Fragmento de La eternidad de nuestros muertos. Crónicas de la Comisión de la Verdad en México, de Gerardo Antonio Martínez (México, Grano de Sal, Ibero Puebla, 2026)
Nace la comisión
En octubre de 2021, el gobierno mexicano publicó un decreto que daría un giro a los ejercicios de verdad, justicia y memoria existentes en México. Luego de varias décadas de demandas encabezadas por diversos colectivos de víctimas del periodo conocido como Guerra Sucia, anunció la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (Coveh).
Para aquellos que nacimos en los años ochenta, los temas de la guerrilla y el movimiento estudiantil reprimido con crudeza en 1968 y 1971 eran una especie de mitos laicos de nuestra historia reciente. Parte de la resistencia al autoritarismo que el Partido Revolucionario Institucional (pri) ejercía con cualquier expresión de disidencia tenía en estos y otros episodios menos conocidos algún referente innegable de resistencia civil y franca subversión.
Por pertenencia generacional, el levantamiento zapatista de 1994 fue para muchos de nosotros un último salvavidas frente al fracaso de aquella utopía que sólo redistribuyó el dolor y burocratizó la imaginación. Veíamos en los cientos de indios mayas que nutrían ese ejército la posibilidad de que la rebeldía hubiera sobrevivido frente a las pretendidas prosperidad y solidaridad que nos vendieron en paquete con un discurso liberal de cara lavada.
Pero tiempo atrás, olvidados en un pasado más remoto, estaban los nombres de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, maestros rurales y líderes guerrilleros; también el ataque al cuartel de Madera, en la sierra de Chihuahua, por un comando guerrillero, en el lejano año de 1965. Oxidada estaba también la historia de la Liga Comunista 23 de Septiembre, una federación de células clandestinas de orientación marxista que puso en riesgo la estabilidad del país en los años setenta.
Tiempo después, alguien llamó a ese fenómeno Guerra Sucia, una definición que no se ha salvado de discusiones teóricas. Al paso de los años conocimos sólo una parte de los atropellos del Ejército mexicano y distintas policías contra los grupos rebeldes, pero también contra la población civil. Miles de personas inocentes también habían paladeado la suela militar. Muchas fueron asesinadas y muchas otras hoy siguen desaparecidas.
Pero regresemos al principio de esta historia. Unos meses después de que se creó la Coveh, la coordinadora de investigación documental de uno de los cinco mecanismos que integrarían esta comisión me invitó a sumarme a su equipo. Nos conocíamos desde nuestros años universitarios por amigos en común. Después, en mis tareas como periodista cultural, nos reencontramos cuando ella trabajaba en el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México (inehrm). Volvimos a frecuentarnos y a colaborar como se hace entre fuente y reportero. Aquella vez me dijo:
—Necesitamos personas que sepan entrevistar, investigar en archivo y que redacten en chinga.
Pero fue todavía más clara en un punto:
—Y que crean en este proyecto.
Los temas de patrimonio cultural, memoria y archivos no me eran ajenos, aunque no era la única fuente que yo trabajaba. Dos días después de su llamada comprendí que, luego de doce años en el periodismo, era momento de darme una pausa para enfocarme en esta tarea.
Además, me dijo que estaba en trámite la posibilidad de que ingresáramos a los archivos del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia (cni). La noche en que decidí sumarme al equipo que coordinaba la historiadora Halina Gutiérrez Mariscal, quien me había invitado, me dije: “Es la primera y, quizá, la única vez que te invitan a un proyecto de este tipo. Hazlo.”
El periplo administrativo duró meses y entre tanta intermitencia pensé que sería una invitación frustrada. La incertidumbre profesional fue cortesía de la burocracia mexicana y su necedad de exigir un documento tan inútil como la cartilla de servicio militar. Aun con el antecedente de varios investigadores rechazados por no presentar esa identificación, en diciembre de 2022 tuve listos todos los documentos, dejé planchados mis pendientes en mi empleo anterior y me mudé a unas cuadras.
