La distribución de participaciones federales a estados y municipios es un tema que desde hace años se ha trabajado, que llegó incluso hasta la Convención Nacional Hacendaria durante el gobierno de Vicente Fox, encabezada por la Secretaría de Hacienda con buenos resultados y una participación intensa de estados y municipios.
Desde entonces se observaba un rezago histórico del gasto público: concentración del ingreso y la riqueza, déficit de empleo formal, crecimiento del sector informal, desigual desarrollo regional, pobreza, rompimiento de cadenas productivas y ausencia de políticas de fomento industrial, entre otros.
Previo, ya había algunas fortalezas como la desaparición de numerosos impuestos especiales entre 1980 y 1990, que compensaba parcialmente la regresividad de impuestos indirectos como el IVA, así como tasas competitivas en el ISR, el régimen de pequeños contribuyentes, el subsidio fiscal a menores ingresos y la despetrolización del comercio exterior.
En su libro “El fin del trabajo”, Jeremy Rifkin señala que la implementación del IVA para financiar la renta básica presenta desventajas, siendo la principal su carácter regresivo. En su obra analiza las desventajas que tendría la aplicación del IVA para conseguir los fondos necesarios a fin de proporcionar ingresos a los millones de trabajadores desempleados en países como Estados Unidos.
Un impuesto sobre los productos vendidos afecta de manera desproporcionada a los grupos de menor poder adquisitivo y de menores ingresos, en especial si se aplica sobre productos básicos como alimentos, ropa, vivienda y cuidados médicos, particularmente, como hemos observado, es el talón de Aquiles de las clases menos protegidas.
El IVA también aplica mayores cargas impositivas sobre los pequeños negocios, que son menos capaces de absorber y amortizar los costos, lo que deriva en evasión fiscal o en reducción de los ingresos de esta naturaleza.
Muchos países han reducido sustancialmente, e incluso eliminado, la naturaleza regresiva del impuesto sobre el valor agregado no aplicándolo sobre productos básicos y pequeños negocios (Rifkin, 1996).
Hoy hay una reducción en las participaciones de estados y municipios. Cada estado tiene su propio sistema de distribución, y desde hace 8 o 10 años era imperativo revisar esas fórmulas, pues algunos resultan más afectados que otros; nada se ha hecho al respecto.
Las debilidades de siempre persisten: recaudación insuficiente, peso excesivo de impuestos indirectos, mala distribución de la carga fiscal, petrolización de los ingresos, baja aportación del comercio exterior.
El tema más espinoso ha sido el papel del Estado en la economía. Hay consenso en la necesidad de una nueva reforma fiscal que precise las funciones del Estado y del mercado, retomando las bases constitucionales de una política económica apoyada en la planeación democrática del desarrollo, bajo vigilancia del Congreso.
Durante años se ha observado que es necesario revisar la evolución del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Hace 10 o 15 años se lograron mejoras, se crearon impuestos y se conformó un fondo petrolero, pero los recursos siguen siendo insuficientes.
No es lo mismo Nuevo León que Oaxaca: recuerdo la Convención Nacional Hacendaria, donde se sentaron bases sustantivas que no se pudieron aterrizar del todo, porque el Congreso solo tuvo un papel de invitado.
Creo que puede replantearse hoy, para que entidades, ayuntamientos y gobierno federal acuerden los cambios necesarios, con el apoyo del Congreso.
El tema fiscal definirá el ritmo de la política económica de los próximos años, tanto por la reforma de gasto e ingreso como por el fortalecimiento de la coordinación fiscal.
Las finanzas públicas son el principal instrumento para que los gobiernos influyan en la economía, combatan la pobreza y la desigualdad, y mejoren la gestión gubernamental. Los impuestos son la principal fuente de ingresos, por encima de los no tributarios, y sirven para crear reservas de contingencia.
En un país federal como México, los tres órdenes de gobierno recaudan impuestos en una división de competencias que ha evolucionado con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Por eficiencia recaudatoria y compensación vía participaciones, el gobierno federal recauda los impuestos más importantes.
Contenido sindicado vía RSS de El Financiero. Nota original: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/david-colmenares-paramo/2026/08/17/necesaria-convencion-hacendaria-para-revisar-el-federalismo-fiscal/