Doce años después de su asesinato, una sentencia condenó a los responsables, pero dejó fuera la tortura que sufrió el estudiante de Ayotzinapa. Su familia denuncia que persisten las omisiones y exige investigar a todos los involucrados
Texto: Camilo Ocampo
Foto: María Vergara Alba / Archivo Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO. – Julio César Mondragón Fontes tenía 22 años y quería convertirse en maestro rural. Era estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero la madrugada del 27 de septiembre de 2014, después de los ataques contra estudiantes en Iguala, Guerrero, su cuerpo fue encontrado en un camino de terracería, con el rostro desollado y múltiples lesiones.
Había sido torturado antes de morir. Su asesinato ocurrió durante la misma noche en que 43 normalistas fueron desaparecidos y otros estudiantes fueron atacados.
Doce años después, una sentencia judicial incorporó su homicidio a las condenas por los ataques de Iguala, pero no reconoció ni sancionó la tortura que sufrió.
El fallo, emitido el 10 de noviembre de 2026, condenó a 26 personas a 60 años de prisión por los asesinatos de seis personas, entre ellas Julio César, y otros delitos relacionados con los ataques. Sin embargo, para su familia, la resolución no representa el esclarecimiento de los hechos ni el acceso pleno a la justicia.
En entrevista para Pie de Página, Cuitláhuac Mondragón, tío del estudiante, cuestiona que después de doce años el proceso permanezca estancado, sin que se conozca quiénes participaron en la tortura, qué responsabilidades tuvieron las autoridades y por qué el expediente continúa sin reconocer jurídicamente la violencia que sufrió el normalista. La familia sostiene que la sentencia repite una narrativa que deja fuera elementos fundamentales de la investigación.
Una sentencia que deja fuera la tortura
El fallo del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, corresponde a la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018, relacionadas con los ataques ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Entre las personas condenadas se encuentran el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado como inductor de los homicidios, y Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, considerado autor mediato. La resolución reconoce responsabilidades por el asesinato de Julio César, pero no incorpora la tortura como un delito que deba investigarse y sancionarse de manera independiente.
Para la familia, esa omisión resulta especialmente grave porque existen antecedentes periciales que documentaron las lesiones. En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el joven fue torturado y murió a consecuencia de las agresiones. El organismo documentó 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna vertebral.
Cuitláhuac Mondragón cuestiona que, pese a ese dictamen, las resoluciones judiciales continúen refiriéndose únicamente al homicidio calificado. «En el caso de Julio César, es claro que no viene el delito de que fue torturado, muerte por tortura», señala.
La familia tampoco ha tenido acceso pleno a las pruebas ni a las diligencias que sustentaron el proceso. De acuerdo con su tío, las notificaciones judiciales les informan sobre las personas involucradas y las resoluciones, pero no les permiten conocer de manera transparente cómo se construyeron las conclusiones.
«Nosotros tenemos derecho a conocer la verdad», reclama. Para los Mondragón, una condena no puede sustituir el esclarecimiento de las circunstancias en las que Julio César fue torturado, ni determinar por sí sola que todas las responsabilidades quedaron resueltas.
Cronología de un caso que no termina
Durante los ataques de Iguala, Julio César Mondragón fue agredido y torturado. Su cuerpo es localizado al día siguiente en el Camino del Andariego. La primera necropsia establece como causa de muerte un homicidio calificado ocasionado con un objeto contundente, sin reconocer la tortura. La familia se inconformó con el dictamen y firmó bajo protesta cuando recibió el cuerpo.
Un año después, en 2015, la familia consiguió que se realizara un nuevo examen forense. El proceso, en el que participaron especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la CNDH y la defensa, se prolongó por problemas administrativos y burocráticos. Lo que estaba previsto para una semana termina por extenderse durante meses.
En 2016 los resultados del nuevo dictamen documentaron la tortura. La CNDH reconoce que Julio César fue sometido a una violencia extrema antes de morir. Sin embargo, según su familia, el reconocimiento no se tradujo en una investigación judicial que incorpore el delito de tortura: las notificaciones y actuaciones siguieron refiriéndose al homicidio calificado.
Para 2018 el caso pasa al fuero federal, después de que la familia exigiera que las investigaciones dejaran de estar fragmentadas en instancias locales. La causa quedó radicada en Matamoros, Tamaulipas, lejos del lugar de residencia de los familiares, lo que dificulta el seguimiento de las diligencias, los traslados y la representación legal.
