Como hemos comentado desde hace varios años, la situación de las finanzas públicas es muy vulnerable. Esta columna ha llamado crisis a esto, pero la mayoría de los colegas no coincide con ese término. Aunque llevamos ya cuatro años en los que el gobierno gasta en exceso, incluido el severo déficit de 2024, dirigido a ganar la elección a costa de endeudar al país, parece que siguen esperando que ocurra esa “consolidación fiscal” que se ha prometido desde el presupuesto de 2025 y se ha vuelto a prometer ahora, sin mayor probabilidad de que se cumpla.
El gasto en los elefantes blancos, que no explica todo el endeudamiento, no se recuperará jamás, porque ninguno de ellos produce siquiera lo suficiente para cubrir sus gastos de operación. Siguen devorando recursos. El resto de la deuda se contrató para comprar votos, es decir, repartir efectivo sin ningún objetivo social, sino sólo político. Es ilegal, pero sabemos desde hace años que la ley no es la ley, y hoy menos que nunca.
Una deuda de 20 billones de pesos requiere cerca de 1.5 billones al año sólo para cubrir intereses. Aunque desde 2021 se ha incrementado la fracción que está a corto plazo (para aprovechar la reducción de las tasas a ese periodo), la presión en los mercados globales ha elevado en más de un punto porcentual la tasa de mediano y largo plazo. Para evitar mayores problemas, el Banco de México está planeando reducir su tasa (corto plazo) en la siguiente reunión, según creen los analistas. Eso confirmaría que ya no hay ninguna institución autónoma en México, y no sería buena noticia.
A ese costo financiero que no puede ignorarse se suman las pensiones de siempre (contributivas) y ahora la compra de votos disfrazada de política social, que tampoco pueden reducir, so pena de perder el poder. El resto de gastos ha llegado a niveles insostenibles, como lo muestran los reclamos de los trabajadores del IMSS, en manifestaciones que seguramente tienen una faceta electoral y sindical, pero no solamente. La destrucción del sistema de salud pública en México es terrible. Lo mismo ocurre en educación, seguridad e infraestructura.
Al no poder recortar los gastos, queda incrementar los ingresos, lo que nunca ha sido algo sencillo. Como se ha recomendado desde hace décadas, hay posibilidades de mayor recaudación en el predial, que apenas se cobra más o menos bien en las grandes ciudades. En el caso de la Ciudad de México, se promueve una reforma para elevar la base sobre la que se cobra este impuesto, buscando que sea el costo comercial, y no el catastral, el que sirva de referencia. Además, se plantea usar este impuesto como instrumento de ordenamiento territorial, castigando propiedades “ociosas”.
En condiciones normales, sería una reforma digna de discusión. Después de 30 años de administraciones del mismo grupo político, que han dañado seriamente la viabilidad de la capital, es algo inaceptable. Desde que López Obrador fue jefe de Gobierno, a inicios de siglo, el gobierno de la ciudad dedicó los recursos a comprar votos, igual que lo hace el gobierno federal ahora, abandonando el mantenimiento del Metro, el drenaje, las calles y las avenidas, que ahora ya tienen un costo importante en tiempo de traslado, especialmente en temporada de lluvias. Darle más dinero a esa administración es sólo facilitarles comprar más votos.
Pero desde el golpe de Estado de 2024, tienen todo para hacer lo que les venga en gana. Los ciudadanos no tienen defensa. Pero, ya lo hemos dicho, vivimos en un Estado hueco, que no tiene ninguna capacidad de gobierno o recaudación. El tránsito a la informalidad seguirá siendo la respuesta. Creo que no se ha entendido de qué manera la inercia es la responsable de una aparente calma. No es buena idea moverle.
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