Son 67 familias de la comunidad Tzanembolom, ubicada entre los municipios chiapanecos de Pantelhó y Chenalhó, quienes se negaron a sumarse al grupo armado «Los Herrera»; eso les valió agresiones que los obligaron al desplazamiento forzado. Hoy siguen viviendo en bodegas y cuartos rentados, abandonados por las instituciones a las que, por enésima ocasión, piden intervengan para que puedan retornar y para que detengan a sus agresores. En el registro oficial del gobierno, su tragedia aparece solo con dos palabras: «conflictos sociales»
Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
CHENALHÓ, CHIAPAS. – Llueve sobre la Casa de la Cultura de Chenalhó y adentro también. En el cuarto donde duermen las familias desplazadas de Tzanembolom Centro hay goteras, colchonetas extendidas sobre el piso de mosaico, ropa colgada de clavos en las paredes descascaradas, cobijas dobladas sobre sillas de plástico. No hay puertas que separen nada de nada. Afuera, la gente que llega a hacer trámites a este lugar entra y sale, usa el mismo baño que los desplazados, pasa sobre el lugar donde sus hijos juegan, jalan las tortillas que las mujeres cuecen sobre un comal en su cocina improvisada al aire libre.
El espacio donde duermen las familias que permanecen en la Casa de la Cultura: colchonetas sobre el mosaico, ropa colgada de las paredes, goteras. Foto: Ángeles MariscalLos ancianos y ancianas pasan el día sentados en una banca del corredor. El anciano de mayor edad viste una camisa blanca, cruza las manos sobre el pecho; ella, de negro, sostiene su bastón sin mirarlo. Otra mujer se recarga en un pilar, con la mirada perdida en el horizonte. Él tiene 94 años; ellas, 84 y 86. Están enfermos, tienen ceguera, diabetes y, sobre todo, una depresión profunda.
«Aquí en este lugar ya no estamos viviendo muchos, porque ya salieron varios, no cabíamos todos y los que estaban más sanos se fueron a rentar cuartos», dice Vicente Rodríguez, quien era agente rural de la comunidad que abandonaron.
Las demás familias —son 67 en total, 267 personas— rentan cuartos en la cabecera municipal o se dispersaron adonde pudieron. Las que quedan en la Casa de la Cultura cocinan afuera, con leña, porque el gas se acabó hace mucho; ahí las señoras muelen el nixtamal y tortean bajo el cielo que a veces quema y a veces moja.
«Nada más donde recalentamos la comidita. Y la comida la estamos comprando por cuenta de nosotros solos. No tenemos apoyo, no tenemos nada», dice su esposa, también enferma de diabetes.
Desde que Protección Civil retiró el estufón y los cilindros de gas, en noviembre de 2024, las mujeres cocinan con leña en un fogón improvisado bajo una lona. Foto: Ángeles Mariscal«O se unen, o los matamos»
Para entender cómo llegaron aquí hay que regresar a julio de 2024, a los nueve días que un centenar de personas de Tzanembolom Centro pasaron encerrados en el auditorio de su escuela, mientras afuera los hombres armados controlaban los caminos.
«Nueve días estuvimos encerrados ahí. No teníamos comida, no teníamos agua. Todo lo de la lluvia que caía quedaba en charcos. Esa agua la juntábamos y la tomábamos. No podíamos salir porque ya estábamos amenazados. ‘O se unen, o los matamos’, nos dijeron los que estaban con Los Herrera, los que son del Cártel Jalisco (CJNG)… Nosotros no quisimos tomar las armas», explica Vicente.
Eran 108 personas. Otras 37 familias ya habían salido meses antes, desde el 13 de febrero, cuando asesinaron a Prudencio Pérez Pérez, un hombre de la comunidad que se negó a armarse. El rescate llegó al noveno día: 250 elementos de la Policía Estatal, helicópteros y un camión de tres toneladas de Protección Civil que —recuerda Vicente— llegó «según a llevar víveres porque ya habíamos pedido ayuda, llevábamos muchos días sin poder salir a cosechar, sin poder escapar», pero que en realidad iba a sacarlos.
«Solo así pudimos escapar. Y ahí venimos, apretados, con todas las señoras y los niños». Después de su salida, el abandono institucional.
La guerra de al lado
La causa del destierro cabe en una frase que Vicente repite sin dramatismo, como quien explica algo evidente:
—Nosotros, como 67 familias, no quisimos —unirse al grupo de Los Herrera—.