De “la esquina de la información”, como se conoce al cuadrante de Bucareli y Paseo de la Reforma, pasé a Circular de Morelia 8, en la Roma Norte. Este edificio había sido sede de la Dirección Federal de Seguridad (dfs), la temible policía política que por su historial de excesos quedó disuelta en 1985. Desde 2019 lo ocupa la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Desde ese momento estaba, oficialmente, en el equipo de los “ojalateros de la memoria”, como nos bautizó un compañero.
Nadie pretendía descubrir el hilo negro. Había múltiples antecedentes. En 2002, el primer presidente mexicano proveniente de un partido distinto al pri creó una fiscalía que buscaba llevar ante la justicia a los servidores públicos involucrados en crímenes de Estado contra organizaciones guerrilleras y movimientos estudiantiles.
Un puñado de personas fue procesado, entre ellas el ex presidente Luis Echeverría, a quien luego de unos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) dejó en libertad al resolver que habían prescrito los hechos por los que se le acusaba de genocidio. Entre los episodios que el abogado Ignacio Carrillo Prieto, encargado de esa fiscalía, reveló tiempo después estaba la censura que la Secretaría de la Defensa Nacional (antes Sedena, hoy Defensa) ejerció sobre su informe final. Hoy, de las 600 averiguaciones previas que integró esa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), las autoridades sólo reconocen que existen alrededor de 244.
Como el decreto que creaba la Coveh, en octubre de 2021, daba un plazo de treinta días hábiles para su integración, la Segob —a la que quedaría sujeta administrativamente— aceleró los primeros pasos para la coordinación y, en su caso, la creación de sus cinco mecanismos. Uno de éstos fue el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (meh), encargado de investigar y redactar un informe sobre violaciones graves a los derechos humanos que hubieran ocurrido entre 1965 y 1990. Las pautas de esta tarea exigían un trabajo sin sesgos, independiente, competente e imparcial. El decreto definía también ese lapso de nuestra historia como “periodo de violencia política”.
El comité que seleccionó a los comisionados del meh lo formaron Guillermo Fernández, representante de la onu; Alicia de los Ríos, hija de una militante de la guerrilla mexicana desaparecida en operativos contrainsurgentes, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob. Las expectativas eran altas. Con la Comisión de la Verdad, el Estado mexicano retomaba ejercicios anteriores en los que se investigaba a sí mismo con criterios de justicia transicional.
A diferencia de la Femospp, de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) y de otras experiencias que escudriñaron en la violencia de Estado, este mandato presidencial ampliaba el abanico de temas a investigar. No se limitaba a las líneas de estudio relacionadas con la llamada Guerra Sucia: movimientos estudiantiles, movimientos sindicales y guerrilla. A juicio de la Consejería Jurídica de la Presidencia —como se lee en el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)—, las investigaciones contemplaban fenómenos que antes se habían investigado con otros ritmos y criterios en los ejercicios de verdad, memoria, justicia, búsqueda y reparación que precedieron a esta comisión.
Así, luego de tres años de vida, el meh anunció decenas de hallazgos y 142 recomendaciones. También denunció la resistencia de varias dependencias de gobierno a cooperar con su trabajo. No sólo eso, el mismo proceso estuvo afectado por agendas divergentes entre los colectivos de víctimas y una división interna, motivada por posturas opuestas sobre nuestra historia reciente.
Había una indisposición para reconocer que no toda la violencia de Estado fueron prácticas contrainsurgentes y, por otro, mezquindad de algunas dirigencias de colectivos y de una de las comisionadas al no reconocer que otras víctimas de la violencia estatal tenían el mismo derecho a ser reconocidas en el informe y, por lo tanto, a una reparación o compensación económica. Para agosto de 2024, a un mes de concluir su existencia por decreto presidencial, una nota del portal de noticias Animal Político resumía la esencia de estos jaloneos: “La Comisión de la Verdad se rompe por crítica al gobierno de AMLO y genera dos informes distintos”. Así fue.
