Guadalupe Ocaña, estudiante de la UNAM, fue detenida y agredida por policías en el Centro Histórico. Después de salir de El Torito, su familia pasó varias horas sin saber dónde estaba. Aunque ya se reunió con sus familiares, su caso expone el miedo a desaparecer a manos de agentes de seguridad y las irregularidades que pueden ocurrir durante una detención
Texto: Camilo Ocampo
Imágenes: Redes sociales
CIUDAD DE MÉXICO. — Guadalupe Ocaña salió del Centro de Sanciones y Reinserción Social (Torito) a las 10 de la mañana. Durante casi diez horas, su familia no supo dónde estaba.
La estudiante de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán había sido detenida por policías en la alcaldía Cuauhtémoc mientras protestaba en el Centro Histórico y, después de abandonar el lugar donde permanecía retenida, no pudo ser localizada. Comenzaron a difundirse fichas de búsqueda y llamados para dar con su paradero.
Horas después, Guadalupe se reunió con su familia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había dado información sobre lo ocurrido. Su localización puso fin a la incertidumbre sobre su ubicación, pero no aclaró las circunstancias de su detención, las agresiones denunciadas ni las razones por las que permaneció incomunicada durante varias horas.
Según la información difundida sobre el caso, los policías señalaron que la joven fue presentada en el centro de sanciones de San Diego Ocoyoacac a las dos de la mañana, cuatro horas después de su detención, y salió a las 10 a. m., por su propio pie.
No fue sino hasta cerca de las siete de la noche cuando se tuvo noticia de su ubicación. Durante ese lapso, sus familiares no tuvieron información que les permitiera saber dónde se encontraba ni en qué condiciones.
Una detención con irregularidades
El arresto ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, en el primer cuadrante de la ciudad, pero Guadalupe fue trasladada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Por la forma, los motivos y el lugar donde se realizó la detención, conforme a protocolo, correspondía presentarla ante la territorial CUH-04; sin embargo, fue llevada a otra demarcación y otra institución, a más de 6 kilómetros de distancia.
La ley dice que cuando una persona es detenida por una presunta infracción administrativa en la capital, debe ser puesta a disposición de la autoridad cívica competente según la zona donde ocurrieron los hechos.
El traslado a otra alcaldía que sufrió Guadalupe es un claro ejemplo de violaciones de competencia territorial y al debido proceso.
También se han señalado omisiones en la identificación de los agentes y en la explicación de los motivos del arresto.
Al detener a una persona, los policías deben identificarse, informarle qué conducta se le atribuye y comunicarle sus derechos. La autoridad debe, además, registrar la detención y garantizar que pueda conocerse el lugar donde permanece bajo custodia.
La madre de Guadalupe no supo hasta después de las 6 a. m. a dónde había sido trasladada su hija.
A estas irregularidades se suman los testimonios de personas que presenciaron el arresto.
Según los relatos difundidos, la estudiante fue perseguida y sometida por policías, quienes le habrían jalado el cabello, sujetado el cuello y agredido de tal manera que tuvo dificultades para respirar. También se señaló que alrededor de 16 agentes participaron en su puesta a disposición.
En este caso, las denuncias deben investigarse y contrastarse con los registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las bitácoras de las unidades policiales y los documentos de ingreso y salida del centro de sanciones.
El miedo de desaparecer a manos de agentes de seguridad
El caso de Guadalupe muestra el temor que existe y surge cuando una persona queda bajo custodia policial y, después, sus familiares no consiguen localizarla.
La falta de información sobre una detención, las dudas sobre el traslado y la incertidumbre acerca del paradero convierten a quienes deberían garantizar la seguridad en una fuente de preocupación para las personas detenidas y su círculo cercano.
La investigación «Permiso para matar», publicada por Lado B, documentó casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros crímenes atribuidos a fuerzas de seguridad federales y estatales.
Entre 2006 y agosto de 2023, el reporte contabilizó, según registros oficiales, 426 víctimas desaparecidas a manos de policías o militares.
El trabajo forma parte de una investigación más amplia que identificó 1524 casos de personas asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas por presuntas actuaciones ilegales de fuerzas de seguridad durante el periodo estudiado.
Las cifras no significan que lo ocurrido a Guadalupe constituya, por sí mismo, una desaparición forzada.
Sin embargo, dimensionan la gravedad de los casos en los que intervienen agentes de seguridad y permiten entender por qué una detención acompañada de agresiones y de horas sin información sobre el paradero requiere una respuesta inmediata de las autoridades.
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