La iniciativa para despenalizar el cultivo de la amapola y posteriormente el comercio regulado de sus derivados a partir de su bulbo gomoso, cuya ralladura permite la extracción de la base química de todos los opioides, no es ninguna novedad. En absoluto.
Lo novedoso es proponerlo, al menos plantearlo hasta ahora, desde la Secretaría de Gobernación. O en voz de la futura secretaria, la ministra Olga Sánchez Cordero.
Y digo ministra —perdón por la digresión—, porque ayer cuando le dije, “…ya me quedé con la costumbre de hablarle así”, me comentó, es correcto, cuando se ha sido ministra de la Corte, se es ministra para toda la vida. Como los toreros, que mueren siendo matadores en retiro. Bueno.
Pero los planteamientos de la secretaria Sánchez Cordero son interesantes como nunca lo fueron desde otras estructuras políticas o policiacas, porque tratan de atender el problema desde una óptica diferente, como condición para lograr un real estado de derecho, para lo cual se deben atender todos los componentes, no nada más la prohibición y sus consecuencias, sobre todo las transgresiones en un clima de complicidad o anemia de las fuerzas policiacas.
A partir del hecho de una economía de subsistencia precaria en los límites del peligro mortal, miles de mexicanos viven en el estado de Guerrero, en 120 pueblos y muchas comunidades pequeñas más, dedicados o dependientes del “clandestino” sembradío de las flores rojas.
Y es casualmente en esa zona donde se registran algunos de los más altos índices de violencia en el país. Históricamente sangriento, como la flor de sangre, como la llaman algunos, lugareños. Donde hay amapola, hay muerte.
Olga Sánchez Cordero, quien plantea encauzar la actividad ahora ilegal, como parte de un programa de pacificación, imposible desde la persistencia de una beligerante política prohibicionista, reconoce la dificultad extrema de este nuevo enfoque.
—¿Difícil?, sí; muy difícil. ¿Imposible?, no. Posible con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, dice en una entrevista para Estrictamente personal, con Raymundo Riva Palacio en Foro TV.
Hace algunos meses el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo lo planteó como un recurso necesario para abatir la violencia y dar un giro a la economía de esa región de la Tierra Caliente, donde todos los demás métodos de ataque a la violencia han fracasado.
Otras voces, hasta de la Iglesia católica, se han pronunciado en favor de una siembra controlada de amapola para crear una industria farmacéutica cuya primera consecuencia sería abatir la importación de morfina con fines médicos.
“Lo que planteé —dijo Astudillo recientemente—, fue que la amapola fuera para uso medicinal y lo sostengo, ya se dio un paso con el uso de la mariguana, que se haga un programa piloto en Guerrero para evitar tanto problema de quién siembra, y se encauce el tema en la ruta medicinal”.
El binomio amapola-violencia, es explicado así (Nayarit en línea) por “Arturo López, comisario ejidal de Filo de Caballos, un pueblo del municipio Leonardo Bravo, en donde viven habitantes acusados de terrorismo, ataques a las vías de comunicación, uso de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud, admitió que al menos 50 mil personas, de mil 280 comunidades de la sierra, viven de la siembra de amapola.
“A su vez (ibid), el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, propuso al gobierno estatal que dialogue con los grupos de la delincuencia organizada para llegar a acuerdos que permitan terminar con la violencia en Guerrero.
“Pidió legalizar la amapola con fines medicinales para ayudar económicamente a los habitantes de la sierra de Guerrero, “porque si no se les ayuda, podría haber hasta un levantamiento armado...
“…Agregó que si en Estados Unidos ya se legalizó a la amapola con fines medicinales desde 1980, ‘por qué no se hace lo mismo en México’.
Lo notable de la propuesta de Olga Sánchez Cordero es la, como dicen ahora, “transversalidad” del asunto, pues se trata de abatir la violencia, destinar los recursos, ahora empleados en una guerra perdida, en la atención de adicciones y prevención de ellas; revisión de los casos penales de quienes hayan sido víctimas de presiones mafiosas para dedicarse a esos cultivos a cambio de mínimas ganancias y desarrollar toda esa zona con inversión productiva.
En estos días ya se pactan reuniones para la transición óptima en la Secretaría de Gobernación. El equipo de Alfonso Navarrete Prida dividirá en dos las juntas de trabajo.
Vista ya la separación de las áreas de desarrollo político y relaciones con los estados y el Congreso. Entre otras tareas de política interior y las de Seguridad Pública—derivadas a una nueva Secretaría de Seguridad Pública, donde despachará Alfonso Durazo con el invaluable apoyo de Manuel Mondragón y Kalb—, Olga Sánchez Cordero recibirá sólo la mitad del enorme paquete de la gobernanza nacional.
Lo demás será tarea de la resucitada SSP.
Y si ya hablamos de Manuel Mondragón, su estrategia de división territorial en cuadrantes ya fue rescatada por el equipo de Claudia Sheinbaum. Mientras copien lo bueno…
