A menos de una semana de las elecciones intermedias de 2026, el presidente Donald Trump anunció la oferta de una recompensa de un millón de dólares para cualquier persona que aporte información sobre fraude electoral cometido en comicios pasados o en el proceso actual, condicionado a que el reporte conduzca al arresto y condena de los responsables.
Esto dijo Trump sobre la recompensa de un millón de dólares por información de fraude electoral
El mandatario dio a conocer la iniciativa a través de su plataforma Truth Social y la reitero ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One hacia un mitin de campaña en Misisipi:
«Cualquiera que reporte fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones intermedias de 2026, recibirá un pago de $1,000,000 tras el arresto y condena de quienes crearon el fraude. Gracias por su atención a este asunto», escribió Trump en su publicación.
Pese a los cuestionamientos, la Casa Blanca no ofreció detalles adicionales ni precisó el origen de los fondos para financiar estas recompensas.
Este anuncio se suma a un programa de denunciantes presentado la semana previa por la administración, el cual otorga una comisión del 1% del dinero recuperado por el gobierno en casos probados de fraude general, decisión que queda a discreción del propio mandatario. Paralelamente, el ejecutivo continúa impulsando la ley SAVE America Act, aprobada en la Cámara de Representantes pero frenada en el Senado, la cual busca exigir identificación con fotografía para votar y comprobante obligatorio de ciudadanía para el registro electoral.
Cifras oficiales e investigaciones sobre el voto indocumentado
La recompensa de 1 millón se produce mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma estar investigando mil 600 casos de presunto fraude electoral e insiste en que existirían hasta 300 mil votantes registrados de forma irregular que podrían ser objeto de indagatoria.
Sin embargo, análisis y datos estadísticos reflejan la escasez de casos probados de sufragio ilegal en Estados Unidos, una investigación de la Unidad Nacional de Investigación de Hearst Television identificó 513 casos probados de fraude electoral que derivaron en condenas o acciones judiciales desde 2016, de un total aproximado de 685 millones de boletas depositadas en todo el país durante ese periodo.
Desde el inicio del mandato de Trump en 2025, el Departamento de Justicia ha acusado a más de 150 personas de votar ilegalmente o de declarar falsamente ser ciudadanos al registrarse. Las penas para no ciudadanos que voten ilegalmente alcanzan hasta un año de prisión, mientras que mentir sobre la ciudadanía en una solicitud conlleva penas de hasta diez años.
David Becker, exabogado del Departamento de Justicia y director del Center for Election Innovation and Research, subrayó que los propios análisis demuestran que los estados realizan un trabajo riguroso para mantener a los no ciudadanos fuera de los padrones electorales, describiendo los intentos de presentar el fraude como generalizado como un esfuerzo por «fabricar evidencia».
Coordinación de fiscales estatales y precedentes de recompensas
Frente a la narrativa de la administración sobre la integridad electoral, secretarios y fiscales generales del Partido Demócrata ampliaron sus esquemas de coordinación interinstitucional para contener posibles interferencias federales en los comicios. El fiscal general de California, Rob Bonta, acusó a la Casa Blanca de “politizar e instrumentalizar la ley” al promover restricciones al voto.
El uso de incentivos económicos por denuncias electorales cuenta con antecedentes a nivel estatal. En 2020, el vicegobernador republicano de Texas, Dan Patrick, ofreció 25 mil dólares por pistas de fraude electoral. El primer pago derivado de esa oferta fue entregado a Eric Frank, un funcionario electoral demócrata de Pensilvania cuya denuncia llevó a la condena de un votante republicano de 72 años que sufragó de manera duplicada en su nombre y en el de su hijo.
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