrero es tierra de nadie porque así le conviene a poderes fácticos, incluso poderes extranjeros.
El día 26 se cumplieron cuatro años de la noche triste de Iguala. Ya lo sabe usted, el grupo de 43 normalistas fueron detenidos por la policía municipal y entregados a los Guerreros Unidos, grupo criminal dominante en esa ciudad, hablo de Iguala, pues los confundieron con integrantes del grupo criminal de Los Rojos, dominante en el municipio de Chilpancingo. Según la versión oficial, la de la PGR, conocida como la “verdad histórica”, así entre comillas, los Guerreros Unidos mataron a los normalistas y después, en el basurero de Cocula, quemaron sus cuerpos hasta reducirlos a ceniza. Esa ceniza se metió en bolsas de basura que se arrojaron a un río. O sea que los cuerpos nunca aparecerán.
El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, militante del PRD, alcanzó la posición gracias al apoyo de Lázaro Mazón, el hombre de confianza de AMLO en Guerrero. La esposa de Abarca, la señora Pineda, es parte de una familia dedicada a la delincuencia organizada y sostenía, se dijo en su momento, una relación con el gobernador Ángel Aguirre. Todos esos personajes que he mencionado eran militantes del PRD y varios de ellos se pasaron poco después a Morena. No obstante, la factura política la tuvo que pagar el presidente Peña, militante del PRI.
El resultado es que hoy día, el propio AMLO está en condiciones de juzgar a los priistas a través de una Comisión de la Verdad. Un vuelco político de 180 grados. Es extraño que los familiares de las víctimas no hayan preguntado por Abarca o Mazón. Acaso quienes pastorean al grupo, comenzando por su abogado, tengan en la mira ganancias políticas de corto plazo. De hecho se dice, incluso sin investigar, que el caso quedará resuelto antes de finalizar el año. O sea que a la nueva administración sólo le tomará un mes llegar al fondo del asunto. Ya lo veremos.
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