A un año del desalojo de Cuba 11, la resistencia de 17 familias destapó una red de despojo inmobiliario que opera con documentos, notarios y complicidades oficiales en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. Estas son las seis lecciones que dejó su lucha
Texto y fotos: Camilo Ocampo
CIUDAD DE MÉXICO. – El 27 de agosto de 2025, en el edificio marcado con el número 11 de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un grupo de hombres y mujeres con los rostros cubiertos irrumpió en las viviendas de las familias que ahí habitaban. Rompieron muebles, sacaron pertenencias y algunas fueron robadas. Todo ocurrió mientras un contingente de granaderos resguardaba la calle.
El inmueble tenía 19 departamentos y ocho accesorias. Alrededor del 70 por ciento de sus habitantes eran personas jubiladas o adultas mayores.
Desde el primer día, las familias se organizaron y montaron un campamento frente al edificio. La solidaridad de organizaciones sociales llegó casi de inmediato, mientras la respuesta gubernamental fue más lenta. Durante 12 meses, las familias han resistido a la intemperie, entre lonas, colchones y las pertenencias que lograron rescatar.
A un año de aquellos hechos, Cuba 11 no solo puso en el centro del debate público los despojos de vivienda en la capital y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México para combatirlos. También permitió develar un entramado burocrático, judicial, notarial y mercantil que puede convertir la pérdida de una vivienda en un negocio.
Primera lección: el despojo no es un hecho aislado
En los días posteriores al desalojo comenzaron a aparecer coincidencias con otros casos.
Sobre la misma calle República de Cuba, vecinos identificaron otros edificios que habían atravesado procesos similares. En Belisario Domínguez 12, 14 y 43, así como en Cuba 57, también se habían registrado desalojos. En otro inmueble cercano, denunciaron que los procesos habían comenzado desde 2017 y que compartían características con el caso de Cuba 11.
La coincidencia más reveladora apareció en Tizayuca, Hidalgo: vecinos de otro edificio descubrieron que en sus procesos habían participado la misma notaría y el mismo actuario relacionados con el caso de Cuba 11.
Una pregunta comenzó a asomarse: ¿cuántas veces se había utilizado el mismo mecanismo para sacar a las personas de sus casas?
Segunda lección: hay una red que opera alrededor de los despojos
Cuba 11 permitió observar que un desalojo puede requerir mucho más que una orden judicial.
Puede involucrar abogados, actuarios, notarios, particulares y grupos de personas encargadas de ejecutar físicamente el lanzamiento. En la ciudad existen incluso los llamados cargadores: grupos que participan en los desalojos, sacan muebles y pertenencias y, en algunos casos, permanecen en los inmuebles para impedir que las personas regresen.
Los testimonios de los habitantes de Cuba 11 permitieron dimensionar la violencia de aquella mañana: muebles arrojados a la calle, pertenencias que desaparecieron y objetos que nunca volvieron a encontrar.
Pero también demostraron que hay despojos que no necesariamente comienzan con una puerta derribada.
Pueden empezar mucho antes: con documentos, contratos, juicios, compraventas y trámites que, vistos de manera aislada, parecen legales, pero que juntos pueden terminar despojando a una familia de su vivienda.
Tercera lección: los documentos también pueden ser parte del despojo
La investigación sobre Cuba 11 encontró irregularidades que todavía son motivo de denuncia.
En diciembre de 2025, los vecinos descubrieron que dentro del expediente judicial existía una notificación que, según el actuario, había sido recibida por una mujer que había muerto cinco años antes, en marzo de 2020. Incluso se asentó un número de credencial de elector como parte de la supuesta identificación. El abogado de las familias señaló que estas anomalías podrían implicar responsabilidades administrativas y posibles delitos como fraude procesal.
Cuarta lección: los notarios también pueden ser una pieza clave
Una de las investigaciones más importantes alrededor de Cuba 11 llevó hasta Hidalgo.
Los vecinos y su defensa señalaron la participación de dos notarios. Uno de ellos, Octavio Eduardo Soto Hernández, había avalado las escrituras de Cuba 11 y fue detenido en julio de 2025 por autoridades de Hidalgo, acusado de simular un acto jurídico para beneficiar a un tercero en la inscripción de un predio urbano en Tolcayuca.
