El 26 de septiembre de 2014 se ha convertido en una fecha trágicamente importante para la historia del México moderno. Policías municipales de Iguala y Cocula atacaron y desaparecieron a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero. La versión oficial del gobierno federal pasado es que fueron incinerados en un basurero, lo que no es aceptado por los familiares de los jóvenes. Ahora, cuatro años después, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dispone a encontrar justicia y esclarecer este caso mediante una comisión de la verdad.
Aquel día, los normalistas tomaron un par de camiones para llegar a Iguala, Guerrero, donde abordarían otras unidades para, según testimonios, viajar a sus prácticas a la Costa chica de Guerrero y mandar una comitiva a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Pero al llegar a Iguala, José Luis Abarca, el alcalde de este municipio, solicitó a la policía municipal detenerlos. Para ello también pidió el apoyo de la policía de Cocula (municipio cercano) puesto que Abarca suponía que los estudiantes iban a boicotear el informe de su esposa, María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF Municipal.
Murieron seis personas en el hecho, entre ellas tres normalistas, 25 más resultaron heridos y 43 desaparecieron.
Crónica de la “verdad histórica”
Cuatro días después de los sucesos detuvieron a 22 efectivos policiacos por su presunta participación en el asesinato de seis personas en Iguala. El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, confirmó que los hechos de violencia en Iguala fueron a causa de un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 policías.
José Luis Abarca pidió licencia de su cargo por 30 días para no obstaculizar las investigaciones. La solicitud fue aprobada en el Cabildo por unanimidad.
Para el primero de octubre, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció la emisión de una orden de presentación en contra de Abarca. El funcionario estatal agregó en su cuenta de Twitter: “También se realiza una orden de presentación del quien fungía como secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores”.
La procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de seis fosas clandestinas el 4 de octubre en Pueblo Viejo y Loma de Coyote e Iguala, a media hora de donde ocurrió el ataque.
Al día siguiente, Blanco Cabrera confirmó que según la declaración de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos (escisión del cártel de los Beltrán Leyva) detenidos, policías de Iguala habrían entregado al grupo delictivo a 17 normalistas, quienes fueron asesinados cerca de donde localizaron las fosas. El alcalde de Iguala se encontraba prófugo junto a su esposa.
El expresidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez del tema el 6 de octubre, once días después de los hechos. Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la república, dijo que encabezará las investigaciones.
Miles de personas salieron a marchar en México y el mundo el 9 de octubre por la primera Jornada de Acción Nacional e Internacional por Ayotzinapa. “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más!”. Cuatro días después, normalistas Ayotzinapa incendiaron varias oficinas que del interior del Palacio de Gobierno de Guerrero y en las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo. Colectivos de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) convocaron a un paro de dos días para demandar la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
Al día siguiente, Murillo Karam confirmó que el hallazgo de 28 cuerpos en las fosas de Iguala no pertenecen a los normalistas. Horas más tarde, indicó que fuerzas federales detuvieron a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.
El 22 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que José Luis Abarca y su esposa estaban coludidos con este grupo delictivo. Aseguró que fue Abarca quien ordenó el ataque contra los estudiantes. Un día después, el gobernador Ángel Aguirre solicitó licencia de su cargo.
Siete días más tarde, los padres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron con Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos. Tras el encuentro, los padres aseguraron que no confiaban en las investigaciones del gobierno federal.
A inicios de noviembre, las autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa. Y para el 11 de noviembre, el Congreso de Guerrero designó como alcalde de Iguala a Silvano Mendiola Pérez, como reemplazo de de Luis Mazón, quien duró sólo unas horas, puesto que fue nombrado el 29 de octubre y ese mismo día solicitó licencia.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encargado de identificar los cuerpos encontrados en Guerrero, dijo que no hay relación genética entre los restos recuperados en Cocula, Iguala y La Parota con los 43 desaparecidos.
No obstante, el 7 de noviembre, el titular de la PGR, Murillo Karam, dijo al presentar su primer informe que los 43 estudiantes fueron incinerados, a pesar de que no encontraran evidencia de que así hubiera ocurrido con los 43 cuerpos en el basurero de Cocula, Guerrero. A fines de enero de 2015 defendería esta versión al llamarla “la verdad histórica” de los hechos. En febrero renunció.
En septiembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Una de las primeras acciones como presidente de México de Obrador, fue publicar un decreto para integrar la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa.
La Comisión Nacional de la Verdad
En septiembre de 2018, AMLO se comprometió con colectivos de víctimas de la violencia de todo el país a crear mesas de trabajo para diseñar la política de pacificación que aplicará en su administración.
Tres días después de su toma de protesta, colectivos civiles se reunieron en la Ciudad de México para revisar la primera propuesta, que describe la forma en que víctimas y defensores de derechos humanos consideran que debe ser la Comisión Nacional de la Verdad.
Cabe aclarar que el objetivo de crear esta comisión para que opere en todo el país es ofrecer una “narrativa creíble, sustentada y explicativa” de la violencia que han sufrido los mexicanos en los últimos setenta años para “aportar al conocimiento de las consecuencias transgeneracionales” que provoca esta misma violencia, según señala el documento discutido por las víctimas y defensores de derechos humanos.
La propuesta preliminar señala que busca “poner fin a la narrativa de negación y simulación del Estado en torno a las graves violaciones a derechos humanos” cometidas a partir del año 1965, para “dar voz a las víctimas que han sido silenciadas por la violencia y la impunidad”.
Su aplicación en el caso Ayotzinapa
Ahora, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores integrarán la comisión especial de atención al caso Ayotzinapa para reconducir las investigaciones hechas en el sexenio anterior.
López Obrador firmó un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el cual instruye establecer las condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas que fortalezcan los derechos humanos de los familiares de las víctimas por este caso. El objetivo es que tengan acceso a la verdad y a la justicia.
Frente a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador presentó el documento donde se compromete a buscar justicia y a que ningún otro padre tenga que pasar por la misma situación.
Con información de: El País, Excélsior, RT y Animal Político
