Miami.— Los estadounidenses acudirán este martes a votar en las elecciones intermedias bajo la sombra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las detenciones cerca de los lugares habilitados para recibir votos y las excepciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump han generado preocupación.
“Por favor, en las elecciones de cualquier índole quienes votan son ciudadanos estadounidenses; su origen, apellido o idioma no disminuyen ese derecho”, dice a EL UNIVERSAL Raúl Celorio, ciudadano de origen salvadoreño.
En Yuba City, en el norte de Sacramento, California, Mary Page-Molinar acudió con su esposo a la oficina electoral del condado de Sutter, el 19 de octubre, para ejercer su voto anticipado; había reportes de agentes migratorios en las inmediaciones, pero aunque expresó su preocupación por la posible presencia del ICE, aseguró a un medio local: “No voy a dejar que nadie influya en mi voto”. Otro elector, Daniel Matthews, reaccionó a la presencia reportada de agentes federales: “Tienen que irse”, expresó.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés ), responsable del ICE, sostiene que no prepara operaciones “en áreas de votaciones a nivel nacional. “ICE no está planeando operaciones dirigidas a los centros de votación”, aseguró al Gran Diario de México un portavoz consultado. Sin embargo, añadió que una intervención específica “podría terminar en arrestos si una amenaza activa pusiera en peligro un centro electoral o se detectara a algunas personas con antecedentes penales”.
“Si estamos ejecutando una orden, estaremos donde tengamos que estar”, afirmó el secretario de DHS, Markwayne Mullin.
Esa excepción fue cuestionada por Jonathan Diaz, director de defensa del voto y alianzas del Centro Legal de Campañas, organización especializada en derecho electoral, y les recordó que “la ley no establece excepciones para las tareas policiales rutinarias”.
El pasado 5 de octubre, día en que comenzaron a funcionar los buzones electorales en California, agentes identificados por el Allan Hnacock College como integrantes del ICE detuvieron en la ciudad de Santamaría al padre de una estudiante en el estacionamiento número dos del campus; la institución confirmó que no recibió aviso previo ni colaboró. La hija, identificada como Mayrin, explicó que su padre la llevaba a clases.
Según una demanda ampliada contra el DHS, presentada el 7 de octubre, los electores debían pasar por el área donde actuaban los agentes para llegar hasta los buzones. El portavoz del ICE, James Stossel, dijo a Noozhawk que la agencia no tenía registro de actividad en el campus. El presidente de la institución, Kevin Walthers, sostuvo que había fotografías de agentes identificados y un reconocimiento verbal de su presencia.
Unos 15 días después, poco antes de la una de la tarde, agentes armados y enmascarados interceptaron un vehículo en la entrada sur del Centro Gubernamental Murray Nelson, en Cayo Largo, en el condado de Monroe, sur de Miami; el edificio funcionaba como centro de votación anticipada. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dependencia federal contra la migración indocumentada, igual que el ICE, confirmó que miembros de la Patrulla Fronteriza arrestaron a Arwiin Pillay, ciudadano de Malasia.
Según su explicación a Scripps News, los agentes intentaron detenerlo en la carretera y el conductor entró en el estacionamiento adyacente a un recinto electoral. “La manera de ser de [el presidente estadounidense, Donald] Trump no es normal, si pueden ahuyentar a demócratas lo va a intentar; pero no importa lo que haga, tiene perdidas estas elecciones. Su partido se va a ir del Congreso y a él le esperan muchos, muchos dolores de cabeza, pero ni con eso compensa las patadas y golpes contra nuestros paisanos de parte de ICE”, señala a este medio la activista Laura Gómez.
“Es difícil recibir estas llamadas de votantes que están asustados. Les tiembla la voz, tienen mucho miedo”, indicó la supervisora electoral del condado de Monroe, Sherri Hodies, quien abrió una investigación. Jim Horan, trabajador de un restaurante cercano que grabó la intervención, advirtió sobre su efecto entre habitantes de distintos orígenes de minorías: “Son situaciones que nos intimidan”.
En San Antonio, Texas, hubo una detención con participación del ICE junto a la biblioteca Las Palmas, el 20 de mayo, durante las votaciones primarias. La policía estatal encabezó el arresto y el condado afirmó que el detenido no era votante. En Minneapolis, Minnesota, se documentaron al menos dos episodios de arrestos en el vestíbulo del edificio gubernamental del condado de Hennepin, cerca del espacio utilizado para votar anticipadamente.
La preocupación abarca a ciudadanos que temen ser confundidos con extranjeros sujetos a deportación; Philippe Bolopion, director ejecutivo de Human Rights Watch, lo expresó en un comunicado del 20 de octubre: “Los votantes no deberían temer quedar atrapados en una redada del ICE cuando acuden a las urnas”. La organización pidió mantener a los agentes alejados de los lugares donde se reciben votos.
“Si una intervención provoca que los electores se retiren por miedo, algo se tiene que hacer para que puedan regresar y emitir su voto”, subraya Gómez. Investigar después será necesario, “pero no reparará por sí solo la exclusión de quienes perdieron la oportunidad de participar”.
Certificación de los resultados, otra batalla
Después de que los estadounidenses depositen su voto este martes en las elecciones legislativas, comienza el proceso de escrutinio y certificación de los resultados, que se perfila como un nuevo campo de batalla ante el riesgo de disputas y negativas a oficializarlos.
Ante la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, ha intentado ampliar el control federal de las elecciones amenazado con interferir en el proceso de certificación, regido por las leyes de cada estado.
Tanto el Partido Republicano como el Demócrata pretenden reforzar la vigilancia y desplegar decenas de observadores. El gobierno anunció una recompensa de un millón de dólares para quienes aporten información sobre posibles casos de fraude electoral.
El Departamento de Justicia anunció que desplegará más de mil observadores en 50 estados.
Todavía ayer, Trump pidió a la Corte Suprema que obligue a las autoridades de California a no tener en cuenta más de 20 mil papeletas de voto hasta comprobar la nacionalidad de esos electores. Un tribunal federal rechazó la semana pasada un requerimiento en ese sentido del Departamento de Justicia a las autoridades electorales de California, un estado tradicionalmente demócrata del oeste del país. El mandatario cerró su campaña con un discurso frente al estanque del monumento a Abraham Lincoln, donde defendió sus reformas para hacer de la capital un lugar “bello y seguro de nuevo”.
“Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida”, declaró Trump a su base, en un último esfuerzo por hacerlos salir a votar, ante los pronósticos de que los republicanos podrían perder el control del Congreso.
Con información de Agencias.
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