Miércoles 17 de Julio, 2019 - México / España
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La iniciativa de Ley de Ciencias sí propone tutelar las investigaciones


También establece que Conahcyt podrá suspender temporalmente el régimen de patentes, desaparecer Centros Públicos de Investigación y aprobar qué estudios son prioritarios para el desarrollo del país.

En caso de aprobarse la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada el 8 de febrero al Senado por la legisladora Ana Lilia Rivera Rivera, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quedará establecida en el artículo 9 la facultad del gobierno de tutelar la investigación.

El detalle está redactado en la fracción XXI, donde se enuncia que corresponderá al propuesto Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt): “Establecer una estrategia integral de tutela de los principios de previsión, prevención y precaución para la investigación y el desarrollo tecnológico, así como emitir dictámenes especializados en materia de riesgos en general, con efectos vinculantes, particularmente tratándose de programas, proyectos y actividades relativos a bioseguridad integral, salud, medio ambiente y conocimientos de pueblos y comunidades indígenas y equiparables;”

Éste es sólo un ejemplo del tono y sentido de la iniciativa de Ley que ha sido criticada por diferentes investigadores y agrupaciones científicas, como un instrumento que concentra el control y el poder. Ejemplos similares, que otorgan al gobierno y al Conahcyt facultades para decidir sobre la suspensión temporal del régimen de patentes; la desaparición de Centros Públicos de Investigación y la decisión de cuáles investigaciones son prioritarias para el desarrollo económico y la mejora de las condiciones laborales de los mexicanos, aparecen en los artículos 7, 8, 9, 21, 22 y 62 de la Ley.

Además, en concordancia con el espíritu de la iniciativa, que concentra las decisiones sobre el futuro de la ciencia mexicana en un solo grupo, los artículos transitorios séptimo, décimo primero y décimo cuarto, desaparecen algunas de las figuras que se habían creado en los últimos 17 años para tomar decisiones de manera colegiada.

Con la redacción de la iniciativa de Ley y con los artículos transitorios enlistados se declara la desaparición del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Esto quiere decir que se declara la desaparición de la mesa redonda que vigilaba la política científica de la República y que —todavía hoy— es encabezada por el Presidente de México y por nueve secretarios de Estado, además de tres representantes de la iniciativa privada, un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), otro más de los Centros Públicos de Investigación; un representante de los consejos estatales de ciencia y tecnología; uno de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC); uno del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), y uno de Conacyt.

Con la iniciativa, toda esa capacidad de reflexión colegiada y argumentación queda en manos de una sola institución: el propuesto Conahcyt.

También en el conjunto de la iniciativa de Ley y en sus transitorios se declara que el Conahcyt absorberá las funciones que desempeñan actualmente el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República (integrado por los ganadores de los Premios Nacionales de Ciencias) y se declara desaparecida la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia.

¿Para qué existían estos órganos?

Fueron creados con dos objetivos:

  • 1) Que las decisiones sobre ciencia fueran conocidas y escuchadas por el Presidente, y
  • 2) Que las decisiones no fueran tomadas por un solo grupo sino por todos los miembros del ecosistema de investigación y desarrollo: gobierno, academia y empresas.

Decenas de renglones de la iniciativa se refieren a concentrar las decisiones dentro de Conahcyt. Cinco veces se habla de riesgos y dictaminación en la investigación y en los artículos 7, 8 y 9 se repite la idea de que la investigación debe ser dirigida a atender las prioridades nacionales, lo cual es éticamente intachable, pero parte de la idea de que el que investiga ya sabe qué va a encontrar. La investigación científica no opera así.

Aunque se ha negado desde el gobierno que se aspire a tutelar la ciencia, el concepto aparece en la iniciativa, en el artículo 9, fracción XXIX. También aparece en el Diccionario de la Lengua Española donde se explica que Tutela significa: “Autoridad que, en defecto del padre o la madre, se confiere para cuidar de la persona y los bienes de aquel que, por minoría de edad o por otra causa, no tiene completa capacidad civil”.

Con información de: La Crónica de Hoy.