Con las elecciones de 2027 en puerta, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, experimenta una serie de señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y otros delitos del orden administrativo.
Su cercanía documentada con un proveedor del INE —José Alfredo Hernández— data supuestamente desde que ella presidía el órgano electoral en Sonora, y de ese hecho han derivado otros que permiten ver una operación concertada que podría estar favoreciendo al mencionado empresario con contratos millonarios.
Preguntas como «¿por qué acudió a festejos privados con ese proveedor?» y los cuestionamientos sobre supuestas personas de su red contratadas en el INE —con elevadísimos sueldos— han quedado sin respuesta de parte de Taddei, y las respuestas que ha dado han resultado insuficientes, y, en cambio, ha querido trasladar a la reputación del instituto que preside el peso de actos de los que solo ella puede y debe dar cuenta.
Lo que sí, es que la credibilidad quebrada de la Consejera Presidenta pasa desde ya factura a la certeza que debiera representar el buen funcionamiento del INE para llevar a cabo su trabajo de manera ética y transparente.
“No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques”, dijo Taddei, y rebajó a disputas personales las revelaciones que la imputan.
Florituras para no visibilizar la gravedad de lo expuesto.
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