Las autoridades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos han recurrido a persecuciones y represiones contra los trabajadores que impulsan y promueven la conformación de la Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El último acoso ha sido dejar sin trabajo a la secretaria general sindical
Texto: Samara Quinart
Foto: José Luis Conde / Presidencia / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO.— Samantha Fouilloux denuncia persecución política, violencia de género y agresiones verbales, estas últimas principalmente hacia las mujeres miembros del comité sindical, por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La persecución es tal que han llegado a informar del cese de actividades de la profesora Samantha. Ella representa a los profesores que promueven la creación de la Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (ASUTEUNRC) desde hace tres años, pero acusan que las autoridades universitarias y laborales han impedido el registro del sindicato.
En 2023, un grupo de trabajadores decidió ejercer su derecho a la asociación sindical. Desde entonces, la Asuteunrc intenta obtener su registro; sin embargo, denuncian que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha rebasado los tiempos y ha generado obstáculos.
Para agosto de 2026, las y los profesores han tenido que interponer hasta ahora dos amparos y preparan el tercero. Las razones que les han dado para no entregarles el registro han sido: una carpeta de investigación, falta de evidencia y falta de representación jurídica.
«Hace más o menos año y medio, desconocemos quién, pero ingresaron una queja ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; fue muy extraño porque cuando nos niegan la primera vez el registro hacen alusión a esa carpeta de anticorrupción, y eso nos extrañó mucho. Nuestro abogado solicitó que se abriera la carpeta y pues resulta que estaba vacía, no tenía nada», explica Fouilloux.
Debido a esto, en noviembre de 2025 ganan su primer amparo y el proceso se retoma; sin embargo, es negado una segunda vez. «Nos dicen que nosotros no tenemos representación jurídica y legal, entonces es absurdo porque lo que estamos pidiendo es ese reconocimiento, estamos pidiendo, como un sindicato que acaba de constituirse, su reconocimiento», narra un profesor de la Rosario Castellanos, de quien se omite el nombre para evitar represalias.
La lucha por el sindicato
Los trabajadores buscan crear el sindicato para combatir varias prácticas que han detectado. Algunas de ellas son las faltas administrativas, como los recibos de nómina, que son entregados una vez al año, lo cual va en contra de la ley; de acuerdo con lo establecido por la misma, la entrega de los recibos de nómina debe ser quincenal o en cada fecha en que se reciba el pago.
Otro ejemplo es la designación de las plazas, las cuales, en muchos casos, no corresponden con el grado académico, así como la asignación de los horarios de clase que les dan a los profesores, donde muchas veces tienen más de ocho horas libres entre cada clase.
«Generalmente en todos los trabajos los recibos de pago o de nómina se dan mes con mes o quincenalmente; acá lo hacen cada diciembre o cada enero. Todos los recibos de este año no los tenemos porque los van a hacer hasta finales de diciembre de 2026 o enero de 2027… No respetan el currículum para asignar materias, y tampoco el escalafón; hay profesores que ocupan plaza de doctores o maestros siendo licenciados o viceversa… Te pueden dar una clase los lunes de 7 a 9 y otra de 5 a 7 de la noche, ¿qué vas a hacer todas esas horas? Eso es precarizar el trabajo docente», narra un profesor de la Rosario Castellanos, de quien se omite el nombre para evitar represalias.
La falta de toma de nota se arrastra desde septiembre de 2025, y aunque los profesores han persistido, las agresiones han continuado. Destaca el despido de la trabajadora Samantha Fouilloux Alfaro, quien funge como secretaria general de la Asuteunrc.
Fouilloux relata:
«El día que me dieron el oficio, se da de una forma que indica esta falta de transparencia y de ética, porque a mí me llaman, me escriben un correo donde me citan a recoger la renovación de mi tiempo completo y, cuando llego a la oficina, me dicen: “Sí, sí tenemos su tiempo completo, pero también la instrucción de darle este documento”, y pues ese documento era la terminación de la relación laboral».
