El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad pedir auditorías externas y una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
El acuerdo aborda adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto correspondiente al periodo 2016-2026 y pedirá “medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un ejercicio emergente de fiscalización”.
Adicionalmente, explicó que aprobó una serie de medidas orientadas a fortalecer la integridad institucional, reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, implementación de mecanismos de denuncia y dar seguimiento específico de las contrataciones relacionadas con el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.
Por otro lado, detalló que se avaló la elaboración de un Plan de Acción Crítico a fin de asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales y para la organización de la elección en curso.
En ese sentido, precisó que el acuerdo define la colaboración plena del instituto con las autoridades fiscalizadoras, la preservación inmediata de documentación física y electrónica vinculada con procesos de contratación, la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la entrega oportuna de información a las instancias competentes.
Destacó que éste establece que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que, en su caso, resulten procedentes.
Además, puntualizó que se propone revisar el padrón de proveedores del INE, habilitar un mecanismo para la recepción de información relacionada con posibles hallazgos, solicitar información a otras autoridades en el ámbito de sus atribuciones y evaluar medidas adicionales orientadas al fortalecimiento de los procedimientos de contratación y supervisión institucional.
Enfatizó que las medidas planteadas en el documento tienen como propósito facilitar las revisiones correspondientes, fortalecer los mecanismos institucionales de control y asegurar la colaboración con las autoridades competentes, así como también señala que cualquier determinación sobre presuntas irregularidades o responsabilidades deberá derivar de los procedimientos previstos en la ley, con estricto respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
En esas medidas de “restauración de integridad”, de acuerdo con fuentes del Instituto, como ya lo había anunciado Blanca Cruz la semana pasada, los 10 consejeros acordaron solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el grupo Taddei.
A eso se suma la vista que los 10 consejeros electorales en activo darán a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de cinco delitos por parte de la exfuncionaria.
Estos serían enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones, derivados de la relación de negocios que tejió con los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
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