La historia reciente de la Colección Gelman, desde que la adquirió el empresario Lorenzo Zambrano, y su traslado a Cantabria, España —donde se exhibirá a partir de este martes 8 de septiembre en el Faro Santander—, debe ser el punto de partida hacia una reflexión sobre las leyes y normas de protección del patrimonio artístico del país.
Y no porque la legislación sea inconstitucional u obsoleta, como lo plantearon en algunos medios algunos analistas defensores del convenio tripartita: el Banco Santander, el propietario Zambrano —a quien le otorgó un préstamo multimillonario para su adquisición— y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) que dio su aval; sino porque los hechos obligan a fortalecerla y a encontrar mecanismos que puedan mediar entre el interés público y el privado.
En ello coinciden el escritor y crítico de arte Luis Ignacio Sáinz y el especialista en legislación cultural Bolfy Cottom.
Es necesario, asimismo, hacer una revisión del desinterés, falta de voluntad política y omisión de las autoridades culturales, quienes han avalado desde el sexenio de Ernesto Zedillo el opaco manejo de obras emblemáticas del acervo, atesorado por el matrimonio estadounidense de Jaques y Natasha Gelman, a partir de que el curador Robert R. Littman lo asumió como su legatario y albacea, tras la muerte de la señora Gelman en 1998.
En lo que va del actual gobierno, llama la atención el apoyo de la 4T a Santander sin esclarecer los términos del acuerdo, debido a que en su discurso se presume antineoliberal y antihispanista, defensora de la soberanía nacional.
No obstante, antes de finalizar la exhibición del acervo en el Museo de Arte Moderno, el pasado 19 de julio, se dio a conocer que la institución bancaria otorgó un nuevo préstamo a Zambrano —a pagar en doce años, con la misma garantía de la colección—, registrado ante la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard. Cabe recordar que, en 2001, el político participó en el Frente Pro-Defensa del Acervo Cultural de Banamex ante su venta a Citi Group y demandó su expropiación. Hace dos años, ya como secretario de Relaciones Exteriores de la 4T, planteó nuevamente esa posibilidad cuando Citi ofreció a la venta acciones de Banamex. Ahora, frente al caso Gelman, no asumió ninguna postura.
A decir de Sáinz, tanto el fallecido Rafael Tovar y de Teresa como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura), como el sociólogo Gerardo Estrada Rodríguez (director del INBA de 1993 a 2000 y director general de Asuntos Culturales de la Cancillería entre 2000 y 2003), fueron claves en el destino del legado de los Gelman.
Estrada, en entrevista en su casa de Coyoacán, admite que durante el gobierno de Zedillo se tuvo la oportunidad de adquirirlo; entonces costaba 300 millones de dólares (mdd), pero Littman pedía 200 mdd.
Dice que Tovar, fundador de la Secretaría de Cultura y su primer secretario entre 2015-2016, no le permitió “tomar cartas en el asunto, primero con el argumento de que él era amigo de la señora Natasha, antes de que ella muriera”. Tampoco cuando Littman ofreció en venta la colección: “Tenía que ser así porque era una cantidad muy fuerte”, pues todos los asuntos presupuestales pasaban a través de Tovar.
Según el sociólogo, el presidente del Conaculta “hizo lo que pudo” pero la decisión final era de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y “como dijo una de las nuevas funcionarias de Cultura, este país tiene otras prioridades, aunque ¿de qué se enorgullecen los países sino de su cultura?”. Hasta asegura que ya cuando estaba al frente del Auditorio Nacional, Tovar le pidió investigar si ese espacio pudiera albergar el acervo. El arquitecto Teodoro González de León, responsable de su remodelación, les advirtió que no era un sitio adecuado para obras artísticas de esa valía.
Lo cierto es que la percepción entre la opinión pública especializada en el tema es que el gobierno no se esforzó realmente por negociar y proteger el acervo. Se recordará, en cambio, que Estrada fue el mediador cuando Littman aceptó un acuerdo con las empresas Costco-Comercial Mexicana para exponer la colección en el Centro Cultural Muros en Cuernavaca, durante quince años, que no llegaron a su fin. Estrada era cercano a la familia González Nova, dueña de la cadena Comercial Mexicana (CM).
Conoció a Littman en persona al poco tiempo de la muerte de la señora Gelman, a través de Magda Carranza (quien por años fue curadora del acervo, además de formar parte del Patronato del Museo Tamayo y miembro fundadora del Patronato de Arte Contemporáneo) porque ella lo visitaba para los permisos relacionados con las obras.
- ¿Entonces la conoció primero a ella?
- Sí, porque era amiga de mi entonces esposa y nos veíamos socialmente con frecuencia.
- ¿Qué impresión le dio Littman cuando lo conoció?
