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Doscientos años después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, el vínculo económico entre México y Europa entra en una nueva etapa. La conmemoración del bicentenario coincide con un momento en el que las empresas buscan cadenas de suministro más resilientes, mayor certidumbre jurídica y plataformas de manufactura con reglas de acceso predecibles a mercados amplios. En ese escenario México fortaleza su posición como plataforma de integración con una de las regiones económicas más importantes del mundo. La actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE) representa un paso decisivo en esa dirección al crear mejores condiciones para la inversión de largo plazo y una integración productiva más profunda.

El 22 de mayo pasado, México y la UE firmaron el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y su Acuerdo Interino de Comercio, la actualización más importante de su relación económica desde la entrada en vigor del acuerdo original hace 25 años. El Parlamento Europeo ya lo ratificó y solo resta la aprobación del Senado mexicano para que el componente comercial entre en vigor. La dimensión de esta relación no debe subestimarse. La UE ya es el segundo mercado para las exportaciones mexicanas y el segundo mayor inversionista extranjero en el país. En 2025 canalizó cerca de 9,900 millones de dólares en inversión extranjera directa, equivalente a casi una cuarta parte del total recibido por México ese año. Desde el año 2000, el comercio bilateral se ha cuadruplicado hasta alcanzar alrededor de 89,000 millones de dólares. Más allá de reducir aranceles, el nuevo acuerdo elimina barreras para prácticamente todo el comercio de bienes, fortalece la protección jurídica de las inversiones mediante un mecanismo internacional de solución de controversias y reconoce de manera recíproca 568 denominaciones de origen. En conjunto, estas medidas construyen una plataforma más sólida para la integración productiva entre ambas regiones. La confianza ya comienza a reflejarse en decisiones de inversión. Durante la cumbre de mayo, la UE anunció inversiones por 5,000 millones de euros para fortalecer el llamado Plan México. Al mismo tiempo, empresas europeas continúan ampliando su presencia en el país. Ferrero destinó 86 millones de dólares para expandir su planta en Guanajuato, como parte de una estrategia que suma más de 330 millones de dólares invertidos en la última década. Volvo Group estableció una nueva planta en Nuevo León, mientras que Italia acumula 32 proyectos de inversión en ese estado por más de 2,150 millones de dólares desde 2006. Son proyectos asociados a manufactura, innovación y desarrollo industrial, más que operaciones orientadas únicamente al comercio. El principal valor del AGM no radica en competir con el tamaño de la relación económica entre México y Estados Unidos. Su aportación es más específica: introduce un sistema de corte internacional para resolver disputas de inversión, un mecanismo que reduce directamente la prima de riesgo que enfrenta el capital europeo al invertir en México. Es, en esencia, el mismo efecto que tendría cualquier mejora en calidad institucional sobre el costo de financiamiento de un proyecto. Al ofrecer mayor certidumbre para las inversiones de largo plazo, reduce el riesgo percibido por quienes deciden establecer operaciones productivas en México. En términos económicos, esto puede traducirse en un menor costo del capital y en mejores condiciones para financiar proyectos industriales de largo alcance. No toda la inversión extranjera directa genera el mismo impacto sobre la economía. Las inversiones destinadas a ampliar plantas, desarrollar proveedores locales o incorporar procesos de mayor valor agregado suelen producir un efecto multiplicador más amplio sobre el empleo, la innovación y el crecimiento. Los proyectos que hoy impulsan varias empresas europeas responden, precisamente, a ese criterio de largo plazo. Es capital paciente, ligado a manufactura con contenido doméstico, frente al capital de cartera o de ensamble que entra y sale con el ciclo. El potencial del acuerdo dependerá ahora de la capacidad del país para aprovecharlo. Fortalecer la infraestructura eléctrica y ferroviaria, agilizar los procesos institucionales y desarrollar las capacidades necesarias para acompañar un mayor volumen de proyectos serán factores determinantes para convertir este nuevo marco jurídico en crecimiento económico sostenido. En un entorno internacional marcado por la reorganización de las cadenas globales de suministro, México tiene la oportunidad de consolidarse como socio estratégico de Norteamérica, y, también, como la plataforma que conecte la capacidad industrial del continente con el mercado europeo. Esa combinación puede convertirse en una de las ventajas competitivas más importantes para la próxima década.

____ Nota del editor: Pamela Diaz Loubet es Economista en jefe de BNP Paribas México. Síguela en LinkedIn . . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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