Sus logros y pendientes están en los informes Fue el Estado (1965-1990) y Verdades innegables. Por un México sin impunidad. Ambos son fruto del compromiso de quienes trabajaron a diario en distintos fondos documentales, de quienes escucharon con respeto a las víctimas y a sus familiares, de quienes se plantaron frente al Ejército para exigir la apertura de sus archivos y de quienes soportaron durante meses el maltrato de algunos funcionarios de Segob que se dijeron “inoculados por el virus del obradorismo”, es decir, el ideario del entonces presidente de México.
“¿Cómo no hacer de esto un panfleto?”, me pregunté varias veces mientras escribía estas crónicas, una vez que el gobierno que nos había convocado nos consideró desechables. Si existe una mínima guía, ésta pudo ser un fragmento de Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor, en el que ocurre una emboscada en la sierra de Guerrero. Ahí, en un paraje solitario, una célula guerrillera abate a una caravana de soldados. Y la muerte de los soldados nos conmueve tanto como la masacre de los pobladores de Atoyac que dio origen a la guerrilla de Lucio Cabañas. El novelista chihuahuense —conocedor de las honduras pasionales de nuestra herencia clásica— nos devuelve al origen de la épica para subvertirla: le concede una tesitura laica y terrenal, en la que exhibe las orillas de la fragilidad humana.
Lo último que deseo es crear un santoral de personas poliédricas y tan contradictorias como uno mismo. Hay un riesgo evidente: acercarnos a estas historias desde la indolencia o desde la mitificación sectaria, o desde la demagogia oficial que por décadas, hasta hoy, ha cobijado la impunidad de quienes planificaron y cometieron crímenes de Estado.
Las siguientes líneas no pretenden hacer un abordaje exhaustivo de los cinco mecanismos que integraron esta comisión, pues sus informes están disponibles en los respectivos sitios de internet. Estas crónicas se nutren de mi experiencia y mis observaciones personales, de entrevistas que hice al terminar nuestro encargo; también de la duda, de la necesidad de explicarme lo que tenía enfrente, de contar y compartir estas historias desde la posibilidad y la voluntad de asombro.
Estos capítulos se gestaron en tres rutas: algunas son viajes a un pasado que aún vive en las heridas de los deudos y los ciclos aún abiertos por la ausencia de justicia. Otras narran hechos recientes de la disputa por la memoria: un sustantivo frágil que se sitúa en las antípodas de la cómoda nostalgia. Ofrezco algunas definiciones, otras más las tomo prestadas.
A veces la lucidez llega por conducto del dolor; otras veces, de la frustración. No importa si esta lucidez ha sido digerida por la elocuencia o la perplejidad. Importa su franqueza. Aquí también hay crónicas a manera de charla con tres mujeres: Alicia de los Ríos habla de su madre, una guerrillera desaparecida ya por cerca de medio siglo; Noemí Ruiz Hernández habla del hueco que dejó en su vida y en la de su familia el asesinato en 1980 de su marido periodista; la abogada Pilar Noriega expresa en una larga conversación su inconformidad por una promesa aún pendiente: la pretendida transformación del país que, en su deuda con la justicia transicional, sólo ha distinguido entre víctimas de primera y víctimas de segunda.
La mayoría de estos capítulos rematan con citas que buscan llamar la atención sobre algunos pliegues de estas historias: son palabras de funcionarios o de deudos de víctimas; algunos son fragmentos de expedientes policiacos o judiciales. Estas crónicas son historias de lo inmediato que narran algunos episodios de ese largo e imperfecto proceso: la construcción social de la verdad.
