La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable responsabilidad en el delito de despojo de terrenos con un valor total de cientos de millones de pesos, propiedad del Gobierno del Estado, ubicados en San Carlos, municipio de Guaymas.
De acuerdo con los hechos expuestos ante la autoridad judicial, los imputados José Guadalupe “N", Gabriel Francisco “N", Jesús Armando “N”, Juan de Dios “N” y Héctor Alonso “N” ocuparon diversas fracciones de tres polígonos estatales ubicados en la colindancia norte del bulevar Tetakawi, sin contar con autorización o derecho que justificara su ocupación.
La investigación señala que en dichos terrenos se realizaron actos materiales de despojo afectando la disponibilidad material de los inmuebles cuya propiedad y posesión corresponde al Gobierno del Estado, por conducto de Bienes y Concesiones.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba correspondientes.
El Juez resolvió vincular a proceso a los cinco imputados e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En relación con publicaciones difundidas en redes sociales que presentan el caso como una detención arbitraria y señalan que Héctor Alonso “N” tiene autismo, es importante precisar que su detención deriva de una orden de aprehensión judicial por hechos investigados como presunto despojo.
Según la información disponible de la audiencia, dicha condición no fue manifestada por el imputado, ni por su defensa durante esa diligencia; por tanto, no corresponde dar por acreditada esa afirmación únicamente a partir de una publicación, sumado a que en la detención, el probable responsable nunca mostró signos de dicha condición por el contrario.
La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio público y el cumplimiento de la ley, así como con el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.
Asimismo sí en su caso, se acredita legal y médicamente que alguno de los imputados presenta una condición del espectro autista, ésta no implica por sí misma y en automático, una exención de responsabilidad penal; no obstante, las autoridades deberán considerar las circunstancias particulares del caso y garantizar los apoyos, ajustes y salvaguardas que legalmente correspondan, con pleno respeto a sus derechos.
Sumado a lo anterior, si los invasoreestas se tratan de grupos precaristas, el Gobierno del Estado buscaría atender su necesidad de vivienda, pero no por ello permitirá que puedan apropiarse de terrenos que forman parte del patrimonio estratégico del Estado de Sonora, aun y cuando pretendan presentarse como víctimas de la autoridad a través de quien se presta para tales fines.
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