En la actualidad, después de conocerse la sentencia, los familiares reiteran su exigencia de que la Fiscalía General de la República investigue la tortura, identifique a quienes la cometieron, ordenaron o permitieron y no dé por cerrado el caso con las condenas por homicidio.
Las pistas que siguen sin investigarse
Una de las preguntas que persiste es la posible participación de agentes de seguridad y elementos militares. Cuitláhuac Mondragón señala que el cuerpo fue encontrado a unos 200 metros del entonces Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), el cual estaba bajo control del Ejército.
«Hay un dato muy importante: estaba a 200 metros de lo que era el C-4 y que en ese entonces el C-4 era controlado por el Ejército», sostiene. Añade que, al revisar los expedientes, encontraron que el Ejército habría sido quien reportó el hallazgo del cuerpo.
La familia también ha denunciado que información relacionada con el teléfono celular de Julio César fue omitida de las reconstrucciones oficiales.
En 2023, sus familiares señalaron que el aparato continuó activo después de su asesinato y que habría mantenido comunicaciones con personas vinculadas al Campo Militar número 1 y al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Estas pistas, sostienen, no han sido esclarecidas de manera suficiente.
En aquella ocasión, también cuestionaron que las investigaciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa apuntaran a un solo presunto responsable, identificado como «El Choky», sin explicar de manera integral la participación de otras personas ni las posibles responsabilidades de las autoridades.
La sentencia reciente vuelve a abrir ese cuestionamiento. Aunque incluye a funcionarios municipales entre los condenados, como a José Luis Abarca, no resuelve quiénes torturaron al normalista ni qué otras personas participaron en su asesinato.
Para su familia, tampoco basta con que se dicten condenas si las investigaciones siguen sin explicar el conjunto de los hechos.
«Estamos en el mismo momento en que fuimos a recoger a Julio César»
Para Cuitláhuac Mondragón, la resolución no representa un avance sustancial. La familia esperaba que el proceso judicial permitiera esclarecer los hechos y reconocer las distintas violaciones cometidas contra el estudiante. Sin embargo, considera que las autoridades siguen sin responder a las preguntas centrales.
«Después de 12 años estamos en el mismo momento en que fuimos a recoger a Julio César», dice. Recuerda que desde la primera entrega del cuerpo se inconformaron con el dictamen, porque las lesiones eran visibles y no correspondían con la explicación que les dieron sobre su muerte.
La falta de información sobre las pruebas y el desarrollo del proceso también ha profundizado la desconfianza de la familia hacia las autoridades. Su tío cuestiona que la justicia continúe sustentándose en declaraciones y reconstrucciones que no les permiten conocer de manera clara qué ocurrió aquella noche.
«Finalmente, a mí me dan el papel, me notifican, y este fulano está, y este dijo, y en la próxima ya le componen», reclama sobre la manera en que han conocido las resoluciones judiciales.
También señala que las investigaciones no han alcanzado a los mandos ni a todas las personas que pudieron tener responsabilidad. La sentencia, dice, vuelve a dejar fuera aspectos que la familia ha señalado desde los primeros años del caso.
La preocupación se extiende a los intentos de criminalizar al normalista, incluso doce años después de su asesinato. Cuitláhuac denuncia que continúan circulando versiones que pretenden vincular a Julio César con el Ejército o presentarlo como infiltrado, sin pruebas que sustenten esas afirmaciones.
«Lo que duele mucho es esa criminalización», dice. Para la familia, estas versiones no sólo distorsionan la memoria del joven, sino que también prolongan el daño y la incertidumbre que han enfrentado desde 2014.
El siguiente paso, sostiene, es insistir en que las autoridades investiguen la tortura, las posibles responsabilidades estatales y las pistas que continúan sin esclarecerse. La familia mantiene su exigencia de ser recibida por la presidenta Claudia Sheinbaum y conocer qué cambios en el sistema judicial permitirán que su caso avance.
Doce años después, Julio César Mondragón tiene una sentencia por homicidio, pero su familia continúa buscando que se reconozca la tortura, que se investigue a todos los responsables y que el asesinato de un joven que quería convertirse en maestro rural no termine reducido a una condena que deja parte de la violencia sin respuesta.
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