1. Aquí entran todos
Esta historia tiene muchos inicios. Uno de ellos puede ser la madrugada del 23 de septiembre de 1965, en la sierra de Chihuahua, cuando un grupo guerrillero asaltó un destacamento del Ejército en la ciudad de Madera, lo que marcó el inicio de un largo periodo de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y organizaciones insurgentes. El saldo fue de miles de detenidos, desaparecidos y ejecutados. Otro inicio puede ser la tarde del 10 de junio de 1971, en el cruce de la calzada México-Tacuba y avenida de los Maestros, en la Ciudad de México, cuando el grupo paramilitar conocido como “halcones” atacó con varas de bambú y rifles m-1 a los participantes en una manifestación estudiantil. Fue un jueves de Corpus Christi. Tal vez esta historia surge una noche cualquiera en la Dirección General de Policía y Tránsito de la capital mexicana, a un costado de la plaza Tlaxcoaque, cuando un grupo de agentes tortura sexualmente a varias mujeres trans, a las que luego ejecuta para más tarde desaparecer sus cuerpos. Otra fecha puede ser el 12 de marzo de 1989, en Ciudad Nezahualcóyotl, cuando cerca de cien oficiales de la Policía Municipal irrumpen en la calle Zopilote Mojado. Este operativo de detención masiva, conocido como razia, termina en una masacre de punks que convivían en un concierto. Tuvieron que pasar cinco décadas para que el 10 de junio de 2021, quincuagésimo aniversario de la masacre de estudiantes conocida como “Halconazo”, el presidente mexicano recibiera en su despacho a un grupo de deudos y sobrevivientes de la violencia de Estado.
Desde la creación de la Coveh, el historiador Camilo Vicente Ovalle estuvo a cargo del equipo técnico que coordinó las tareas de sus cinco mecanismos y acompañó varios de estos procesos.
—Estos colectivos —narró en una entrevista a finales de 2024— no aglutinaban a todo el espectro de ex militantes o familiares de estas historias. Entonces nos dimos a la tarea de buscar y convocar a la gente que no tenía ningún tipo de agrupación, además de los colectivos históricos.
Hijo él también de dirigentes de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (cocei), en su natal Juchitán, Oaxaca, Vicente Ovalle ha participado en varios movimientos de oposición. Militó en el Comité Estudiantil Metropolitano, que a mediados de los años noventa del siglo pasado se opuso al proyecto neoliberal en la educación pública. A finales de esa década fue dirigente del Consejo General de Huelga (cgh), que defendió con una larga huelga universitaria la gratuidad de la educación pública. Más tarde se definió como simpatizante zapatista, sin descuidar su formación como historiador. Su libro [Tiempo suspendido] (2019) es, en la academia mexicana, una referencia en las discusiones sobre la historia de la desaparición forzada en México y sobre el tiempo presente. También ha sido investigador del Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Para él, la gestión de acuerdos con grupos en los que a veces no coinciden las agendas no es nueva. Está curado de espantos.
Estamos en el Café Negro, en el pueblo de Coyoacán. Son los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Luego de nuestro paso por la Coveh, ambos escribimos. Él, algún libro académico en el que seguramente verterá su juicio y su propia relación de hechos. Yo estas líneas. Se sabe animar a sí mismo y a su equipo. Al terminar una reunión, alguna vez nos dijo: “¡Ánimo, delincuencia!”
Cuenta que entre los colectivos llamados “históricos” por su presencia pública desde hace décadas, estaban las dos expresiones del Comité Eureka, organización fundada en 1977 por Rosario Ibarra de Piedra; la sección mexicana de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.); la representación local de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), representada por Judith Galarza, hermana de Leticia Galarza, desaparecida en 1978; el Comité Primeros Vientos, representado por Alma Gómez, hija del profesor Pablo Gómez, uno de los guerrilleros abatidos en el asalto al cuartel de Madera, y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), representada por Tita Radilla, hija del líder campesino y compositor de corridos Rosendo Radilla, detenido desaparecido en Atoyac en 1974.
A éstos se sumaron Nacidos en la Tempestad, con la presencia más visible de Diego Lucero, hijo del guerrillero del mismo nombre, quien fuera líder de los Comandos Armados de Chihuahua; su padre fue ejecutado ilegalmente en enero de 1972. Alicia de los Ríos, quien además de formar parte de Nacidos en la Tempestad pertenece al Comité de Madres de Chihuahua, y la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, dirigida por Martha Camacho. Eran en total 16 asociaciones.
