Un gobierno democrático tiene derecho a responder a sus críticos. Puede desmentir, controvertir y defender sus decisiones; lo que no le es permisible es utilizar el aparato del Estado para clasificar, calificar, perseguir adversarios y convertir la crítica en una conducta sospechosa.
Eso ocurrió el 12 de agosto en la sede del Ejecutivo Federal. La consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, presentó lo que denominó un “ecosistema de amplificación digital”, en el que aparecieron nombres y cuentas de periodistas, medios, comentaristas y políticos opositores.
El gobierno niega que se trate de una lista; Claudia Sheinbaum sostuvo que eran ejemplos de cómo operan las redes.
El problema no es semántico; los nombres fueron exhibidos desde una tribuna oficial y con la pretensión de asociarlos a una maquinaria que, según el gobierno, se montó para combatir a la 4T.
Importa quién hizo la presentación. Alcalde Luján pasó de presidir Morena a encabezar la Consejería Jurídica.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal concibe a esa oficina como órgano de apoyo técnico-jurídico de la Presidencia, es decir, en quien asesora a esa instancia para que se conduzca dentro del marco legal; convertirla en vocería regular contra medios y opositores termina por confundir dos planos que en una democracia deben mantenerse delimitados: partido y gobierno.
No hace falta recurrir a analogías históricas extremas para advertir el riesgo.
En un país donde ya de por sí ejercer el periodismo es peligroso, el Estado tiene la responsabilidad adicional de ofrecer condiciones para que el derecho a la información y la libertad de expresión no sean letra muerta.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido a México que declaraciones oficiales contra periodistas exacerban la hostilidad hacia ellos.
Esta nueva embestida no es un episodio aislado; en 2025, una iniciativa presidencial en telecomunicaciones incluyó una disposición que permitía bloquear temporalmente plataformas digitales.
Tras las muchas voces que se expresaron advirtiendo censura, la presidenta pidió revisarla. Ahora, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene en consulta hasta el 21 de agosto lineamientos sobre derechos de las audiencias que incluyen el deber de distinguir información noticiosa de opinión.
El gobierno afirma que las sanciones serán administrativas y no por contenidos. Aun así, hay una diferencia institucional relevante: la CRT ya no tiene la autonomía constitucional del desaparecido IFT; es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Las iniciativas merecen la mayor atención en sí mismas y más si las vemos en el marco de la elección popular de juzgadores derivada de la reforma judicial y la desaparición y cooptación de órganos constitucionales autónomos.
No porque toda regulación sea censura, sino porque la dirección importa, se han reducido espacios institucionales capaces de actuar con distancia del Ejecutivo, mientras el propio Ejecutivo aumenta el costo público de disentir.
Conviene añadir un dato más para ubicar estas intentonas: en marzo la iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada —no por las mejores razones; la propuesta atentaba contra la supervivencia de los aliados de la 4T—.
Su pretensión era muy clara: seguir acentuando la inequidad en la contienda electoral, aquella que tanto reclamó el obradorato cuando fue oposición.
La democracia no exige que el gobierno guarde silencio ante la crítica, exige que responda sin intimidar, que no confunda al adversario con el enemigo, que soporte el escrutinio sin utilizar el aparato público para señalar a quien lo ejerce.
A cualquier Presidencia en democracia le debe ocupar quien gana una elección; de eso depende cómo y con quién gobierna, pero la institución presidencial debe gobernar para todos.
Esa diferencia se desdibuja cuando desde Palacio Nacional se decide quién informa, quién opina, quién “golpea”, quién amplifica y quién merece ser exhibido.
Cuando el poder hace esas clasificaciones, está pavimentando el camino para imponerse sobre la diversidad; cuando impone el silencio como condición de convivencia, es sólo el anuncio del imperio de la arbitrariedad.
POSDATA
Escribo esto desde Baja California, a donde acudí a la instalación de los comités por la libertad de Ernesto Ruffo.
Pasamos de Tijuana a Ensenada y rematamos en Mexicali. Con este recorrido ratifico que la 4T se equivocó al detener a Ernesto.
Así como hace 40 años encabezó un movimiento que convenció de que el cambio era posible, hoy su injusta aprehensión nos convoca a no cejar en el ejercicio de la libertad y el reclamo de justicia.
¡Ernesto Ruffo, preso político, libertad!
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