El otro fue Edén Khadaffy Cornejo Gómez, notario número 16 de Hidalgo, quien autorizó la compraventa de Cuba 11. Su notaría había sido cateada por la Procuraduría de Hidalgo en 2023, cuando fueron asegurados documentos, registros, dispositivos electrónicos y sistemas de videovigilancia.
El caso llevó a una pregunta incómoda: ¿cómo puede utilizarse la maquinaria jurídica para dar apariencia de legalidad a operaciones que terminan expulsando a quienes han vivido durante décadas en un inmueble?
El abogado de las familias lo resumió entonces como la posible existencia de una red de notarios que podría facilitar dinámicas de fraude procesal.
No se trata de afirmar que todos los notarios formen parte de una red de despojo. Se trata de entender que un documento puede ser una de las primeras piezas de una maquinaria mucho más grande.
Quinta lección: el despojo también tiene una dimensión inmobiliaria
Cuba 11 ocurrió en una calle que durante los últimos años ha cambiado aceleradamente.
Hoy hay más de diez bares y antros sobre República de Cuba. En la misma zona, una inmobiliaria llegó a ofrecer departamentos de 110 metros cuadrados por entre 22 mil y 27 mil pesos mensuales, mientras vecinos denunciaban también el uso de viviendas como Airbnb.
La transformación de la calle no explica por sí misma el desalojo de Cuba 11. Pero sí ayuda a entender el contexto en el que ocurre: un Centro Histórico sometido a una creciente presión inmobiliaria, donde la vivienda adquiere cada vez más valor como mercancía.
Por eso el despojo no puede mirarse únicamente como un conflicto entre particulares.
También hay que preguntarse qué ciudad se está construyendo cuando las personas que llevan décadas habitándola son expulsadas de los lugares donde hicieron su vida.
Sexta lección: organizarse puede cambiar el rumbo
Quizá la enseñanza más importante de Cuba 11 no esté en los expedientes judiciales ni en las escrituras.
Está en la organización vecinal.
Las familias pudieron haber aceptado el desalojo como un hecho consumado. En cambio, permanecieron frente al inmueble durante casi un año. Se organizaron, buscaron asesoría jurídica, hicieron públicas las irregularidades y consiguieron que su caso dejara de ser un expediente más para convertirse en una discusión pública sobre el derecho a la vivienda y a permanecer en la ciudad.
Esa resistencia tuvo consecuencias.
El 29 de junio de 2026, el Comité del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México dictaminó procedente iniciar los trámites para la expropiación del inmueble, a solicitud del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. El acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial el 10 de julio. El objetivo es desarrollar un proyecto de vivienda pública para las familias afectadas.
Durante este tiempo, 10 de las 17 familias que habitaban Cuba 11 recibieron apoyo para alojarse en un hotel, además de cuatro mil pesos para rentar bodegas donde pudieran guardar las pertenencias que lograron recuperar.
La expropiación todavía debe concluir su proceso. Pero la puerta está abierta.
Y esa puerta no se abrió sola.
Un año después
Cuba 11 deja una pregunta que va más allá de este edificio: ¿qué habría ocurrido si las familias no se hubieran organizado?
Probablemente se hablaría de otro inmueble vacío, de otra comunidad expulsada y de otro expediente perdido entre los conflictos inmobiliarios de la ciudad. Pero las familias decidieron resistir.
Por eso Cuba 11 puede convertirse en un faro: no porque su historia haya terminado, sino porque demuestra que un despojo que parecía irreversible puede ser enfrentado cuando quienes lo padecen dejan de luchar de manera aislada y convierten su vivienda en una causa colectiva.
En los próximos días, las familias esperan una respuesta favorable que permita avanzar hacia la expropiación y, finalmente, abrir la puerta de sus casas.
Después de un año de vivir en la calle, el regreso a casa ya no parece una utopía.
Cuba 11 nos enseñó que defender una vivienda no significa solamente defender cuatro paredes. Significa defender el derecho a permanecer, a echar raíces y a decidir quién tiene derecho a habitar la ciudad.
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