Las recién aprobadas reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocidas popularmente como "Ley Antimemes", encendieron las alertas de especialistas y agrupaciones defensoras de la libertad de expresión.
Si bien, buscan proteger la identidad gráfica de instituciones oficiales para evitar suplantación, fraudes y falsificación, organizaciones como Artículo 19 (que acompaña a periodistas en riesgo), y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) han señalado en distintos espacios, que podría afectar a quienes la utilicen con no fines lucrativos o delictivos, sino informativos, críticos y artísticos, limitando los derechos de expresión y participación ciudadana, principalmente en medios de comunicación y entornos digitales.
La reproducción no autorizada de simbología institucional prevé sanciones que incluyen prisión de entre uno y cinco años y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida Actualizada (UMA), con lo cual podrían superar el millón de pesos.
Antes de estas reformas, se han consignado ya hechos derivados de disposiciones reguladas por tribunales electorales donde ciudadanos y periodistas fueron sancionados por sus opiniones en redes sociales y/o plataformas digitales, atribuyéndoles violencia de género, incitación al odio o violencia política.
Por ejemplo, la ciudadana Karla Estrella Murrieta fue obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a publicar en su perfil de X durante 30 días, del 12 de julio al 10 de agosto de 2025, una disculpa a la diputada Diana Karina Barreras, del Partido del Trabajo, por escribir que sus logros políticos se debían a la intervención de su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Según el Tribunal, la influencer incurrió en violencia política de género en contra de la legisladora, por lo cual, además de la disculpa pública, en la cual tuvo que referirse a Barreras como "Dato Protegido", le impuso una multa mil 86 pesos y acreditar un curso en línea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Asimismo, quedó inscrita en el Padrón Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género.
Recientemente, la ciudadana sonorense recordó los hechos en su X, para señalar diferencia en el trato que ella recibió y el dado al senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que éste se refirió a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo, como "irresponsable" y "ambiciosa". Para el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán las expresiones del político no acreditan violencia política contra las mujeres, pues están "protegidas por el principio de inviolabilidad parlamentaria y el debate público" que le otorga su cargo de senador.
Noroña fue protagonista de otro hecho. En septiembre de 2024, el abogado Carlos Velázquez de León lo confrontó en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al gritarle: “llama a tu pin… presidente”, con palabras altisonantes. Luego le dio un manotazo y le quitó el teléfono. Por ello, se vio precisado a disculparse públicamente en el Senado. En su momento se debatió si el acto había sido un exceso.
La judicialización de la crítica al poder, donde ciudadanos, activistas y principalmente periodistas y comunicadores son obligados a disculparse públicamente y pagar multas, se suma a las condiciones de precariedad laboral, amenazas, acoso, indiferencia de las autoridades, detenciones ilegales, vulnerabilidad e incluso la pérdida de la vida, en las cuales se ejerce el periodismo en México.
Las circunstancias se incrementan en estados, municipios y comunidades, en donde conflictos como el desplazamiento forzado, el deterioro ambiental, luchas por los recursos y proyectos extractivistas se agregan a los temas de corrupción, violencia, desigualdad social, falta de servicios que se viven en el país.
El periodista y comunicador radicado en Santiago Villa de Mitla, Oaxaca, Renán Martínez Casas, considera que “criticar al poder puede tener consecuencias legales”. Ha abordado el tema de la censura en sus colaboraciones semanales en la agencia independiente de información AMEXI, creada por un grupo de periodistas, tras la desaparición de la agencia estatal Notimex decretada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Antes, dice, un texto podía censurarse con una llamada telefónica. Hoy es el amedrentamiento, las campañas de descalificación, la entrega de publicidad de forma selectiva. Las investigadoras Mireya Márquez Ramírez y Grisel Salazar Rebolledo, de la Universidad Iberoamericana, presentaron recientemente una investigación sobre el periodismo regional, que apunta en el mismo sentido: discursos de odio, minimizar la credibilidad, acecho, acciones legales.