Pero para entender el peso de esa negativa hay que entender primero la guerra en la que quedaron atrapados, una guerra que no empezó en su comunidad ni por su culpa.
Desde hace más de veinte años, el municipio vecino de Pantelhó vivió bajo el dominio de una familia: Los Herrera. Su fundador, Austreberto Herrera Abarca —quien fue juez municipal y hoy está preso por homicidio—, construyó un cacicazgo que impuso gobiernos municipales y bajo cuyo control los pobladores denunciaron asesinatos, desapariciones, despojo de tierras, trata de personas con fines de explotación sexual, venta de droga y tráfico de armas.
El 5 de julio de 2021 fue asesinado en Simojovel Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas de Acteal, quien había llevado formalmente ante la Secretaría de Gobierno la denuncia del control criminal en Pantelhó. Dos días después de su ejecución, comuneros tsotsiles y tseltales de 86 comunidades se levantaron en armas bajo el nombre de El Machete, una autodefensa indígena que en semanas expulsó a Los Herrera de la cabecera municipal. Su bastión quedó establecido en el poblado de San José Tercero.
Los Herrera no desaparecieron: se replegaron. El grupo se reorganizó y se alió con hombres armados del municipio vecino de Chenalhó, creando la estructura que se hace llamar Ejército Civil Indígena y que, según les dijeron a los propios pobladores, opera para el cártel «de las cuatro letras», el Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y para instalar su nueva base eligieron un punto con lógica militar: Fracción Tzanembolom, la comunidad más cercana a San José Tercero, el bastión de Los Machetes.
Esa geografía lo explica todo. Quien controla Tzanembolom (compuesta por una zona central y una fracción) controla una de las puertas de entrada al territorio de Los Machetes. Desde Fracción Tzanembolom han salido, una y otra vez —diciembre de 2021, diciembre de 2023, diciembre de 2024—, los ataques armados contra San José Tercero: armas largas, bombas artesanales, la quema de la escuela y de las oficinas del gobierno autónomo zapatista que ahí también se encontraba. Tzanembolom Centro y Fracción Tzanembolom dejaron de ser un par de comunidades cafetaleras para convertirse en la primera línea de una guerra.
Y en la primera línea no se admite neutralidad.
«No quisimos»
Cuando Fracción Tzanembolom se integró a la estructura armada de Los Herrera, la comunidad de al lado, el centro, donde vivían las 67 familias, recibió la exigencia de sumarse. El reclutamiento tenía tarifa: «A cada persona que se metía a tomar armas le estaban pagando seis mil pesos quincenal». Muchos jóvenes se metieron. Muchos niños, de once, doce años, explica Vicente.
Los del centro dijeron que no, y la explicación de Vicente es un retrato de lo que estaba en juego: «No queremos dinero para ser delincuentes. A nosotros nos gusta mantenernos solos, somos agricultores del campo. Tenemos nuestros cafetales, nuestros terrenos para sembrar maíz, frijol. (Allá) lo vimos, sufren las mujeres, sufren los niños, sufren los ancianos. Por eso no quisimos meternos en problemas. Que lo hagan ellos solitos, dijimos, porque son aparte, son otra comunidad».
Pero para un grupo armado que convirtió la comunidad vecina en su cuartel, una comunidad neutral pegada a su base era un flanco abierto, testigos de sus movimientos, territorio que no controlaban en la ruta hacia el enemigo y un mal ejemplo para los jóvenes que aún no tomaban las armas. La negativa de las 67 familias se pagó con amenazas y con una acusación que convirtió a los neutrales en «traidores».
«Nos echaron la culpa de que nos estábamos vendiendo, de que a cada persona que la mataran nosotros la entregábamos. Pero nunca hicimos nada».
Y se pagó con la primera muerte. Prudencio Pérez Pérez era mototaxista. El 13 de febrero de 2024 alguien le pidió el servicio de ir a recoger a un pasajero a un paraje llamado Cruztón. «Lo engañaron. Ahí lo estaban esperando nomás para emboscarlo».
Lo mataron por lo mismo que amenazaban a todos: por no tomar las armas. Dejó cuatro hijos. Ese día empezó el éxodo de Tzanembolom Centro: primero 37 familias, y en julio, tras el sitio de nueve días, el resto.
