Miami.— Cada vez que un adolescente comete un homicidio, una violación o un secuestro se enciende el debate sobre la posibilidad de juzgarlo como adulto y encerrarlo más tiempo. Esa política promete seguridad y justicia para las víctimas, pero su resultado real se mide cuando el joven recupera la libertad y vuelve a la sociedad. Décadas de experiencia en Estados Unidos muestran que las penas adultas a menores debilitan la educación, el tratamiento sicológico y la reinserción, y pueden elevar la reincidencia.
La mayoría de los adolescentes condenados recuperará su libertad y regresará a una familia, a un barrio y a un mercado laboral. La política funciona cuando reduce la posibilidad de una nueva agresión después de ese regreso; la experiencia estadounidense muestra que “los tribunales para adultos pueden aumentar la reincidencia y dejar al joven con menos recursos legales, educativos y personales para abandonar la delincuencia”, comenta la abogada Magdalena Medina a EL UNIVERSAL.
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En EU, los 50 estados y su capital federal disponen de algún mecanismo para procesar menores en tribunales penales ordinarios. Las vías incluyen exclusiones automáticas establecidas por ley, transferencias autorizadas por jueces, acusaciones directas decididas por fiscales y reglas que conservan el tratamiento adulto para jóvenes procesados anteriormente bajo ese régimen. Veintiocho estados y el Distrito de Columbia mantienen acción de traslado automático. Estas normas pueden enviar un caso al tribunal adulto desde la formulación inicial de los cargos, antes de una evaluación completa sobre madurez, antecedentes, participación y capacidad de rehabilitación.
Una revisión realizada por el Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos Comunitarios y divulgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinó que “la transferencia al sistema penal adulto generalmente aumenta, en vez de disminuir, la violencia entre los jóvenes transferidos”. Los investigadores encontraron evidencia insuficiente para atribuir a estas leyes una reducción general de la violencia juvenil y recomendaron rechazarlas cuando su propósito sea prevenir delitos violentos.
Richard E. Redding, sicólogo, abogado y especialista en justicia juvenil, examinó las leyes de transferencia para la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia; concluyó que “la mayor parte de la evidencia empírica indica que las leyes de transferencia probablemente tienen poco efecto disuasorio general”. Los estudios revisados registraron reincidencias mayores entre jóvenes procesados como adultos y adolescentes comparables atendidos por tribunales juveniles. Redding relacionó ese resultado con la estigmatización, el contacto con delincuentes mayores, la pérdida de tratamientos especializados y las dificultades de la reintegración.
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Jeffrey A. Butts, profesor investigador del John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, separa el efecto político del resultado en seguridad y subraya que “décadas de investigación nos dicen que la estrategia no funcionó, si el propósito era proteger al público frente al delito”. Una legislación punitiva comunica indignación, reafirma autoridad y responde al dolor provocado por un crimen grave. La reducción del delito exige medición distinta por la reincidencia, violencia posterior, educación, el empleo, la salud mental y las condiciones de retorno a la comunidad.
La capacidad limitada de disuasión guarda relación con el desarrollo adolescente. “Los delitos juveniles generalmente ocurren bajo la impulsividad, el enojo, el miedo, el consumo de sustancias, la presión de grupo y la búsqueda de recompensas inmediatas; son las raíces que deben tratarse”, señala Medina y advierte que “una condena futura de 10, 20 o 30 años tiene poca presencia dentro de una decisión tomada en segundos y bajo una emoción intensa”. Laurence Steinberg, profesor de sicología y uno de los principales investigadores estadounidenses sobre jóvenes, confirma que “los adolescentes pueden tomar decisiones informadas y carecer de madurez social y emocional para controlar sus impulsos, resistir las presiones y valorar los riesgos”.