Coincide con esas descripciones el periodista Me’phaa Rolando Sánchez Quintero, quien ante la indiferencia de autoridades e incluso periódicos estatales por los conflictos de su comunidad, Portezuelo de Santa Cruz, Malinaltepec, y otras ubicadas en la Montaña de Guerrero, fundó el medio electrónico Júma Indígena, en Facebook.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 2 de noviembre como Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Pero, según el informe de 2025 del Comité para la Protección de Periodistas, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los periodistas, ocupando el tercer sitio, aunque desde 2012 estableció el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación.
La espada de Damocles
Martínez Casas dio detalle en su artículo Tribunales contra la libertad (Amexi), del 13 de marzo pasado, tres incidentes en los cuales se ofrecieron disculpas públicas por opiniones: La activista y colaboradora de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, María Emma Zermeño López, en cuyo caso se utilizaron sus mensajes privados de WhatsApp; el periodista y activista Miguel Alfonso Meza, en dos ocasiones, una de violencia política y otra de violencia política en razón de género; y el periodista en temas de política y corrupción Ignacio Gómez Villaseñor.
Y subrayó:
“En México se está consolidando una forma de censura que opera mediante denuncias, expedientes voluminosos, sanciones administrativas y litigios que buscan acallar a las personas críticas...”
Creador del blog Signos y sentidos, el propio Martínez Casas se siente acosado. El 27 de marzo de 2025 fue detenido en Mitla, por un hecho aparentemente ajeno al periodismo: Ese día un adolescente andaba sobre los tejados y cayó en el domicilio del periodista. Al escuchar el golpe, salió a ver qué pasó, y lo encontró muy lastimado, llamó a la policía, pero como tardaba decidió caminar con él hacia la calle donde ya se estaba reuniendo gente que comenzó a acusarlo de haber golpeado al joven e incluso hubo un intento de linchamiento.
Cuenta que, con el pretexto de protegerlo, la policía le sugirió llevarlo en una patrulla a presentar su denuncia y terminó esposado y recluido en el Ayuntamiento. En lugar de liberarlo a las 72 horas, como establece la ley, permaneció hasta el domingo 30 cuando un juez determinó que su detención fue ilegal.
No tuvo la oportunidad de presentar una denuncia por allanamiento de morada. Al contrario, fue demandado por el padre del menor por supuestas agresiones. Artículo 19 emitió una alerta para exigir al Estado mexicano la protección de sus derechos humanos. Igualmente, el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A. C., Cholollan Radio Comunitaria, y el Consejo de Jóvenes de Oaxaca, han demandado esclarecer su detención.
Ha transcurrido más de un año desde entonces, y aunque en abril pasado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ordenó al Ayuntamiento de Mitla reconocer públicamente su inocencia, no lo ha hecho.
Antes del incidente, cubría procesos electorales en los que fue electo el actual presidente municipal Esaú López Quero (Morena). Martínez Casas considera que eso le ocasionó los conflictos, “porque son temas que polarizan y estigmatizan, aparte de lo peligroso que sabemos se ha vuelto el periodismo en este país”. No obstante, está convencido de trabajar en favor de la democracia, entendida no como un acto de “levantar el dedo, sino de escuchar al otro y ponerse de acuerdo”.
Por ahora la carpeta de investigación en su contra sigue abierta, considera que ha sido un pretexto para presionarlo y siente la espada de Damocles sobre su cabeza, porque “en cualquier momento se puede judicializar y si me vinculan a proceso podría enfrentar dos años de cárcel”. Está a la espera de un amparo para poder contrademandar a quienes intervinieron en su detención.
Indiferencia y amenazas
El caso del periodista indígena Rolando Sánchez Quintero se remite al año 2014. Él participaba activamente en reuniones y asambleas de su localidad e incluso fue miembro de la Policía Comunitaria. Relata que, ante la falta de impacto de sus problemáticas en los medios de comunicación locales, comenzó a reportear empíricamente -pues no estudió periodismo- también tomaba fotografías y hacía llegar todo a periódicos del estado, como La Jornada de Guerrero y El Sur, donde su material -comenta- llegó a las primeras planas.
Cubría asambleas comunitarias y de las policías, a las cuales no se permitía la entrada a los medios tradicionales. Asimismo, las primeras movilizaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, porque era informado sobre los lugares donde serían, y para otros eran zonas de difícil acceso:
“Los reporteros de medios más reconocidos no llegan porque está lejos, son varias horas de caminata, hay que atravesar veredas, ríos y arroyos”.
