La ciudad de San Antonio, en Texas, demandó este martes al Gobierno de Donald Trump para frenar la conversión de una bodega en un centro de detención de inmigrantes con capacidad para hasta 1.500 personas, al denunciar que las autoridades federales no han evaluado sus consecuencias ambientales.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Texas, acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de incumplir la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
El inmueble, situado en el este de San Antonio, tiene aproximadamente 59 mil 458 metros cuadrados y fue diseñado para almacenar mercancías, no para alojar personas, subraya el escrito judicial.
"Todas las agencias federales, y subrayo que todas, incluido el DHS, deben realizar una evaluación ambiental antes de emprender un proyecto de esta magnitud y alcance", declaró el abogado municipal, Andy Segovia, en una rueda de prensa.
La ciudad solicita que se anule la decisión de desarrollar el proyecto y se impida su ejecución, tanto de manera temporal como permanente.
¿Cuáles serian los riesgos para los inmigrantes?
Entre sus argumentos, advierte que alojar incluso a mil detenidos exigiría multiplicar por casi quince la capacidad de alcantarillado asignada al edificio. Sin las mejoras necesarias, sostiene, podrían producirse desbordamientos de aguas residuales y condiciones insalubres.
También señala que la bodega está junto a una zona inundable, lo que agravaría los riesgos sanitarios y dificultaría una respuesta de emergencia.
Las autoridades municipales enviaron cinco cartas al Gobierno desde febrero para solicitar información. Según Segovia, las autoridades federales prometieron en junio compartir informes técnicos y coordinarse con la ciudad, pero no hubo avances posteriores.
"San Antonio se cansó de esperar", afirmó la alcaldesa, Gina Ortiz Jones, en la misma rueda de prensa. "Nuestra comunidad merece respuestas básicas", agregó.
"Las bodegas no son campos de concentración"
Por su parte, el concejal Jalen McKee-Rodriguez llamó al centro un "campo de concentración" y cuestionó su cercanía a escuelas, parques y centros comunitarios. "Las bodegas no fueron construidas para que vivan en ellas 1 mil 500 personas, 1 mil 500 seres humanos", sostuvo.
Segovia, el abogado de la ciudad, adelantó que, si comienzan las obras, solicitarán una audiencia de emergencia para detenerlas.
En enero de este año, varios medios estadounidenses filtraron planes del Gobierno Trump buscaba comprar más de 20 bodegas en todo el país para usarlas como centros de detención para migrantes.
Sin embargo, ante el rechazo de alcaldías y demandas en los tribunales, DHS ha dado marcha atrás a estos planes en varios estados, incluyendo en Georgia, Utah y Michigan, según el diario USA Today.
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