En 2017 se estima que 33.7 por ciento de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito, es decir, 1.5 millones de un total de 4.6 millones de establecimientos, cifra menor al 35.5 por ciento de dos años antes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El presidente del INEGI, Julio Santaella Castell, afirmó que los delitos de mayor incidencia el año pasado fueron el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos de bienes; mientras que el robo hormiga superó a la extorsión como el segundo delito con mayor incidencia.
Al dar a conocer los resultados de la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), apuntó que el costo total de la inseguridad y el delito en unidades económicas es de 155.8 millones de pesos en 2017 o 0.86 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que en 2015 fue de 153.3 millones de pesos.
Señaló que el costo promedio del delito por unidad económica en 2017 fue de 66 mil 031 pesos, cifra mayor a la 2015, cuando fue de 57 mil 779 pesos por establecimiento.
El director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Adrián Franco Barrios, detalló que en 2017 se estiman 3.8 millones de delitos ocurridos a 1.5 millones de unidades económicas víctima, es decir, 2.5 delitos por establecimiento al año.
Indicó que el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, el robo hormiga y la extorsión concentran más de 50 por ciento de los delitos que ocurrieron para las unidades económicas de estos 3.8 millones.
Franco Barrios resaltó que todos los tipos de delitos bajaron, sobre todo la extorsión y fraude, y solo subieron la corrupción y el robo de mercancía en tránsito.
En el caso de la extorsión, detalló que el año pasado se cometieron 525 mil delitos de este tipo en 2017, de los cuales en 86.9 por ciento de los casos fue telefónica y fue pagada en 8.3 por ciento de las ocasiones.
Por entidades, donde se concentra más la victimización en las unidades económicas son Campeche, Aguascalientes y Sonora; mientras que en donde se concentra menos es en Tamaulipas, Yucatán y Coahuila.
En comparación con 2015, los estados en donde más aumento la victimización para las unidades económicas fueron Durango, Zacatecas y Nayarit, en tanto, disminuyó en Tamaulipas, Sinaloa y Coahuila.
Refirió que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas para 2017 se estima un monto de 155.8 mil millones de pesos, de los cuales 55.9 por ciento son por pérdidas económicas a consecuencia de los delitos y 44.1 por ciento el gasto en medidas preventivas.
Respecto al gasto en medidas preventivas, que ascendió a 68.7 mil millones de pesos, se distribuye en cambio o colocación de cerraduras y/o candados, contratación de seguros, cambio de puertas o ventanas, contratar o mantener vigilancia o seguridad privada o instalar sistemas de seguridad, entre otros.
El funcionario del INEGI apuntó que por sectores, 38.4 por ciento de las unidades económicas del sector comercio fueron víctimas del delito, 30.6 por ciento del sector industria y 29.3 por ciento del sector servicios.
Por tamaño, casi 60 por ciento de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 61.5 por ciento de las medianas, 51.4 por ciento de las pequeñas y 32.9 por ciento de las micro durante 2017.
En cuanto a la cifra negra, el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI apuntó que de los 3.8 millones de delitos cometidos a nivel nacional en 20’17, en 86.6 por ciento no hubo denuncia ni se inició averiguación previa o carpeta de investigación, cifra menor al 90.3 por ciento en 2015.
Respecto a la percepción de inseguridad, 63 por ciento de las unidades económicas considera a la inseguridad y delincuencia como el problema número uno que enfrenta, seguido el bajo poder adquisitivo de la población con 35 por ciento y falta de apoyos en el gobierno con 33 por ciento.
Mencionó que la percepción de las unidades económicas respecto a la situación actual sobre la inseguridad pública en su entidad federativa aumentó 12.5 por ciento, de 70.2 a 78.9 por ciento, es decir, ocho de cada 10.
En cuanto a la percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 75.9 por ciento de las unidades económicas considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva con 69 por ciento.
En contraste, las unidades económicas consideran que la Marina y el Ejército son las entidades del Estado mexicano que menos se involucran en actos de corrupción, con 20.2 y 26.2 por ciento, respectivamente.
Franco Barrios apuntó que la economía informal tiene impacto en dos de cada 10 unidades económicas a nivel nacional, con mayor impacto negativo en las entidades de Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México.
