La calificadora señala que una eventual dificultad económica de la empresa productiva del Estado sólo podría ser afrontada a partir del apoyo gubernamental.
Standard and Poors ajustó a negativa la calificación de Pemex a efecto de reflejar la dependencia que tienen sus obligaciones financieras con el respaldo del gobierno mexicano. Hace unos días Standard and Poors bajó las calificaciones de México, es decir de estable a negativa, y la calificadora consideró que Pemex debía registrar ese mismo movimiento toda vez que una eventual dificultad económica de la petrolera mexicana sólo podría ser afrontada a partir del apoyo gubernamental.
Entre las expectativas del año pasado, destacaba la posibilidad de que Pemex profundizara la coinversión con privados en sus actividades productivas, pero dado que esto no es así, se plantea que la correlación empresa estatal-gobierno se verá acentuada.
Los compromisos de Pemex en el corto plazo reflejan una buena calificación; es en el largo plazo donde la calificadora considera que las acciones del gobierno amlista no brindan toda la certeza posible sobre el futuro de la empresa; las subsidiarias de la empresa productiva del Estado se vieron arrastradas, especialmente en el caso de PMI Norteamérica que también vio su calificación descender a Negativa.
Sobre las acciones de la actual administración federal, la calificadora (S&P desde ahora) señaló que “el gobierno federal estableció un plan financiero para apoyar a Pemex mediante la inyección de capital en efectivo presupuestado para 2019, la monetización aprobada de pagarés federales relacionados con pasivos laborales, una revisión al régimen tributario de Pemex para incrementar el tope de algunas deducciones fiscales en campos productivos, y mediante una estrecha colaboración para evitar el robo de combustibles”.
Según el gobierno mexicano, relata S&P, estas acciones equivalen a una inyección de 5 mil 500 millones este año, “pero en nuestra opinión, las asignaciones potenciales totales para Pemex son insuficientes respecto de nuestra estimación sobre los requerimientos anuales de inversión de más de 20 mil millones para exploración, producción, transporte, distribución y comercialización”. A raíz de eso, la calificadora considera que persisten riesgos negativos sobre el desempeño operativo de la empresa: “en nuestra opinión, el riesgo de ejecución para Pemex es elevado. Consideramos que la implementación del plan de negocios de la empresa sigue expuesto a decisiones políticas que podrían entrar en conflicto con los objetivos financieros y de negocio”. Incluso señala que la constante supervisión gubernamental podría generar trabas que afecten las operaciones de la empresa y posiblemente retrasar la puesta en marcha de sus proyectos.
“Bajo esta nueva administración federal, esperamos una relación más estrecha entre Pemex y el gobierno, con una participación importante de éste en todas las decisiones estratégicas de la empresa para ejecutar la política de energía”, concluye y reitera que el punto positivo para Pemex es el respaldo del gobierno.
Con información de: La Crónica de Hoy.