Antes de esa audiencia con el presidente, quienes representaban a esos colectivos y participaban a título individual llevaban más de un año en reuniones con Alejandro Encinas, quien integró un equipo formado por el propio Camilo Vicente Ovalle, Mariana Gómez Godoy y José Luis Soto Espinosa. La intención era crear políticas públicas para atender a estos grupos de la población con los que el Estado tenía deudas históricas. A inicios de 2021, los colectivos y demás invitados crearon una asamblea para unificar sus peticiones, que se resumían en reparación, búsqueda de desaparecidos, justicia, memoria y esclarecimiento de los hechos. Son los cinco principios de la justicia transicional.
Recuerda Vicente Ovalle:
—En esa primera reunión del 10 de junio de 2021, el presidente dijo: “Estoy de acuerdo con lo que han planteado. ¿Cómo le hacemos para atender esto?”
En la década de los noventa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) y la Cámara de Diputados habían creado un programa especial sobre personas desaparecidas y, la segunda, una comisión especial sobre el movimiento estudiantil de 1968. Hubo algunos avances en el acopio de información, aunque poco esclarecimiento y ninguna persona consignada ante un juez. Ya con la llegada de la alternancia partidista en la presidencia del país, y en respuesta a una recomendación de la cndh, de 2002 a 2006 operó una fiscalía especial —en constante acoso y sabotaje por parte de la entonces Procuraduría General de la República (pgr) y el Ejército—. La más reciente fue la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), creada por decreto de ley en 2012 por el Congreso de ese estado y que en 2014 rindió un informe con importantes hallazgos sobre hechos ocurridos durante la llamada Guerra Sucia.
Vicente Ovalle recuerda que la Segob citó a varias reuniones con la asamblea. En tanto, el partido del presidente perdió la mayoría calificada en el Congreso; ese descalabro electoral influyó en la naturaleza de la futura Coveh, pues tuvo que ser creada por decreto presidencial y no por mandato de una ley.
Al otro lado de esa mesa, en la que toma una infusión de café con notas de mamey, Vicente Ovalle hace una interpretación de las fechas decisivas en la vida y la trayectoria de esta comisión. Es una especie de curaduría de hechos y aclaraciones necesarias. Primero dice que la legislación mexicana sólo contempla la creación de tres tipos de comisiones por mandato presidencial: una es que la integren funcionarios de instituciones ya existentes, la segunda es una comisión de especialistas externos y un tercer tipo consiste en integrarla con miembros de instituciones y con especialistas independientes. Toda vez que la Coveh contemplaba la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) y la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb), la propia Subsecretaría de Derechos Humanos y el Archivo General de la Nación (agn), que ya existían antes del decreto, se optó por una mixta:
—Por decreto nunca iba a ser una comisión autónoma. Aun así, aprovechamos el marco normativo que teníamos a la mano para que al menos una parte tuviera cierto margen de independencia. Este organismo fue el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Vicente Ovalle ha teorizado sobre el estudio de la historia reciente, el papel de la memoria y los archivos. Con una mano hace el trabajo reflexivo; con la otra arrastra la pluma y recorre las fojas de los expedientes en los que están plasmadas las huellas de la existencia del Estado. En 2019 publicó [Tiempo suspendido] Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, en el que acuñó uno de los conceptos de batalla del meh.
Dentro de la diversidad de casos de desaparición de guerrilleros, disidentes políticos y demás personas que resultaban incómodas a la existencia del Estado, Vicente Ovalle sintetizó etapas, sitios, hechos e involucrados en lo que llamó “circuito de detención-desaparición”, un modelo represivo que evolucionó en razón de las necesidades contrainsurgentes de las instituciones de seguridad mexicanas. En su libro, lo resume de este modo: “Articuló tres procedimientos: aprehensión, detención y definición final. Cada uno de ellos tuvo un desarrollo particular, y en su articulación configuraron una de las técnicas más eficaces de la contrainsurgencia.”
