Un informe del Comité Científico de la SECIHTI y la SENER reabrió el debate sobre la soberanía energética en México al plantear una evaluación condicionada de la fracturación hidráulica (fracking) en el noreste del país para reducir la dependencia del gas estadounidense. Mientras las autoridades sostienen que existen nuevas tecnologías y restricciones para mitigar el impacto socioambiental, organizaciones civiles rechazan la medida al considerar que las supuestas innovaciones carecen de sustento práctico y amenazan la seguridad hídrica de las comunidades.
Texto: Andrea Amaya
Foto: Duilio Rodríguez / Archivo Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO.— El debate sobre la soberanía energética en México tomó un giro decisivo tras la presentación de los resultados del primer informe del Comité Científico sobre Yacimientos de Gas Natural No Convencional. El grupo multidisciplinario, liderado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Secretaría de Energía (SENER), propone una ruta de evaluación condicionada para el uso de la fracturación hidráulica (fracking) en el noreste del país. La estrategia gubernamental busca mitigar la dependencia energética nacional frente a Estados Unidos, de donde actualmente se importa cerca del 75 % del gas natural consumido.
Sin embargo, la propuesta oficial ha encendido las alarmas de organizaciones civiles y ambientales. La Alianza Mexicana contra el Fracking emitió un posicionamiento denunciando que las supuestas innovaciones tecnológicas que sustentan el informe carecen de comprobación científica generalizada en la práctica, y que habilitar esta técnica en regiones vulnerables amenaza la seguridad hídrica y los derechos humanos de las comunidades.
La postura oficial y la evolución técnica: la mirada desde el Comité Científico
Dentro de las recomendaciones del informe oficial se establece una prohibición explícita para desarrollar yacimientos no convencionales en la cuenca Tampico-Misantla, priorizando criterios socioambientales, densidad demográfica y presencia de pueblos originarios. En contraste, el informe autoriza realizar estudios geológicos y pruebas piloto para evaluar la viabilidad de la extracción en las cuencas de Burgos (Tamaulipas) y Sabinas-Burro-Picachos (Coahuila y Nuevo León).
Para profundizar en los criterios científicos detrás de este dictamen, en entrevista para Pie de Página, el doctor Omar Arellano Aguilar, profesor titular en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT) de la UNAM y coordinador del Grupo de Impacto del comité técnico, subraya que la tecnología de fracturación ha experimentado cambios documentados en la literatura científica reciente respecto a la utilizada hace una década:
«Hace diez años, con la información accesible de portales de Estados Unidos y Canadá, se reportaba el uso de alrededor de 920 sustancias químicas en los fluidos. Al revisar la literatura reciente, esa lista se redujo a solo 40 moléculas. Además, antes se utilizaba cerca de un 40 % de fluido químico; actualmente se reporta el uso de entre el 80 % y el 90 % de agua, mientras que el fluido representa entre el 10 % y el 15 %», enfatiza.
El especialista detalla que los aditivos químicos cumplen funciones operativas precisas, como biocidas, reductores de fricción e inhibidores de incrustación, y aclara que términos como biodegradable no deben confundirse con la ausencia de riesgo: «Un producto puede ser biodegradable y tóxico al mismo tiempo; la diferencia radica en que se degrada más rápido en el ambiente y es menos persistente».
Respecto al uso del agua en zonas de severo estrés hídrico, las condicionantes fijadas por el comité exigen la prohibición total de agua dulce superficial o subterránea destinada al consumo humano o agrícola, planteando en su lugar el uso exclusivo de agua salada de formaciones profundas (a más de 3000 metros) y la obligación de reciclar al menos el 75 % del volumen empleado.
Sobre el manejo del líquido, el doctor Arellano explica el desafío que representa el agua de retorno (flowback): mientras al pozo se inyecta una mezcla controlada con 40 moléculas, al retornar a la superficie el fluido puede traer consigo hasta 130 moléculas y minerales extraídos del subsuelo. Por ello, aclara que el 25 % restante no reciclable exige métodos estrictos de tratamiento como floculación u ósmosis inversa para evitar descargas contaminantes.
En cuanto a la viabilidad de calificar esta actividad como sustentable, el académico de la UNAM marca una clara distancia frente a la postura oficial:
«Yo no comparto la definición de fracking sustentable; para mí el adjetivo “sustentable” no aplica aquí. Es una actividad riesgosa y hay que tomar todas las consideraciones para reducir ese riesgo al máximo, pero siempre existirá un margen. Debemos analizar con claridad cómo opera actualmente esta actividad, evaluar qué condiciones tiene México para establecer directrices, evitar un impacto mayor y ver qué tecnologías están disponibles», enfatiza.
Asimismo, recalca que las recomendaciones condicionan cualquier avance a la elaboración de líneas base ambientales independientes que evalúen la conectividad ecológica de los acuíferos, la instalación de sistemas de alerta por semáforo para detener operaciones ante la menor alteración química en pozos someros, y la realización obligatoria de consultas previas, libres e informadas con las comunidades locales.
La denuncia ambiental
En el extremo opuesto del debate, la Alianza Mexicana contra el Fracking —frente que agrupa a más de 90 organizaciones como CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace México— emitió una postura tajante rechazando las conclusiones presentadas por el comité multidisciplinario.
La Alianza señala que el encargo otorgado al comité coordinado por la SECIHTI padece de un sesgo de origen: en lugar de evaluar la prohibición total de la técnica, se enfocó en buscar vías para justificar su extracción. La organización cuestiona severamente que el comité carezca de representación directa de las comunidades potencialmente afectadas, así como de expertos en epidemiología y derechos indígenas.
El punto central de la crítica de la Alianza radica en el sustento científico de las denominadas tecnologías limpias reportadas por el gobierno:
«El Gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO₂), o sustancias biodegradables. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo. No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking», sentencian.
Geografía del conflicto y lo que está en juego
Aunque el informe oficial celebra el blindaje de la cuenca Tampico-Misantla en beneficio de las comunidades de la Huasteca y el norte de Veracruz, agrupaciones regionales como el Frente Noreste Sin Fracking advierten que desplazar la presión extractiva hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas equivale a consolidar un territorio de sacrificio en el norte del país.
Mientras el gobierno federal defiende que los estudios exploratorios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y de la SENER determinarán con rigor técnico la viabilidad real de los acuíferos profundos antes de extraer el primer pie cúbico de gas, las organizaciones civiles exigen la prohibición constitucional absoluta de la fracturación hidráulica.
El debate sobre la energía en México queda así enmarcado en una profunda disyuntiva: la urgencia estatal por alcanzar la soberanía energética frente a una factura socioambiental que, para las comunidades locales y los frentes ecologistas, resulta impagable.
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