- Pues buena. Frente a todas las acusaciones y quejas de él sobre que se había aprovechado, yo no… Bueno, supongo que se aprovechó y tuvo algunas ganancias, pero siempre fue respetuoso de la ley, del testamento, yo no tenía queja de él ni recibí beneficio alguno.
Hace años declaró a esta reportera que vio el testamento en el cual Littman quedó como albacea y legatario, con la cláusula indicativa de que la colección debía quedar íntegramente en un museo privado o un espacio que se le construyera exprofeso en México.
Con un “me voy a meter en un lío”, cuenta ahora que cuando Costco-CM quiso comprar el terreno del Hotel Casino de la Selva, dependía de él la autorización de demolerlo, pues si bien los famosos murales del lugar no tenían declaratoria de patrimonio, todas las obras murales están a cargo del INBA. La empresa ofreció construir un Centro Cultural para resarcir la destrucción del hotel y él pensó en la posibilidad de un acuerdo con Littman, quien buscaba un espacio en Cuernavaca para albergar la colección. Ambas partes aceptaron y el convenio se concretó en Seattle, Estados Unidos.
La pregunta es si conservó copia del testamento, dado que estaba fungiendo como enlace. Su respuesta es no, porque en realidad le mostraron sólo copia de una hoja en donde se señala lo que tanto se ha repetido: Littman es legatario y albacea, y el deseo de los Gelman era que se construyera un espacio para que la colección se conservara en México sin desbalagarse. Los abogados de Littman le dijeron que “no podía exigir más” pues le habían mostrado la hoja de “buena fe”.
Para entonces ya no era funcionario del INBA sino de Relaciones Exteriores, pero dice que consultó con el Jurídico del instituto y éste le comentó que no había problema. El sociólogo, quien mantuvo relación con Littman durante mucho tiempo tras ese acuerdo, dice haber sentido pena cuando el curador le contó el problema legal por el acervo:
“No sé bien cómo estuvo la historia, pero la versión que yo tengo es que fueron a amenazarlo, él acudió a las autoridades y le recomendaron que retirara la colección. La retiraron y la escondieron o la guardaron o se la llevó Littman a Nueva York”.
-Si fue a Nueva York, ¿debió ser con supervisión del INBAL?
- Así es, eso no lo dudo porque ellos la seguían viajando para todos lados. Mientras yo estuve en Bellas Artes, tuve muy buen trato con Littman y con Magda Carrnza, la viajaban, estaba dos años fuera y regresaba a supervisión del Cencropam (Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble), a cargo de Walther Boelsterly.
“Ahora, ante la decisión de Bellas Artes, me sentí impotente... En lo personal me parece que ese acuerdo (con Santander) sigue sin estar claro. Entiendo en el fondo la razón de doña Alejandra de la Paz (actual directora del INBAL) que es la misma, no hay dinero, y en un gobierno como éste hay más peros, lo consideran un lujo”.
Agrega el exfuncionario que no quiere entrar en polémica con De la Paz, “es mi amiga y ha tenido muchas atenciones conmigo”, ni con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, pero considera necesario aclarar el papel que cada uno jugó en esta historia.
No hay inconstitucionalidad
En medio de las controversias en torno al traslado a Santander, se abrió otro frente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del cuadro Autorretrato con medallón, de Frida Kahlo, interpuesto por el Banco Ve por más, para determinar si es constitucional prohibir su exportación definitiva, como lo establece el decreto presidencial de 1984, mediante el cual las obras de la pintora fueron declaradas Monumento Artístico.
Ante este panorama, se publicaron diversos textos periodísticos cuestionando el decreto y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aprobada en 1972, por considerar que se basan en un falso nacionalismo. Asimismo, apoyan la idea de una exhibición permanente de Frida en el extranjero para disfrute de otros países, que atraería turismo a nuestro país.
Cottom y Sáinz coinciden en que es legítimo discutir sobre la ley y el contexto en el cual se forjó, pero hoy sigue vigente y por tanto debe ser cumplida.
El especialista en legislación cultural rechaza que el marco normativo responda a principios nacionalistas y se descalifique el concepto de interés nacional. No es un principio exclusivo de México: Existen varios Estados nacionales desde tiempos antiguos, incluso la corona española se preocupó por preservar y proteger ciertos bienes. En su libro Debates por la Cultura, publicado en 2016, compila la participación de diversos investigadores, especialistas y creadores en la discusión sobre la legislación, entre ellos Gonzalo Aguirre Beltrán, Jorge Alberto Manrique, Raquel Tibol, David Alfaro Siqueiros, José Luis Cuevas y Bernardo Bátiz.