A lo largo de este circuito era común el espionaje y la infiltración, así como los traslados de personas por distintos centros de detención. Uno de ellos fue el Campo Militar No. 1, por el que pasaron muchas de las personas aprehendidas en acciones contrainsurgentes —muchas de ellas sin relación con los grupos guerrilleros o disidentes— que a la fecha siguen desaparecidas. La tortura fue un método frecuente durante los interrogatorios que hacían los agentes de seguridad estatal, quienes a medida que iban refinando sus métodos también desarrollaron una jerga burocrática. El eufemismo más frecuente fue la palabra paquetes para referirse a los detenidos cuya ejecución y desaparición se decidía en la etapa de definición final. Al llamarlos paquetes, la personalidad de los detenidos comenzaba a ser borrada antes de su desaparición física. Describe Vicente Ovalle: “Los cuarteles fueron los que ofrecieron las mejores condiciones como centros clandestinos de detención y, de ellos, el cm1 [Campo Miliar No. 1] fue el mejor adaptado.”
Pero en los trabajos sobre memoria e historia se dan polémicas, jaloneos y contiendas en las que se empalman congresos académicos y asambleas de colectivos. Son las turbulencias del estudio de la historia reciente. Cuando ésta incluye la violencia de Estado, es un hecho que habrá agendas antagónicas, aunque tengan el mismo origen en el dolor.
José Luis Soto Espinosa es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y maestro en sociología política por el Instituto Mora. Antes de ingresar a la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Segob, pasó por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una organización dedicada al acompañamiento de pueblos originarios en la defensa de sus territorios, en el acceso a recursos naturales y en la promoción de los derechos de las mujeres, entre otras necesidades cada vez más urgentes en la realidad mexiquense.
Recuerda que la gestación de la Coveh se podría definir como un zurcido fino: acuerdos con colectivos, revisiones normativas y búsqueda de voluntad política dentro del gobierno. Dice que una vez que la asamblea de colectivos manifestó su deseo de que se creara una comisión, tuvieron que pasar la aduana de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que en septiembre de 2021 aún estaba a cargo de Julio Scherer Ibarra. Cuenta:
—Scherer y su equipo se negaban a la existencia de una comisión de la verdad. No entendían por qué era un grupo especial.
A mi ex compañero Soto Espinosa lo veo en marzo de 2025 en un café de la colonia Condesa. Aún se ocupa de asuntos relacionados con la memoria, pero desde la administración local de la Ciudad de México. No puede ocultar su desánimo ante lo que llama maltrato de la administración que sucedió a Alejandro Encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos y que motivó su renuncia. Retoma el episodio de cómo se gestó el decreto:
—Lo bueno es que en esa coyuntura se va Scherer y entra María Estela Ríos González, ex consejera jurídica de López Obrador en el Gobierno de la Ciudad de México y hoy ministra de la scjn. Tuvimos una reunión con ella en su primer o segundo día en el cargo. Ella lo cacha perfectamente. Dice: “Sí. Se hace comisión de la verdad.” A todas esas limitaciones que habíamos tenido con Scherer, ella dice: “Olvídense de eso. Esto va porque el presidente me dijo que esto va.”
Antes de eso, con los colectivos ya habían acordado un borrador que llamaron Plan Presidencial, en el que estaban delineados los objetivos de la futura Coveh y que se convirtió en el proyecto de decreto. Una vez que pasaron por los dictámenes jurídicos de Segob, Hacienda y la propia consejería, vino la publicación. Se cuidaron varios detalles para dotar a sus mecanismos de amplias facultades.
—Agregamos artículos para reforzar sus atribuciones. Por ejemplo, el artículo de acceso a archivos es uno en sí mismo. Queríamos que el meh, el Comité de Impulso a la Justicia y la Comisión Nacional de Búsqueda entraran a los archivos.
—¿Cómo decidieron que el periodo de estudio fuera de 1965 a 1990?
