Sin un acuerdo formal y sin transparencia sobre los procedimientos, México recibe a miles de personas deportadas por Estados Unidos que no son mexicanas. Para muchas, la
deportación significa quedarse en la calle, sin documentos, sin protección y separadas de sus familias.
La política migratoria de Estados Unidos ha alcanzado niveles de crueldad y arbitrariedad que habrían sido difíciles de imaginar hace apenas unos años. Las deportaciones masivas, la eliminación de vías de protección y el envío de personas a terceros países forman parte de una estrategia que busca disuadir la migración a cualquier costo.
Pero esta política no podría ejecutarse con la misma facilidad sin la colaboración de otros gobiernos. México es hoy uno de sus principales aliados. No existe un acuerdo público y formal entre México y Estados Unidos que explique integralmente el procedimiento mediante el cual nuestro país recibe a personas
extranjeras deportadas desde territorio estadounidense.
Sin embargo, México se ha convertido, por mucho, en el país que más personas de otras nacionalidades recibe bajo
esta modalidad, pese a que Estados Unidos ha firmado acuerdos con 35 países para facilitar la deportación de personas a terceros Estados.
Las cifras son contundentes. En 2025, México recibió aproximadamente 13,000 mujeres, hombres, niñas y niños de nacionalidades cubana, salvadoreña, guatemalteca, haitiana,
hondureña, nicaragüense y venezolana deportadas desde Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2026, recibió a otras 6,000 personas. Se trata de una política sostenida, con consecuencias humanas.
El gobierno ha justificado estas recepciones por razones “humanitarias”. Pero ¿qué tiene de humanitario recibir a una persona en la frontera, subirla inmediatamente a un autobús
y trasladarla durante 30 a 50 horas hacia el sur del país, sin que exista certeza de que se hayan identificado sus necesidades de protección, salud o reunificación familiar?
El Instituto Nacional de Migración (INM) recibe a estas personas en distintos puntos de la frontera norte. Después, las traslada en autobuses a lugares como Villahermosa, Palenque y Tapachula, entre otros destinos que no hemos podido identificar con certeza.
Las solicitudes de transparencia presentadas para conocer el número de personas enviadas a cada lugar y los procedimientos aplicados no han permitido obtener la información necesaria. Esta opacidad impide conocer el alcance de una política pública, evaluar sus consecuencias y determinar si las autoridades cumplen con sus obligaciones legales.
También dificulta que las organizaciones de la sociedad civil podamos localizar y asistir a las personas afectadas. Alrededor del 80% de las personas deportadas a México bajo esta modalidad son cubanas y venezolanas, y aproximadamente una cuarta parte son mujeres. Una vez trasladadas al sur del país, muchas personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas son liberadas en la calle, sin información sobre sus derechos, sin documentos migratorios que les permitan acreditar una estancia regular y sin asistencia para solicitar asilo, comunicarse con sus familiares o resolver necesidades básicas.
En el IMUMI hemos conocido casos que muestran las consecuencias concretas de esta política. Varios hombres cubanos de edad avanzada deportados durante 2025 y con
enfermedades crónicas, han fallecido. Otros se encuentran hospitalizados enVillahermosa, Tabasco después de sufrir accidentes cerebrovasculares que les provocaron parálisis.
La obligación de proteger la vida y la integridad exige procedimientos concretos, responsabilidades institucionales claras y mecanismos de seguimiento. Hay otra consecuencia que permanece prácticamente invisible: la separación familiar.
Muchas de las personas deportadas dejan hijas e hijos, parejas y otros familiares en Estados Unidos. A diferencia de las personas mexicanas deportadas, que pueden regresar a su país y buscar los mecanismos disponibles para reunirse con sus familiares,
las personas extranjeras enviadas a México enfrentan obstáculos adicionales.
Ellas mismas carecen de documentos migratorios mexicanos y sus hijas e hijos, que permanecen en Estados Unidos, no cuentan con una visa para entrar a México. ¿Cómo puede una madre reunirse con sus hijas e hijos si no tiene una condición migratoria regular, recursos económicos, ni una vía accesible para trasladarlos? IMUMI ha intervenido en varios casos, buscando soluciones con autoridades mexicanas.
Sin embargo, no tenemos forma de conocer cuántas personas han sido separadas de sus familias. Solo nos enteramos cuando alguien logra contactarnos. No existe, hasta donde hemos podido conocer, un mecanismo sistemático que identifique estas separaciones al momento de la recepción y permita activar alternativas de reunificación. Mientras, son las familias las que pagan las consecuencias de la opacidad de los Estados.
Contenido sindicado vía RSS de Conexión Migrante. Nota original: https://conexionmigrante.com/2026-/10-/23/mexico-tercer-pais-de-deportacion-la-colaboracion-silenciosa-con-la-politica-migratoria-de-estados-unidos-primera-parte/