El secretario de Defensa del presidente Donald Trump, Pete Hegseth, anunció la semana pasada que Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia de Colombia este mes, había solicitado a Estados Unidos la realización de operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio.
El alto funcionario estadounidense no dio detalles de las operaciones acordadas; no habló del número de efectivos involucrados, ni del establecimiento de bases militares estadounidenses y su permanencia en el tiempo; tampoco se refirió a la jurisdicción sobre soldados estadounidenses ante violaciones de derechos humanos ni a responsabilidades ante bajas entre la población civil. Cómo pagará Colombia tales servicios es asunto de otra área del gobierno.
Hegseth también dijo que Guatemala y Honduras habían aceptado permitir esos operativos terrestres, aunque el gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo —progresista— negó explícitamente haber autorizado operaciones militares estadounidenses en su territorio; hay cooperación, precisó, lo que no significa autorizar ataques militares estadounidenses dentro de Guatemala.
En Ecuador se llevan a cabo esos operativos desde marzo pasado.
Durante varios lustros, el gobierno de Bogotá participó en el Plan Colombia con EU sin que produjera mejoras en seguridad pública o se redujera el cultivo de drogas; Colombia es hoy el primer productor mundial de cocaína.
La militarización en territorios de América Latina con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga es una nueva fase de la campaña de Trump para afirmar lo que su «doctrina donroe» considera “el dominio estadounidense sobre el hemisferio occidental”.
La posición del gobierno de Claudia Sheinbaum usted la conoce: se ha negado persistentemente a autorizar o a solicitar la presencia de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio; esa es la causa real de las mayores tensiones que vive su gobierno con el de EU. No son las mercantiles ni la migración.
Sheinbaum con García Harfuch, han cooperado estrechamente con Washington en seguridad; el martes, por cierto, el director de la DEA, Terry Cole, hizo un reconocimiento de Harfuch como un “socio de confianza y buen amigo de EU”; subirán los bonos del secretario de Seguridad de aquí al 2030.
La resistencia de Sheinbaum a la creciente presión para que acceda a la intervención del ejército de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles en territorio mexicano es lo mejor que puede hacer la presidenta; deja a Trump sin esa cobertura de legitimidad para hacerlo.
Para entrar militarmente a México y afirmar el dominio estadounidense en el hemisferio, a Trump le quedaría como alternativa tratar de demostrar que el gobierno mexicano no tiene capacidad para abatir a los «narcoterroristas» que amenazan la seguridad nacional de EU, o aún peor, que funcionarios al más alto nivel de la República comprometen al propio Estado mexicano en esas actividades.
En tales circunstancias, no requeriría autorización alguna del gobierno mexicano para intervenir. En ese sentido van los mensajes de Trump cada vez que repite que el gobierno de México perdió el control del territorio y el narco ejerce el poder real. “Los cárteles dirigen México, y es triste”, ha dicho, aunque no sea cierto ni lo crea.
Cuando se ha referido a la presidenta Sheinbaum, la elogia en tono irónico para luego asegurar que es “una mujer muy asustada” frente al poder de los grupos del narcotráfico que operan en el país. “Los cárteles de la droga están totalmente al mando de México”, insiste.
El hecho de que grupos delictivos operen desde territorio mexicano no significa que el gobierno mexicano sea responsable de sus acciones, lo que impediría, conforme al derecho internacional, acciones estadounidenses en nuestro territorio.
Ante la negativa de la presidenta a solicitar o autorizar la presencia militar estadounidense para combatirlos, Washington va yendo más allá. Está construyendo una narrativa que vincula a grupos narcoterroristas con autoridades mexicanas.
El propio Terry Cole, cabeza de la DEA, ha declarado que hay una “conexión mortífera” entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano, así, sin ninguna distinción.
Ese discurso se exacerbó desde que fue solicitado el arresto —con fines de extradición— del gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
No asumo la culpabilidad o la inocencia del gobernador con licencia.
El tema es la pretensión de Washington de identificar, jurídicamente, organizaciones terroristas y gobiernos como el de Sinaloa, y señalarlos como amenazas a su seguridad nacional.
Conforme a sus propias leyes, esa identificación les basta para intervenir.
Estados Unidos quiere enjuiciar y condenar a Rocha Moya para demostrar que en la República Mexicana el narcoterrorismo se ha hecho gobierno. Lo necesita para atribuir acciones “terroristas” —como el trasiego de fentanilo, un «arma letal»— a organizaciones de las que pudiera demostrar que operan con un alto control de autoridades mexicanas.
Las consecuencias de una eventual intervención militar estadounidense en México, sea única para extraer a algún personaje, o repetidas entradas y salidas con ataques armados a laboratorios o grupos criminales, tendrían gravísimas consecuencias cuya valoración adecuada debe hacer desistir a Washington de intentarlo.
No obstante, hay que prever qué tendría que hacer el gobierno de México en caso de que ocurriera. En su discurso de la semana pasada, el secretario de Defensa Hegseth equiparó a los narcotraficantes con ISIS o Al Qaeda, grupos extremistas islámicos que dominaron durante décadas las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos.
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