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El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) advirtió que hay indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México y que esta práctica continúa, por lo que planteó cooperación internacional en seis ámbitos: búsqueda de personas, investigación, esclarecimiento de la verdad, atención de la crisis forense, protección de las víctimas y de sus familias.

Ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el presidente del organismo, Juan Pablo Albán Alencastro, señaló que corresponde a ese órgano considerar las posibilidades de apoyo a México, luego de que el CED activó por primera vez el procedimiento excepcional previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La decisión se tomó tras examinar información del gobierno mexicano, aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como antecedentes reunidos desde 2012.

“Sobre esa base, decidió traer a la atención de ustedes con carácter urgente esta cuestión de conformidad con lo que dispone la propia Convención que nosotros nos hemos limitado a aplicar”, expresó.

Albán Alencastro aclaró que la determinación no implica una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano ni supone que se haya identificado una política federal destinada a cometer desapariciones forzadas mediante acciones deliberadas u omisiones de las autoridades.

Reconoció los esfuerzos del gobierno mexicano, aunque sostuvo que persisten problemas estructurales que requieren atención.

El artículo 34, explicó, es un mecanismo preventivo de alerta para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente graves. El CED ya formuló propuestas para orientar esa asistencia y mantendrá el diálogo con las autoridades y organizaciones civiles.

Al presentar su informe anual, Albán Alencastro dijo que entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el comité recibió 336 solicitudes de acción urgente de distintos países, de las cuales registró 251.

Desde la creación de este procedimiento, el organismo ha contribuido a localizar a 574 personas desaparecidas, 437 de ellas con vida.

Advirtió que la falta de cooperación de algunos Estados, las deficiencias en las investigaciones y los actos de intimidación contra víctimas y acompañantes dificultan su labor.

A ello se suman las restricciones presupuestarias de Naciones Unidas, que han reducido el tiempo de sesiones y el personal de apoyo. Por estas limitaciones, el CED no ha podido resolver recientemente algunas comunicaciones individuales ni realizar tres visitas previamente aceptadas.

La delegación mexicana rechazó la interpretación del CED sobre el alcance y aplicación del artículo 34, aunque aseguró que el país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación.

“En México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras”, expresó la representación nacional, señaló la delegación.

El gobierno mexicano sostuvo que no consiente ni tolera las desapariciones y atribuyó estos delitos principalmente a grupos criminales y, en algunos casos, a autoridades municipales.

“En el pasado, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político. Hoy, estos delitos son cometidos principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, lamentablemente, sobre todo, por autoridades del ámbito municipal. En todos los casos, se debe investigar y sancionar”, afirmó.

La delegación reportó que durante 2026 fueron localizadas más de 16 mil personas, la mayoría con vida.

También destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana, además de la operación permanente de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, en la que participan autoridades de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Gobernación y la Guardia Nacional.

En materia de cooperación, informó que México integró con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar el registro de personas desaparecidas.

Mencionó también la colaboración con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos, además del Fondo de Población de la ONU.

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