Se pueden expresar opiniones y admitir que hay en el tema una lucha política -continúa-, pero los argumentos legales son de otro orden. Se ha señalado una contradicción entre la Ley de Monumentos que posibilita la exportación tanto temporal como definitiva de bienes artísticos, y su reglamento que prohíbe la definitiva. Por ello, detalla que ambos tipos de exportación deben contar con el permiso del instituto competente, en este caso el INBA, “en los términos del Reglamento de la Ley”. Éste dice a su vez: “queda prohibida la exportación definitiva de los bienes artísticos de propiedad particular que de oficio hayan sido declarados monumentos”.
Luego, el Estado tiene facultades para declarar los bienes que considere de valor e importancia para el conocimiento y la investigación científica en los ámbitos antropológico, cultural, sociológico, histórico, etcétera, y al ser declarados tienen limitantes de derechos, entre ellos no pueden salir del país sino con la autorización del instituto competente que establecerá la temporalidad, y el propietario está obligado a procurar su conservación.
“¿Por qué esto no es inconstitucional? Porque la Constitución no regula temporalidades, no establece si es temporal o es prohibido. Si acaso, lo determina el poder Legislativo y, en su caso, la administración pública, no el Constituyente. Imagínese usted a los constituyentes discutiendo cuánto tiempo van a dejar que salga una obra… En una ley en la materia sí cabe discutir si se va a permitir o no, pero los legisladores tampoco tienen todos los elementos porque no son los especialistas. Entonces es una falacia esto de la inconstitucionalidad”.
Además, agrega, sería muy grave si la Corte invalidara una ley aprobada por el Congreso, puesto que se instrumentó la elección de los actuales ministros argumentando que los anteriores tomaban atribuciones legislativas. Los defensores de las obras declaradas patrimonio (como los que se organizaron en contra de la salida de la Colección Gelman) podrían interponer recursos bajo la figura de amicus curiae para hacerle llegar a la SCJN opiniones especializadas que aporten en su toma de decisiones fundamentadas.
Puntualiza el experto que no son disposiciones cerradas, pues permiten la exportación temporal, salvo en los casos en que una obra esté en peligro por determinadas causas. Por lo cual, ve “una voluntad de arremeter contra un instrumento que, les guste o no, ha detenido la especulación”. Cottom no está contra la inversión privada, reconoce que hay un coleccionismo consciente. Lo que falta, considera, son políticas públicas capaces de dialogar para encontrar el punto medio entre los intereses de la iniciativa privada y el interés de la nación.
Por su parte, Sáinz responde a la idea de que las obras de una artista como Frida debería contar con salas permanentes en museos como el Louvre de París, o el Metropolitano de Nueva York, como las de artistas universales están en museos de diversas ciudades del mundo:
“Ya quisiera que fueran a Grecia a decirles eso, cuando el saqueo en Pérgamo o el de Berlín (durante la Segunda Guerra Mundial) está todo en Londres, creo que es absolutamente incorrecto”.
Plantea el investigador: si mañana se quiere “quemar en una pira pública como a Giordano Bruno” la Ley sobre Monumentos y cambiarla, que se haga, pero hoy está vigente y primero debe cumplirse.
Cuando se le pregunta si cree que prosperen los amparos interpuestos por miembros del colectivo Defendamos la Colección Gelman, no expresa del todo incredulidad, pero recuerda que Jesús María Tarriba, esposo de Sheinbaum, fue director de Riesgos en el Banco Santander, en España. Ahora es analista de Riesgos del Banco de México. Por lo pronto, se logró el anuncio precipitado del regreso de la colección en 2028 para una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, aunque -en realidad- no se ha concretado el acuerdo.
Son ya casi cuatro décadas en las cuales las autoridades culturales han sido “absolutamente omisas”, comenzando por Tovar y Estrada. Desde un inició debió darse un tratamiento diferenciado a las obras no declaradas de las que son Monumento Artístico, pero no les interesó:
“Sin tener ninguna prueba sustantiva al respecto, me genera enormes sospechas cómo es posible que una colección de primerísimo nivel termine siendo desdeñada por las máximas autoridades de Cultura federal, Tovar tenía más delectación por la música, pero Estrada por las artes plásticas y visuales, ambos tenían una cultura superior a la media sobre estos temas… no hay manera de aducir ignorancia, sabían perfectamente de lo que se trataba, de su importancia”.
Tampoco le parece razonable la actuación de Alejandra de la Paz y de Curiel de Icaza. Y más sorprendente cómo Littman “pasó de ser un empleado de Televisa (en el Centro Cultural Arte Contemporáneo), a manejar, ser albacea y propietario de esta colección”. Lamentablemente -remata-, todo esto “no está documentado”.
Contenido sindicado vía RSS de El Universal Cultura. Nota original: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/confabulario/el-desden-sello-el-destino-de-la-coleccion-gelman/