La Consejera Ciudadana del Instituto pide que la reforma electoral tenga objetivos claros; el árbitro electoral requiere una reestructuración a fondo si le van a dar más tareas, dice a Crónica
Pamela San Martín, consejera ciudadana del INE, indica en entrevista con Crónica que antes de que se plantee una nueva reforma electoral, debería haber claridad respecto a lo que se está buscando, y hasta ahora la iniciativa más amplia, proveniente de la mayoría legislativa morenista, tiene por premisa simplemente la austeridad.
Para San Martín, “el espectro electoral no debe quedar fuera de la exigencia social de que el gasto público sea lo más austero posible”, pero sostiene que colocar en la mesa la transferencia de actividades de los institutos electorales de los estados al INE no implicaría ahorros, pues este último debería reestructurarse a fondo para cumplir esas funciones.
—¿Necesariamente, y no de otra forma, es una reingeniería de este órgano electoral?, se le pregunta.
“El Instituto Nacional Electoral, definitivamente, no puede realizar las funciones de los OPLES, que tienen tareas muy específicas y este instituto, así como está, carece de condiciones para asumir lo que hacen esos organismos locales, por principio, elecciones estatales y municipales.
El pasado 7 de marzo, el legislador Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó su iniciativa, por la que se modifican los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución en materia de austeridad republicana y austeridad electoral.
En ésta, el legislador pone el ojo en los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y alude al presupuesto 2018 por 14 mil millones de pesos para su sostenimiento y la organización de 24 elecciones. Ya no es un secreto que las OPLES son uno de los blancos para generar ahorros y que parte de sus atribuciones recaerían en el INE.
En su oficina, San Martín explica: “La desaparición de los OPLES puede ser una propuesta absolutamente válida, absolutamente viable, pero no con la estructura actual del Instituto Nacional Electoral. Es decir, llevar a cabo esa modificación que se está planteando tendría impactos en la estructura actual del INE y esto implicaría costos en el funcionamiento de este órgano”.
Así, adaptar al INE para cumplir esta idea tendría el efecto contrario a lo que busca la iniciativa morenista: habría gastos y no economías. “Por eso yo insisto en que vayamos un paso atrás, ¿qué buscamos modificar?, ¿dónde está el problema que queremos resolver?
—La iniciativa de Gutiérrez Luna alude también a atribuciones que le fueron asignadas al INE en la reforma electoral de 2014, que eran tareas de los OPLES —se le señala a la consejera.
—Estos entes se encargan del proceso de selección de las candidaturas. No es lo mismo a nivel local que a nivel federal; tenemos muchísimos más candidaturas a nivel local, existe un conjunto de municipios en los que no se registra una persona, sino planillas. Además, hay algunas partes no se rigen por partidos, lo hacen por un sistema de usos y costumbres —advierte la consejera— también dentro de las funciones de los OPLES está el cómputo del voto por voto o casilla por casilla a nivel local. Eso no lo hace el INE. Si se pretende que lo haga el instituto nacional, pues está bien, pero nada más que necesitamos modificaciones estructurales. Si me preguntan a mí, soy partidaria de que lo haga el INE, pero no este INE.
—¿Qué aspectos pueden tratarse como sustanciales de una reforma electoral?
—Las capacidades de las instituciones para la mejor fiscalización de los recursos en los estados. Creo que es un tema que vale la pena destacar; desde 2007 se espera una ley secundaria que tiene que ver con la prohibición de que haya promoción personalizada de la propaganda gubernamental, esto ha llevado a que haya excesos en uso de recursos de los partidos, porque el efecto que se busca es el acceso al poder. Cuando buscamos frenar eso, el Tribunal Federal Electoral dijo que no teníamos competencia para hacerlo, que era tarea del legislativo.
La discusión sobre las iniciativas permite evidenciar lo que hace falta, pero insisto: ¿qué buscamos?
Pamela San Martín advierte que los vacíos que se dejaron en 2014 fueron legales, no constitucionales. Y habla de una Ley General de Procedimientos Electorales, que debiera dar normas locales y federales, porque ahora lo que se tiene como marco es una Ley Federal, “es de lo que se tiene que mejorar”, precisa.
—Y están las demás actividades del día a día que el INE ya tiene, ¿no?
—Hay actividades permanentes que tiene el Instituto ¿cada seis años se te pierde la credencial de elector? ¿Los partidos reciben presupuesto cada seis años?. Hay actividades permanentes del instituto, como la fiscalización de los recursos a los partidos. Por supuesto, la credencialización de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. También la verificación de los promocionales de los partidos políticos y autoridades en radio y televisión permanente todos los días de todos los años.
San Martín agrega que la estandarización de la calidad de los procesos electorales requiere del trabajo diario en el caso del INE, por lo que insiste “precisamente lo que el IFE le heredó al INE fue la profesionalización de su personal, en cada de los 300 distritos del país, trabajadores que ingresaron a partir de un concurso y que están en constante capacitación”.
Y destaca los logros: “En los últimos 25 años hemos tenido avances en elecciones en contextos de violencia y en contextos de intereses de personas que quieren vincularse con cargos de elección popular”, puntualiza Pamela San Martín.