Fue abarcando asuntos de violencia y delincuencia; salud, porque es una región “donde no hay médicos, la gente pobre muere y no tienen ni para los ataúdes”; violencia de género, pues “las mujeres son maltratadas, encarceladas hasta con sus hijos menores, y yo documentaba con fotografías y me las publicaban”.
Se involucró cada vez más con los problemas comunitarios y ayudaba cuando le era posible, por ejemplo, con ataúdes, pero por problemas políticos fue expulsado por autoridades de su comunidad. Tuvo que desplazarse a Tlapa y dejar a su familia, a la cual visitaba a escondidas porque temía por su vida, hasta que su esposa pudo irse con él, pero sus hijas se quedaron. En 2015 ingresó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por haber recibido amenazas.
El periodista Me’phaa, hablante del tlapaneco, regresó a su comunidad hace apenas un año, pero en febrero pasado, según reportó El Universal (21/03/2026), personas no identificadas intentaron ingresar a su vivienda luego de haber dado cobertura a la desaparición y asesinato de Ramiro Sánchez Cortés, comisario de Portezuelo de la Cruz.
La organización Artículo 19 ha hecho llamamientos a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a los mecanismos Federal y Estatal de Protección, y a las autoridades estatales y municipales para fortalecer la protección del periodista y cese su hostigamiento, pues a principios de octubre de este año fue amenazado nuevamente, a través de su WhatsApp, esta vez por informar en su plataforma sobre un asunto de su comunidad relacionado con la pavimentación de una calle.
Sin derecho a informar
Exdirector del periódico Tribuna de Campeche y autor de la columna “Expediente”, Jorge Luis González Valdez, a quien no se pudo localizar para entrevista, es otro periodista que enfrentó a los tribunales. La gobernadora Layda Sansores interpuso una denuncia en su contra, por la cual, en octubre de 2023, fue declarado culpable de violencia política de género por el Tribunal Electoral del estado. A la par se le abrió otra carpeta de investigación por la “probable comisión del delito de odio, en su modalidad de incitación al odio”.
En cambio, denunció en su momento, los jueces desestimaron las lesiones que presentaba por la detención policial, y la gobernadora se permitía insultarlo en su transmisión Martes del jaguar en YouTube, llamándolo “piraña” y “pirañón”.
Artículo 19 también ha dado seguimiento a este caso, y en su portal presenta una cronología de los acontecimientos que lo han rodeado, como su detención y la determinación en junio de 2025 del Juzgado Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Poder Judicial del estado, de vincularlo a proceso junto a su colega Isidro de Jesús Yerbes Cruz, por el presunto delito de incitación al odio. A ambos se les prohibió ejercer su profesión durante dos años, y se ordenó el cierre temporal del portal de Tribuna por el mismo lapso.
En julio del mismo año, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito otorgó la suspensión provisional de las medidas cautelares, unos días después la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May estableció que el medio electrónico debía dar a conocer a un representante del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, el contenido de las notas y comentarios sobre Sansores, antes de su publicación. Se mantuvo a González la prohibición de publicar cualquier información sobre la gobernadora.
Finalmente, ese mismo julio, la jueza Guadalupe Martínez Taboada ordenó restituirle sus derechos para ejercer la labor periodística y una indemnización económica. Decidió entonces abrir su plataforma y reiniciar la transmisión de su columna “Expediente”.
González Valdez anunció, en septiembre pasado, la creación de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (grupoampe.com), con sede en República Dominicana, representada en 35 países, cuyos objetivos son promover la libertad de pensamiento y de prensa mediante la cooperación internacional, así como la defensa de los derechos periodísticos. Él dirige ahora la representación en México.
Son sólo algunos casos de amenazas, acoso y judicialización. Márquez Ramírez y Salazar Rebolledo conformaron para su investigación en la Ibero, una muestra representativa de 443 periodistas mexicanos, que les permitió establecer 18 tipos de ataques, entre ellos, insultos, cuestionamiento de sus principios morales, espionaje, allanamiento de oficina y las acciones legales.
Contenido sindicado vía RSS de El Universal Cultura. Nota original: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/confabulario/cuando-la-censura-es-un-expediente-judicial/