—En el Plan Presidencial se hizo un acuerdo político con colectivos, no técnico, de que fuera ese periodo. El año de 1965 no tenía discusión porque, si bien no funciona así en la historia, teníamos el hito del ataque al cuartel de Madera. Un primer impulso fue cerrar el periodo en 1985, año de la extinción de la dfs. Pero todavía en 1990 hubo detenciones masivas de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Aunque la dfs se extinguió en 1985, la política de contrainsurgencia pudo haber tenido un reflujo. Entonces, se decidió que continuara hasta 1990.
Durante sus tres años de existencia, el meh mantuvo una relación tensa con algunos de los colectivos que impulsaron la creación de la Coveh. El principal motivo de los reclamos fue la inclusión de otros conjuntos de víctimas de la violencia de Estado, así como la definición de lo que, por un lado, los comisionados y sus equipos entendían por “actor político” y, por otro, lo que definían para sí mismos algunos de estos colectivos. Explica Soto Espinosa:
—La apertura en conjuntos de víctimas se debió a dos cosas. Una, por el lenguaje que se usa en derechos humanos. Desde el inicio siempre se habló de violaciones graves. Siempre. En los lineamientos de la Coveh está mucho más acotado. Ahí se habla de determinadas violaciones: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales… un poco lo que se conoce como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. Eso nos ayudó a darle el argumento al meh. No hablábamos de crímenes políticos ni de persecución política. Y hubo un consenso en general. Creo que nadie se atrevió a discutir el tema de la violación de derechos humanos porque es el paradigma desde la reforma constitucional de 2011.
El segundo argumento, explica, fue el principio pro persona. Las investigaciones sobre este tipo de crímenes no pueden reducirse a las que recayeron en la vida y los cuerpos de ciertos actores políticos, un tema que estuvo en el origen de muchas discusiones y reclamos que algunos colectivos de víctimas hicieron después al grupo mayoritario de comisionados del meh.
—¿Cómo definimos “actor político”? —se pregunta Soto Espinosa—. La comunidad lgbtiq+ en esos años fueron disidentes políticos. Se oponían a la retórica oficialista, se oponían al estilo de sociedad que proponía el gobierno, que proponía la sociedad conservadora. Eran tan disidentes y tan subversivos en romper el modelo de sociedad autoritaria.
Con la publicación del decreto el 6 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (dof) nació la Coveh. Luego del proceso de selección de quienes integrarían el pleno del meh, el presidente López Obrador inauguró sus trabajos el 10 de diciembre de 2021 en la ciudad de Chihuahua. Lo acompañó parte de su gabinete y la presidenta de la cndh, Rosario Piedra Ibarra.
Al crearse la Coveh, al grupo de trabajo integrado por Vicente Ovalle, Gómez Godoy y Soto Espinosa se sumaron más colaboradoras y colaboradores. Recibió el nombre de Equipo Técnico. A lo largo de tres años buscó que hubiera coordinación en el trabajo de los cinco mecanismos en las tareas marcadas por el decreto, gestionó el acceso a los archivos, cultivó el diálogo con los colectivos, impulsó la creación de sitios de memoria y —tarea desgastante— medió en las polémicas internas del meh. Fue una especie de secretaría ejecutiva.
Al final también serían relegados por el equipo que dos años después llegó en sustitución de Alejandro Encinas a la subsecretaría. Pero vayamos por partes.
La segunda vez ya me detuvieron sola y, prácticamente, ya me esposaron la mano, me golpearon, me raparon mi cabeza. Y [es algo] que no compartí por mucho tiempo, hasta ahora tal vez. […] Ellos lo tomaban como un [error] de que yo tenía que decir las cosas derechas. Por eso siempre me andaban cuidando los policías, para que, cuando a la hora que ellos quieran, me detenían.
Contenido sindicado vía RSS de El Universal Cultura. Nota original: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/confabulario/la-eternidad-de-nuestros-muertos-adelanto-del-nuevo-libro-de-cronicas-de-gerardo-antonio-martinez/