La abogada explica que los jóvenes recluidos en cárceles ordinarias reciben menos programas de rehabilitación, menos tratamiento de salud mental y menos servicios adaptados a su desarrollo, “y enfrentan mayores riesgos de violencia física, abuso sexual y deterioro psicológico. La separación destinada a protegerlos puede traducirse en un aislamiento prolongado, porque el contacto directo con presos mayores facilita la subordinación, la violencia y el aprendizaje criminal”. El Estado puede imponer una pena más extensa y producir durante su cumplimiento condiciones que aumenten peligrosidad posterior.
Además, un antecedente grave de cualquier persona que ha sido liberada limita el empleo, la vivienda, la educación y el acceso a licencias profesionales.
La aplicación de las transferencias presenta además profundas desigualdades raciales. Entre 2009 y 2024, 80% de los jóvenes procesados como adultos en Maryland eran negros; en Alabama, 84% durante 2017. En Nebraska, los jóvenes negros representaron 36% de las transferencias por delitos graves y los latinos, 20%.
“La justicia juvenil surgió precisamente para evitar este tipo resultado social”, subraya Medina. El primer tribunal especializado de EU fue creado en Illinois en 1899 y su objetivo original fue identificar las causas de la conducta, responsabilizar al joven y aplicar tratamientos capaces de modificar su trayectoria. La readaptación reconocía que la adolescencia es una etapa de formación y la conducta puede cambiar de manera profunda. El endurecimiento iniciado durante las décadas de 1980 y 1990 trasladó el centro de la decisión hacia el delito imputado, amplió las transferencias automáticas y redujo el peso de la evaluación individual.
Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EU sostienen que la justicia juvenil debe basarse en el conocimiento sobre desarrollo adolescente. Las intervenciones eficaces combinan responsabilidad, terapia cognitivo-conductual, tratamiento de adicciones, educación, capacitación laboral, participación familiar y supervisión durante el regreso a la comunidad. La Asociación Estadounidense de Psicología informó en 2026 que procesar y condenar jóvenes como adultos carece de una relación demostrada con menores tasas de reincidencia. La permanencia en sistema juvenil, con supervisión y servicios comunitarios, se relaciona con mejores resultados educativos y menos encarcelamiento posterior.
La readaptación exige más que detención legal, una vez superada la condena estudios muestran que se requiere de maestros, sicólogos, siquiatras, especialistas en adicciones, programas familiares, capacitación laboral, evaluación permanente y seguimiento después de la liberación. “La respuesta legislativa puede revisar la duración de las sanciones, fortalecer la supervisión y exigir resultados verificables, pero el abandono presupuestal de la justicia especializada facilita después el argumento de que ese sistema fracasó”, dice Medina; “la eficacia depende de mantener programas completos, continuidad institucional y mediciones públicas sobre reincidencia”.
Una familia que enfrenta un homicidio, una violación o un secuestro necesita verdad, responsabilidad, reparación y garantías de seguridad. La rehabilitación seria atiende esas exigencias mediante sanciones firmes y trabajo especializado para reducir la peligrosidad. Una pena larga puede ofrecer protección durante el encarcelamiento, pero la protección posterior depende del estado sicológico, educativo y social de la persona liberada. “Debemos entender que cada fracaso de reinserción puede producir una nueva víctima; la readaptación constituye una obligación de seguridad pública y una medida concreta de prevención”, de acuerdo con la abogada.
Tiara Greene, abogada especializada en derechos de la infancia, resumió que “los jóvenes no deben ser juzgados en tribunales adultos porque eso no promueve la rehabilitación, no disuade el delito y causa daños inmensos”. Olivia Naugle, estratega de justicia juvenil de The Sentencing Project, añadió que “procesar a jóvenes en tribunales adultos aumenta la probabilidad de delitos futuros y perjudica su bienestar y la seguridad comunitaria”. Erin Fitzgerald, antigua fiscal de homicidios, advirtió que el sistema adulto “aumenta sustancialmente la probabilidad de reincidencia, violencia sexual, tendencias suicidas, desempleo y pobreza en toda la vida”.
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Contenido sindicado vía RSS de El Universal Mundo. Nota original: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ven-politica-fallida-en-juzgar-a-menores-como-adultos-expertos-ven-aumento-de-reincidencia-en-eu/