«Conflictos sociales»
Una de las mujeres desplazadas de Tzanembolom en el espacio de la Casa de la Cultura de Chenalhó donde vive desde julio de 2024. Foto: Ángeles MariscalEl Estado mexicano tiene su propia versión de esta historia, y está escrita en una tabla.
En respuesta a una solicitud de información (folio 1050122026000009), la Secretaría de Protección Civil de Chiapas entregó el registro oficial de desplazamientos forzados en el estado de 2020 a la fecha. Son cinco filas. En la última aparece «Tzanembolom: fecha, 23 de julio de 2024; número de personas, 256; municipio, Chenalhó». En la columna del motivo, donde cabría escribir «expulsión armada por negarse a integrarse a un grupo criminal», el registro dice: «Conflictos sociales».
Y en la columna del estatus, donde las otras filas dicen «se sigue atendiendo», la de Tzanembolom dice: «Acta de cierre de albergue por decisión mutua».
La «decisión mutua», contada desde el piso de la Casa de la Cultura, fue así: «El 13 de noviembre de 2024 quedó cerrado aquí el albergue y se lo llevaron todo. Nos pidieron de regreso los utensilios de la cocina, el estufón, los platos, los cilindros. Todo se lo llevaron. Y nos dijeron que cuando cambiara el gobierno (en diciembre entró en funciones la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar) iban a volver a traerlo otra vez, que iba a venir otra vez Protección Civil. Desde ahí ya no los he visto».
Las familias mandaron solicitudes para que les devolvieran lo retirado y para que siguieran las despensas que les permitirían alimentarse, «pero ya nada, las nuevas autoridades nomás nos dicen que sí, pero no hemos visto nada de su apoyo».
El registro oficial tampoco incluye a las 37 familias que huyeron entre febrero y marzo de 2024, tras el asesinato de Prudencio. Para el Estado, ese primer desplazamiento no existió.
La escuela bajo el cielo
Los niños de Tzanembolom Centro tienen maestros pero no tienen aula. Los docentes de su escuela de origen —quienes también salieron cuando salió la comunidad— llegan a la Casa de la Cultura a dar clases donde se puede, en los patios.
«Si hay lluvia no pueden dar clases, porque los niños sufren de frío. Y si no hay lluvia, sufren de calor. Se queman ahí. Nomás un ratito llegan a dar clases y se van… Algo que aprendan los niños, dijimos nosotros».
La salud sigue la misma lógica de la intemperie. Los dos ancianos van al centro de salud cuando hay medicamento; cuando no, lo compran si les alcanzan los recursos. Los demás, «si no hay dinero, ahí nomás estamos viendo qué podemos hacer. Tomar hierbitas nada más. De los medicamentos, nada».
La vida cotidiana en el corredor del albergue: el baño de los niños se hace en tinas de plástico, entre la ropa tendida de las familias, frente a todos los que pasan. Foto: Ángeles MariscalEn septiembre de 2025, una mujer de la comunidad, la señora María, murió sin poder volver a su tierra. Fue enterrada en Yaxalumil, terreno de otra comunidad. En Tzanembolom, mientras tanto, quienes los expulsaron venden los cafetales, los lotes y hasta el terreno de la escuela.
Anciana de Tzanembolom, enferma de depresión. Foto: Ángeles MariscalLo que piden
Hace dos semanas, el gobierno estatal desplegó en la región el operativo más grande que se recuerde: cientos de elementos, blindados, helicópteros. Vicente lo resume sin celebrarlo: «Apenas tres agarró. Pero los más buscados ahí están, libres».
Lo que las 67 familias piden es lo mismo que llevan pidiendo por oficio desde 2024, con sellos de recibido de la Secretaría General de Gobierno que nadie ha contestado.
«Pedimos al gobierno que haga la justicia, que agarre a todos los que están ahí. Y queremos retorno. El retorno es lo único que queremos, porque la verdad aquí nuestros niños no tienen escuela, sufren del estudio. Que se haga justicia y que el retorno sea en condición. Y si no hay condición, si hay posibilidad, que nos reubiquen, pero aquí en el municipio», piden.
Retorno con seguridad, o al menos un pedazo de tierra donde volver a empezar. Mientras alguna de las dos cosas llega, en el registro del Estado su caso figura como un conflicto social que se cerró por «decisión mutua»: la fórmula administrativa con la que se archivó el expediente de este pueblo que se negó a ser del crimen.
Este trabajo fue publicado originalmente en CHIAPAS PARALELO que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.
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