Ella recibió el oficio el 17 de julio de 2026, donde se le comunica el cese de actividades debido a una serie de alegatos donde, acusan profesores, se deja entrever una postura punitiva, autoritaria y misógina por parte de la administración: pérdida de confianza, falta de lealtad institucional y expresiones ofensivas hacia autoridades institucionales, se puede leer en el oficio de siete páginas.
Este último motivo se debe principalmente a la denuncia por hostigamiento laboral, psicológico, académico y de género que han presentado contra las autoridades administrativas de la universidad. Sumado a esto, se realiza una campaña de desprestigio en contra de Samantha, quien acusa que es por parte de las propias autoridades de la universidad, quienes están coaccionando a los docentes a firmar el respaldo de su despido «por órdenes del director de campus de conocimiento, empiezan a escribirle a los profesores vía WhatsApp con instrucción de que firmen una petición en Avaaz para que den por concretado mi despido», afirma Samantha Fouilloux.
Hasta el jueves 13 de agosto de 2026 no se obtuvo respuesta de las autoridades universitarias, pero en el mismo oficio se puede leer que autoridades administrativas sostienen que, al ser trabajadora de confianza y al haber perdido dicha confianza en la relación, el despido es totalmente justificado.
Por su parte, Samantha y sus compañeros han respondido que se vulneran sus derechos laborales. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se distingue la constitución de los sindicatos, con lo cual ya existen jurídicamente, de su registro, que tiene carácter declarativo, ya que a través de este la autoridad da fe del acto constitutivo.
Esto significa que la autoridad laboral no crea el sindicato al registrarlo, sino que únicamente da fe pública de que la organización ya existe y cumple con los requisitos legales correspondientes. Además, el puesto de trabajador de confianza, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, «depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general».
Algunos trabajadores del sindicato consideran que esta acción se trata de una negativa y una forma de persecución contra los integrantes de esta organización para frenar el registro sindical.
Ante estas faltas administrativas, la Asuteunrc, el pasado 6 de agosto del año en curso, presentó una queja formal en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde denuncia al Gobierno mexicano, por conducto de las autoridades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, por la violación de convenios de la OIT ratificados por el Estado mexicano.
Los señalamientos que persisten en la trayectoria del secretario general de la Rosario Castellanos
Por otro lado, también destaca la carrera política que ha tenido el actual secretario general de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Antonio Méndez, quien fungió como director de Gobierno en la alcaldía Coyoacán durante el periodo de Manuel Negrete en 2019, así como gerente de mercados, y de quien, de acuerdo con información publicada en Diario Basta! y Unomásuno, se hace mención de que en los trabajos donde ha tenido un cargo directivo siempre ha tenido denuncias por corrupción y represiones.
En un principio, comenta nuestra fuente, el diálogo con la rectora era más accesible; sin embargo, «cuando llega el nuevo secretario general, se vive una represión muy fuerte; él piensa que la universidad es su patrimonio y mete a mucha gente, incluso hay aviadores, y ahí es cuando comienzan los problemas» (trabajador de la UNRC).
Mientras el sindicato busca su reconocimiento y el despido de Samantha sigue en disputa, el conflicto puede abrir un gran debate sobre el propio proyecto y las condiciones laborales que existen al interior de una universidad que maneja un discurso para dar acceso a los derechos humanos.
La resolución de este conflicto puede determinar el futuro de un sindicato, pero también del rumbo que tomará el proyecto educativo federal. Mientras se enfrentan a estas represiones y persecuciones, la Asuteunrc tiene muy claros sus objetivos: defender el proyecto educativo de la universidad, defender los derechos laborales de los trabajadores, así como contribuir a la democratización de la universidad.
Samantha Fouilloux, secretaria general sindical, señala que algunos de los objetivos de la organización son «defender los derechos laborales, así como la democratización de la Universidad Nacional Rosario Castellanos»; por otro lado, un miembro de la organización, quien pidió mantener su anonimato por temor a represalias, explicó que también se busca «defender el proyecto de universidad como un programa prioritario de la presidencia, porque hace justicia, o sea, llevar la educación a los jóvenes».
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