El fenómeno social de los llamados “menores circuito” –jóvenes, algunos de ellos migrantes, cuya relación con la frontera norte se había vuelto recurrente y que, en algunos casos, eran utilizados para guiar personas o transportar mercancías ilícitas hacia Estados Unidos– será retomado para conocer cómo cambiaron las dinámicas y el destino de esos muchachos.
El investigador Elías Assad Danini, quien hace dos décadas llevó a cabo una profunda indagatoria sobre los menores circuitos en la frontera Tijuana–San Diego, aseguró que retomó el caso para conocer qué ocurrió con ellos y si siguen siendo utilizados para el tráfico de personas o mercancías.
El veracruzano, especialista en comunicación pública, gobernanza y análisis de fenómenos sociales, dijo que se busca saber si las autoridades desarrollaron mecanismos para identificar la reincidencia y, sobre todo, qué sucede hoy después de una repatriación con los menores, muchos de ellos migrantes de diversas regiones del país.
“¿Existe mayor coordinación entre las instituciones mexicanas y estadounidenses? ¿Las políticas de protección lograron cerrar los espacios que entonces podían ser aprovechados por las redes criminales? ¿O simplemente cambiaron las formas de explotación?”, se preguntó Assad Danini.
La investigación inicial descubrió que cuando un menor mexicano no acompañado era detenido intentando ingresar irregularmente a Estados Unidos, su condición de niño o adolescente activaba mecanismos especiales de protección.
A diferencia de un adulto, el objetivo del procedimiento no era mantenerlo bajo detención prolongada, sino determinar su nacionalidad y condición, dar intervención a las autoridades consulares y procurar su repatriación a México en el menor tiempo posible.
Una vez de regreso, el menor era recibido por las autoridades mexicanas y canalizado a las instituciones encargadas de su protección y, en Tijuana, dependiendo de su edad y circunstancias, podía pasar por el DIF o por un albergue como Casa YMCA antes de reunirse con su familia.
La investigación mostró, sin embargo, que algunos adolescentes podían abandonar estos espacios y regresar nuevamente a la frontera para intentar otro cruce. Y ahí comenzaba nuevamente el circuito.
Assad Danini, quien actualmente cursa una nueva licenciatura en sociología en la UNAM, recordó que se encontró que un adulto utilizado como guía o traficante de personas podría enfrentar consecuencias penales importantes si era identificado y detenido.
En contraparte, con los menores operaba una lógica diferente: la reiteración de cruces no se traducía automáticamente en una detención prolongada o en el mismo tratamiento penal aplicable a un adulto.
“Podían ser detenidos, repatriados y volver a intentarlo. En la investigación encontré referencias a menores que acumulaban decenas de repatriaciones; algunos registros llegaban hasta 65. Eso convertía al menor, desde la lógica de quienes organizaban el tráfico, en una ventaja operativa”, expuso.
Destacó que el menor podía ser útil para la organización durante algunos años, pero las consecuencias para él podían acompañarlo mucho más tiempo: la reiteración normalizaba desde edades tempranas una forma de vida vinculada con la clandestinidad, el tráfico y las organizaciones criminales, alejándolo de la escuela y de otras posibilidades de desarrollo.
“En las conclusiones de aquella investigación advertí que estos jóvenes podían acostumbrarse a vivir dentro de esas dinámicas durante toda su adolescencia", recordó.
Por ello consideró necesario retomar el caso, pues se sabe que la migración de niñas, niños y adolescentes en la frontera norte continúa siendo un problema de enorme complejidad y que el contexto ha cambiado: las dinámicas migratorias, la participación del crimen organizado, las políticas de ambos países y el marco institucional de protección a la infancia no son los mismos que en 2006.
“La investigación que comienzo ahora buscará responder esas preguntas mediante la revisión de información oficial, investigaciones académicas recientes y conversaciones con investigadores, organizaciones e instituciones que actualmente conocen y atienden el fenómeno en la frontera. Y hay una pregunta adicional que me parece particularmente importante: si el fenómeno cambió, ¿cambiaron también las políticas públicas al mismo ritmo?”, subrayó.
El por qué investigar 20 años después –dijo– no debería servir únicamente para determinar si una problemática persiste, sino para permitir identificar qué aprendieron las instituciones durante ese periodo, qué prácticas dejaron de funcionar y qué ajustes necesitan hoy las políticas de protección de los menores.
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