La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el pasado lunes la nueva Ley de Ciencia —controversial, además, por haber sido aprobada en fast track en 2023— y ahora investigadores de universidades privadas enfrentan incertidumbre porque la ley priorizará estímulos, como el del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), a quienes trabajen en universidades públicas, pues se espera que las instituciones privadas absorban ese apoyo.
Esta noticia ha sido recibida con enojo y decepción por investigadores, quienes señalan que se trata de una ley discriminatoria y que incluso los clasifica como “ciudadanos de segunda”, cuando no hay diferencia entre el conocimiento generado en recintos públicos y privados.
Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav y especialista en políticas de educación, recuerda que el SNII surgió en los s 80 para impulsar la investigación y evitar que los académicos se fueran del país. Pero con esta validación considera que buscar una carrera fuera en el extranjero será una opción para quienes tengan recursos y que recién inicien su trayectoria, pues “en el sector público tampoco hay oportunidades y es muy precario”.
Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y especialista en política científica, dice que cuando se creó el SNII “nunca hubo exclusión” y que fue en 2000 cuando se explicitó la categoría de investigadores de instituciones privadas. “Se decidió impulsar a las personas, es creo el único programa que no se basa en carencias, sino que es estimulatorio”, dice y considera que las autoridades no ven que el problema de fondo es la precariedad en el campo académico. “Esta ley va a desalentar hacer ciencia de excelencia”.
Riesgo a perder
Para Miguel Ángel Méndez, profesor investigador de Química y Nanotecnología de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), la validación de la SCJN lo sorprendió. El sexenio pasado fue de los científicos que tuvieron que ampararse para seguir recibiendo el estímulo del SNII sin importar dónde trabajara.
“No sé si me afectará”, dice y detalla que tendrá que revisar el asunto con su abogado. Y sobre qué hará si se le retira el estímulo, Méndez, quien tiene 25 años como miembro del SNII, explica que “haría uso de los mecanismos de la nueva ley” para colaborar en alguna institución pública.
Salvador Venegas, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey en el área de Computación, también se enfrenta de nuevo a la incertidumbre. “Ya ni sé cuántos amparos fueron”, dice sobre los esfuerzos que realizó el sexenio pasado para poder seguir siendo miembro del SNII.
“En la práctica ya no lo tengo (el SNII), ahora soy ciudadano de segunda porque existen unas leyes para unos y otras para otros ¿Qué delito cometimos? Si darle hogar y comida a nuestras familias es un delito, me declaro culpable”, expresa el doctor que se formó en el Tec con una beca y realizó posgrados, también becado, en las universidades de Oxford y Harvard.
“Para mí habría sido muy sencillo irme del país, pero regresé a México”, dice el investigador, quien se siente traicionado por parte del Estado y ahora contempla otras fuentes de ingreso.
Pequeñas universidades
La medida de que universidades como la Iberoamericana, el ITAM o el Tec de Monterrey absorban los pagos de los estímulos a sus investigadores fue aplaudida por usuarios de redes sociales. Pero la realidad es que el universo de escuelas privadas es mucho más grande y diverso (que esos ejemplos con instituciones grandes), donde los recursos también son limitados.
Un médico cirujano e investigador SNII en una universidad de San Luis Potosí siente que con esta ley le “están poniendo el pie en el cuello”. Él, quien pidió declarar en confidencialidad por temor a represalias, explica que si trabaja en una institución de carácter privado es porque las plazas en las públicas son escasas y precarias.
“Están dando contratos de 80 pesos la hora sin prestaciones ni antigüedad. Las privadas empezaron a absorber a estos investigadores a quienes se les puede dar al menos un sueldo de 20 mil pesos mensuales”.
El médico explica que el motivo de que exista la educación privada es porque el gobierno ha sido “incapaz de cubrir las necesidades educativas” y señala que si bien hay consorcios con mayores recursos, hay muchísimas más universidades que cobran colegiaturas de 6 mil o 12 mil pesos, sostienen carreras que no son rentables y, por lo tanto, tampoco “tenemos los grandes recursos”. El entrevistado explica que cuenta con una solución temporal, pues también trabaja como profesor invitado en una universidad pública, pero que no hay garantía de su estadía, pues depende de cambios administrativos o que se termine el programa en el que participa.
En Nuevo León, otro profesor de tiempo completo e investigador en el área de Negocios —que también declaró en confidencialidad— rechaza la idea de que por trabajar en un recinto privado cuenta con recursos suficientes para hacer investigación. “No es realista, en México hay decenas de universidades privadas pequeñas con salarios muy bajos”.
Este profesor aún no cuenta con el SNII, iba a aplicar el próximo año porque ya cumple con la trayectoria suficiente, sin embargo esto le cambia el plan y ahora tendrá que buscar una pública con la cual colaborar, idea que no lo motiva pues implicaría menos tiempo dedicado a la investigación, mayor carga de trabajo que podría ser no remunerado, pues ya ha tenido experiencias en las que para conseguir una carta debe dar horas de clase gratis porque las públicas no tienen para pagar a los profesores. “El SNII es una beca para hacer investigación, no es un sueldo”, dice.
El impacto
Maldonado señala que en realidad es bajo el número de investigadores del SNII que están en instituciones privadas, por lo que si se trata de un tema de distribución del recurso, poca será la diferencia. Actualmente, el padrón del SNII está conformado por 48 mil investigadores, de los cuáles más de 3 mil serán los afectados por la Ley de Ciencia de 2023.
Para dimensionar, la UNAM tiene 13 mil 552 investigadores SNII, mientras que el Tecnológico de Monterrey cuenta con mil 342, la Iberoamericana con 259, el ITAM con 150, La Salle con 110, la Benemérita de las Américas de Puebla con 2 mil 552 y la UDLAP con 98.
Lo que sí se come una gran parte de los recursos del SNII son los investigadores eméritos, que actualmente son 994 y reciben el estímulo equivalente a 14 UMAS al mes de forma vitalicia.
Además, una investigación de Valderrama revela que el número de investigadores eméritos se disparó el sexenio pasado, pues entre 2006 y 2018 se nombraron en promedio a 20 investigadores, pero bajo la administración de María Elena Álvarez-Buylla los nombramientos oscilaron entre 50 y hasta 118 por año.
“Es una carga permanente para el Sistema, lo convirtieron en un sistema de retiro, cuando debía ser un incentivo a la investigación para cuando se está activo, si ya no se está activo, no tiene sentido”, afirma Valderrama.
Para Salvador Venegas, la nueva Ley de Ciencia creó una “distinción artificial” que viene de “una interpretación ideológica y delirante del grupo de poder”. Aunque algunos celebran retirar el apoyo a investigadores de universidades privadas, Venegas señala que es en realidad un ataque a la población crítica y que tampoco plantea mejoras a las instituciones públicas.
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