La ciudad de San Antonio, Texas, encabezada por la alcaldesa Gina Ortiz Jones y el fiscal municipal Andy Segovia, presentó una demanda federal este martes contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La acción legal busca detener la conversión de una bodega de casi 640,000 pies cuadrados, adquirida por ICE en enero sobre la Autopista Southeast Loop 410, en un centro de procesamiento y detención migratoria con capacidad para unas 1,500 personas.
Por qué la demanda a ICE
El eje central de la demanda es la presunta violación de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés), la cual exige a las agencias federales realizar evaluaciones rigurosas sobre el impacto ambiental antes de ejecutar proyectos mayores. Las autoridades locales argumentan que el gobierno federal no ha cumplido con dichas obligaciones ni ha respondido a las múltiples solicitudes de información enviadas por el municipio desde febrero.
El fiscal Segovia señaló que la evaluación ambiental debe examinar no solo la calidad del agua y el aire, sino también los efectos sobre la economía, la historia, la cultura y la infraestructura de servicios públicos circundantes, incluyendo el manejo de aguas residuales y el sistema sanitario en el lado este de la ciudad.
La alcaldesa Ortiz Jones advirtió que tanto este proyecto en el lado este como los arrendamientos recientemente reportados en Brooks, al sur de la ciudad, tendrán un impacto negativo directo en el desarrollo económico de San Antonio.
Posturas divididas en el Cabildo y estimaciones del proceso
La decisión de llevar al gobierno federal a los tribunales ha generado fricciones en el Cabildo municipal. Mientras que la mayoría de los concejales respalda la vía legal —habiendo ordenado previamente a las dependencias locales realizar estudios independientes sobre el impacto en servicios de agua y electricidad—, los ediles conservadores Misty Spears (Distrito 9) y Marc Whyte (Distrito 10) criticaron duramente la medida.
Ambos concejales calificaron la demanda de “teatro político” financiado con los impuestos de los contribuyentes. Whyte argumentó que este tipo de litigios rara vez logran cancelar proyectos federales y estimó que el costo legal podría superar los 500,000 dólares, señalando que dichos recursos deberían destinarse a infraestructura y seguridad pública. Por su parte, Spears cuestionó una supuesta doble moral al oponerse a este centro mientras no se presentaron objeciones similares con el antiguo Centro de Recursos para Migrantes. Pese a las críticas, la administración municipal defendió la acción legal al insistir en que la comunidad merece respuestas y transparencia ante una obra de esta magnitud.
Contenido sindicado vía RSS de Conexión Migrante. Nota original: https://conexionmigrante.com/2026-/10-/14/san-antonio-demanda-a-ice-se-opone-a-una-nueva-carcel/