El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no es suficiente para resolver la crisis institucional provocada por los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración.
En un comunicado, el dirigente panista exigió que continúen las investigaciones, se esclarezca el destino de los recursos públicos y, en caso de comprobarse la comisión de delitos o responsabilidades administrativas, se castigue a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que hayan ocupado.
Romero Herrera sostuvo que Morena no puede deslindarse de Guadalupe Taddei, después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebrara públicamente su nombramiento en 2023 y reconociera su cercanía con integrantes de la familia de la entonces consejera presidenta.
Aseguró que los vínculos familiares de Taddei con funcionarios y representantes de Morena, el respaldo político que recibió del obradorismo y las decisiones legislativas que fortalecieron su poder como presidenta del INE contradicen los intentos del oficialismo por desvincularse de su gestión.
El presidente nacional del PAN recordó que en 2024 Morena impulsó una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permitió a la presidencia del INE designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin requerir la aprobación del Consejo General.
Por ello, Acción Nacional impulsa una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para retirar estas facultades extraordinarias y restablecer el mecanismo de designaciones colegiadas, mediante el voto de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.
El líder panista destacó que el objetivo es impedir que una sola persona concentre decisiones fundamentales sobre los nombramientos y la administración de los recursos del Instituto, así como recuperar los contrapesos internos que permitan prevenir posibles conflictos de interés.
Jorge Romero también exigió que la Cámara de Diputados garantice un proceso transparente y ciudadano para elegir a la nueva presidencia del INE, con perfiles de probada experiencia, honestidad e independencia frente a cualquier partido político.
Advirtió que sustituir a Guadalupe Taddei por una persona vinculada al mismo grupo político no resolvería las preocupaciones sobre la imparcialidad de la autoridad electoral, particularmente ante la proximidad de las elecciones de 2027.
El dirigente panista reiteró que Acción Nacional dará seguimiento a la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se solicita investigar posibles delitos relacionados con el manejo de recursos públicos, las contrataciones y la actuación de funcionarios y proveedores del organismo.
En el marco del trabajo territorial de los Defensores de México, coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, el PAN reiteró que la independencia de las instituciones democráticas forma parte de las causas que promueve a nivel nacional.
Jorge Romero insistió en que México necesita un Instituto Nacional Electoral que garantice el respeto al voto ciudadano y que su conducción responda exclusivamente a la Constitución y a la ley, no a los intereses del gobierno ni de partido político alguno.
Moreira pide investigación profunda y auditorias en el INE
El diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió una investigación profunda, auditorías integrales y una depuración de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei y afirmó que “son una pandilla de delincuentes que estropeó el sistema electoral mexicano y destruyó la confianza que durante décadas construyeron los ciudadanos y los partidos políticos para contar con elecciones confiables”.
En su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, Moreira Valdez sostuvo que “el problema va mucho más allá de una relación personal o de una licitación cuestionada, pues los señalamientos sobre proveedores, contratos y presuntas influencias en los nombramientos electorales ponen en entredicho el funcionamiento de todo el sistema”.
Recordó que la credencial para votar, el padrón electoral, las urnas transparentes, la tinta indeleble, las boletas foliadas y las actas con medidas de seguridad fueron resultado de décadas de lucha para garantizar elecciones limpias.
Advirtió que actualmente esos avances están bajo cuestionamiento por los señalamientos sobre personas y empresas que habrían tenido acceso a información y procedimientos sensibles del Instituto.
“Una pandilla de delincuentes estropearon el sistema electoral mexicano. Porque ya lo escucharon: él hizo las credenciales. ¿Usted le cree al INE ahora?”, expresó.
El legislador tricolor indicó que la problemática también alcanzó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), donde se han reportado empresas presuntamente relacionadas entre sí que obtuvieron contratos en distintas entidades.
En ese sentido, mencionó como ejemplo el caso de Hidalgo, donde dos contratos a favor de la empresa Cajas Graf sumarían cerca de 135 millones de pesos, además de los cuestionamientos sobre la impresión de boletas adicionales.
Ante este panorama, Moreira también exigió revisar y derogar la modificación al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), impulsada mediante una reserva del senador de Morena, Miguel Pavel Jarero, que permitió concentrar en la presidencia del Instituto facultades para realizar nombramientos sin el acuerdo de los demás consejeros.
Aseguró que la concentración de facultades debilitó los contrapesos y abrió la puerta a decisiones que hoy deben ser investigadas.
En su intervención, Mario Di Costanzo calificó como extremadamente grave la situación del INE y alertó que los señalamientos no se limitan a posibles conflictos de interés o contratos cuestionados, sino que ponen en duda la transparencia y legalidad de distintos procesos electorales.
Por su parte, el jurista Miguel Ángel Sulub Caamal expuso que una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la falta de documentación justificativa que acreditara la recepción, uso y destino de un millón 197 mil 579 materiales didácticos correspondientes a la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2024.
En su participación, Paco Lezama presentó un comparativo de seis partidas presupuestales del INE entre la elección intermedia de 2021 y los recursos propuestos para 2027.
Explicó que los montos destinados a arrendamientos pasaron de 100 a 358 millones de pesos; arrendamiento de vehículos, de 200 a 700 millones; impresión de material informativo, de 183 a 351 millones; material electoral, de 454 a 667 millones; impresión de documentos oficiales, de 514 a 737 millones, y operativos y trabajo de campo, de mil 157 a mil 300 millones.
Adicionalmente, Moreira Valdez señaló que estos incrementos deben explicarse y recordó que solicitó por escrito la comparecencia de la presidenta del INE ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para dialogar sobre el presupuesto.
Insistió en que no basta con una renuncia para resolver la crisis, “se necesita investigar, sancionar y retirar de sus cargos a quienes hayan participado en las irregularidades, además de recuperar los contrapesos y las decisiones colegiadas”.
Aseveró que Morena es responsable de los cambios que concentraron el poder en la presidencia del INE y resaltó que la institución debe recuperar su carácter ciudadano e independiente.
“Las elecciones sin confianza no son una opción. El Estado tiene el deber de dar certeza a la sociedad y a los partidos políticos”, dijo.
Finalmente, Julián Proa explicó que la modificación al artículo 45 de la LGIPE, promovida por el senador de Morena Miguel Pavel Jarero, otorgó a la presidencia del INE facultades para nombrar directamente a titulares de áreas ejecutivas y técnicas, por ello, planteó derogar esa disposición, revisar los nombramientos y contratos realizados durante la gestión de Taddei.
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