Para la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias representan un riesgo latente para la libertad de expresión y de prensa, al otorgar al gobierno la facultad de definir lo que es veraz y lo que no, así como supervisar a los medios de comunicación.
En entrevista como parte del debate sobre el derecho de las audiencias convocado por EL UNIVERSAL, la legisladora panista consideró que esta “sobrerregulación” contenida en el artículo 53 excede los límites legales y vulnera la autonomía institucional.
López Rabadán dijo, además, que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), puede derivar en “autocensura”.
¿Cuál es la opinión que tiene sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México, dados a conocer en la Presidencia?
—Bueno, es una alta responsabilidad, en términos del poder público, hacer unos lineamientos que garanticen la libertad de expresión y que garanticen la libertad de prensa. Y es justo por eso que preocupa —y lo he dicho públicamente— que haya un riesgo latente de que esos dos derechos puedan ser disminuidos o conculcados; porque cuando lees el documento, hay temas que te obligan a señalarlos.
Por ejemplo, la definición de qué es “verdad” se vuelve muy compleja si quien va a definir qué es verdad es el gobierno, pues claramente se lastiman las distintas visiones (...) y se trastoca la libertad de los mexicanos.
Hay una seria preocupación de poder tener una certeza de libertad si es que el defensor de las audiencias —que, según dicen los lineamientos, habrán de ser de los propios medios de comunicación— tiene de manera superior al gobierno, porque entonces esa figura de defensor de las audiencias que, por supuesto, suena positiva, se vuelve negativa (...).
La última palabra la tendrá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que ya no es autónoma: es un ente gubernamental.
¿Considera entonces que tal y como están los lineamientos, esta figura de defensor de las audiencias está supeditada a la comisión que, a su vez, forma parte del gobierno?
—Sí, y ese entramado —o sea, ese organigrama— se vuelve muy peligroso, porque justo decíamos: ¿quién va a definir qué es veracidad? ¿Quién va a definir si, incluso, el propio sistema está hecho para que, si dices algo que no le guste a la autoridad final (ya gubernamental), haya una multa o una sanción?
¿Y qué problemas puede generarle eso a la ciudadanía?
— El primero es que no haya libertad de prensa; o sea, que los periodistas no puedan investigar y publicar de manera objetiva, e incluso frontal al gobierno, por una preocupación fundada de una multa o de una sanción. Eso pondría al propio periodista, al medio, a la producción —a todo el círculo de comunicación— en un alto riesgo.
Usualmente, cuando se trata de callar a los medios no se hace de un solo tajo, de un solo golpe; es gradual, lo hemos visto en otros países. La primera etapa, por supuesto, es incluso la propia autocensura del periodista por un temor fundado, y ahora fundado en unos lineamientos gubernamentales. Yo por eso llamaba a la ciudadanía a participar en esta discusión de los lineamientos. Al día de hoy tenemos mil 553 comentarios y mil 468 participantes únicos. Debe haber una participación importante de los medios, de los periodistas y de los ciudadanos.
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La Presidenta y el gobierno dicen que no, pero ¿usted considera que la tentación de la censura está presente en la redacción de estos lineamientos?
—Sí, sí está presente, pero además no de manera metafórica; es una realidad plasmada en la redacción de los lineamientos, que es justo lo que a mí me parece que es necesario decir.
El artículo 53 del Título Quinto, que es de la supervisión y las sanciones, dice: “La comisión supervisará que las personas...” ¡Fíjate! La responsabilidad de la comisión es supervisar; o sea, el gobierno va a supervisar a las personas defensoras [las personas defensoras serán definidas por el medio]. Dice: “La comisión supervisará que las personas defensoras, las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y/o audio de paga, así como las programadoras, den cumplimiento a los derechos de las audiencias”.
Claramente va a haber una subordinación con esta redacción. El que va a definir si se cumple o no, es el gobierno. Que el cumplimiento por un concesionario, por un periodista o por un opinador se defina desde el poder, en un país democrático no podría suceder (...) Y entonces hay, claramente, una disminución, una merma y un daño al derecho que todos los mexicanos habríamos de tener a la información y, por supuesto, de los periodistas a la libertad de prensa.
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Expertos en el tema sostienen que parte de estos lineamientos se extralimitan y son inconstitucionales. Por ejemplo, puede haber multas si el medio no tiene un código de ética y no crea la figura de defensor de las audiencias, pero también puede haber multas por considerarse que el medio mintió o que sacó de contexto alguna información, y eso no viene en la Constitución. ¿Confía en que haya modificaciones ahora que termine esta consulta que se está llevando a cabo?
—Efectivamente, los lineamientos no pueden ir más allá de la ley, y están yendo más allá de la ley. Yo espero —porque la palabra “confío” ya me la estoy quitando un poco de la lengua— que haya sensatez, altura de miras y visión democrática para poder generar unos lineamientos que garanticen libertades y no que violen derechos.
La imposibilidad jurídica de intentar impugnar estos lineamientos, si es que se aprueban violando derechos, va a ser materialmente imposible; esa es la realidad y es lo que estamos viendo. Así es que yo espero que no tengamos como país un sistema de comunicación minado por el gobierno. Siempre hay una tentación brutal desde los gobiernos de querer más y tener más, pero en este tema específico sería lastimosísimo para la democracia, para los medios, para la información, para las libertades y para los ciudadanos. Yo espero que el gobierno entienda este reclamo, que no tiene un sesgo partidista; [tiene] una línea de libertades que deben ser priorizadas.
¿Sería un retroceso o un golpe a la democracia la publicación de estos lineamientos?
—Lamentablemente, nuestro país es un lugar altamente peligroso para ejercer el periodismo. Si a ese peligro latente, que hoy tiene a siete periodistas asesinados en este año, se le suma la persecución desde los micrófonos del poder, se genera un caldo de cultivo muy dañino para los periodistas, para los medios y para la sociedad en general. Yo estoy convencida de que es necesario levantar la voz. Es necesario pugnar porque los ciudadanos puedan acceder a esta discusión, pero sobre todo a que la autoridad reflexione sobre el gran daño que se haría a este país, a la democracia y, evidentemente, a los medios, a la pluralidad y a las posiciones que siempre van a existir diferenciadas. Si un periodista decide dejar de escribir, dejar de investigar, dejar de publicar o dejar de transmitir, ese daño no solamente es para el periodista o para el medio: también es para los mexicanos.
¿Alguna conclusión?
—Estos lineamientos deben tener límites, y el primer límite es la ley: no pueden ir más allá de la ley. Deben tener límites éticos, y el primer límite es no buscar lastimar las distintas visiones que tenemos en este país. Estos lineamientos deben tener altura de miras, y eso significa priorizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Lo otro, lo antagónico a esto, sería antidemocrático, dañino y un gran retroceso como país.
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Contenido sindicado vía RSS de El Universal. Nota original: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-riesgo-la-libertad-de-expresion-y-de-prensa-kenia-lopez/