Desde el 20 de enero de 2025, día que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, el número de personas con tobilleras electrónicas puestas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha triplicado, pasando de los 17 mil casos nacionales a alrededor de 54 mil.
El incremento responde a una orden interna emitida por la agencia para intensificar el rastreo físico las 24 horas del día a medida que los centros de detención alcanzan su capacidad máxima, registrando cerca de 50 mil detenciones en julio, y ante la pérdida de protecciones migratorias de miles de personas.
A pesar de que el universo total de inmigrantes sometidos al Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencia (ISAP) permanece estable en 180 mil personas, con un 70% controlado a través de la aplicación móvil SmartLINK, la transición hacia los dispositivos de tobillo ha disparado los costos gubernamentales pagados a contratistas privados.
El uso de estos rastreadores ha desencadenado demandas por violaciones a los derechos humanos e impactos de salud en los afectados, mientras las empresas operadoras prevén un crecimiento aún mayor en sus ingresos tras la cancelación del TPS para la comunidad haitiana.
A continuación, te desglosamos las diferencias operativas y costos de la tecnología de vigilancia, los millonarios contratos empresariales involucrados y las acciones legales en curso.
Costos de tecnología y criterios de asignación
El monitoreo físico mediante tobilleras electrónicas y relojes inteligentes representa un desembolso diario significativamente mayor para el gobierno federal en comparación con las herramientas digitales:
- Comparativa de costos diarios: El gobierno paga a la empresa BI Inc. casi 3 dólares diarios por cada persona monitoreada con grillete de tobillo y 4.50 dólares por los dispositivos de muñeca, utilizados en unos 2 mil 600 casos. En contraste, la aplicación móvil SmartLINK implica un costo básico de 0.96 centavos diarios por usuario.
- Gasto acumulado: Al 11 de julio, la administración federal pagaba al menos 280 mil diarios a la empresa contratista únicamente por el concepto de vigilancia a inmigrantes indocumentados.
- Falta de transparencia: Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han respondido a las solicitudes de información sobre los criterios que determinan qué tipo de dispositivo se le asigna a cada persona.
- Distribución geográfica: La mayor concentración de personas con grilletes electrónicos permanentes se registra en el área metropolitana de Washington D.C., con 8 mil 800 casos, seguida de ciudades como San Francisco, Miami, Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Negocios millonarios y expectativas de crecimiento del contratista
La administración de las herramientas de supervisión está a cargo de BI Inc., subsidiaria de GEO Group, una de las firmas operadoras de prisiones privadas más grandes de Estados Unidos:
- Adjudicaciones históricas: En septiembre de 2025, ICE otorgó a BI Inc. un contrato con un valor potencial de mil millones. Durante 2025, GEO Group sumó contratos nuevos y ampliados por 520 millones en ingresos anuales, calificado por su fundador, George Zoley, como el mayor volumen de negocios en la historia de la compañía.
- Donaciones políticas: Registros del diario The New York Times revelan que GEO Group donó 1.4 millones el mes pasado al comité político MAGA Inc., acumulando más de 4 millones en aportaciones a aliados del presidente desde el año pasado, en paralelo a la firma de acuerdos por $160 millones para operar centros de detención en Colorado y Carolina del Norte.
- Impacto por la cancelación del TPS a Haití: La empresa prevé un incremento sustancial en el uso de grilletes y servicios de gestión de casos, que actualmente abarcan a 116 mil personas, debido a la fin del Estatus de Protección Temporal para 350 mil haitianos. En localidades como Ohio, la agencia ha comenzado a colocar tobilleras a migrantes haitianos durante sus citas de control de rutina.
Demandas civiles por impactos a la salud y restricción de libertades
En junio, diversas organizaciones de defensa legal presentaron una demanda formal contra ICE por la imposición masiva de estos aparatos sin realizar evaluaciones individualizadas.
La acción legal fue interpuesta por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, el Centro Kennedy de Derechos Humanos y la firma legal Zuckerman Spaeder LLP, en representación de cinco madres solicitantes de asilo. Esta demanda documenta que el uso continuo de las tobilleras causa:
- Dolor
- Hinchazón
- Sangrado
- Alteraciones del sueño
- Cuadros de ansiedad
- Depresión
- Aislamiento social
- Pérdida del empleo derivado del estigma.
A finales de julio, el juez asignado al caso ordenó mantener en reserva la identidad de las cinco madres demandantes para evitar posibles represalias gubernamentales contra ellas o sus familiares con procesos migratorios abiertos.
Contenido sindicado vía RSS de Conexión Migrante. Nota original: https://conexionmigrante.com/2026-/09-/06/esto-sabemos-de-los-migrantes-vigilados-por-ice-con-tobilleras-electronicas/