Los fraudes contra los negocios alcanzaron la mayor cifra en ocho años, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) que el Inegi publicó el martes.
A lo largo y ancho del territorio mexicano se cometieron 633 fraudes por cada 10 mil negocios durante 2025, después de encontrar 522 casos dos años antes.
En total, se registraron 339 mil fraudes, 36% más que en 2023 y es la mayor cantidad desde 2017.
El Inegi captó tres modalidades del delito. La primera corresponde a los realizados por clientes, en caso de que el negocio haya brindado algún servicio o entregado algún producto que no fue pagado.
La segunda es el fraude bancario, que indaga si se usaron chequeras, números de tarjeta o cuenta bancaria de la empresa sin permiso de las personas responsables para cargos o extraer dinero.
La tercera es el fraude por parte de algún proveedor, es decir, si el negocio entregó dinero por insumos, productos o servicios que no recibió conforme a lo acordado.
Extorsión
Los fraudes fueron el cuarto delito más frecuente contra las empresas. La extorsión o cobro de piso ocupa el primer lugar, con 787 mil casos; seguido del robo hormiga, 512 mil; y el hurto de bienes y dinero, 475 mil, aunque estos tres disminuyeron el año pasado.
El organismo público autónomo, que tiene de presidenta a Graciela Márquez, estimó que se cometieron 3 millones de delitos que afectaron a 1.4 millones de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, lo que significó 25.9% de todos los negocios del país.
Los delitos y la percepción de inseguridad generan más costos operativos en las empresas, afectan cadenas de suministro y reducen la certidumbre para hacer negocios, lo que termina impactando en la competitividad, expuso el economista en jefe de Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.
“La inseguridad puede llevar a las empresas a posponer proyectos, moderar sus planes de expansión y ser más cautelosas en la contratación. Esto puede limitar la generación de empleos”, dijo en una entrevista con EL UNIVERSAL.
“La inseguridad es uno de los principales factores que limitan el crecimiento, aunque también existen retos importantes en productividad, infraestructura, energía y certidumbre jurídica”, comentó el también profesor de Economía en la UNAM.
“Si no mejoran las condiciones, la inseguridad seguirá siendo factor de riesgo para la inversión y la actividad empresarial”, señaló.
Costo
La encuesta muestra que la inseguridad y los delitos costaron a las empresas 115 mil millones de pesos en términos reales, es decir, al restar la inflación, casi 0.5% de la economía nacional medida con el Producto Interno Bruto.
El director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández, indicó que la percepción de inseguridad y la incidencia delictiva tienen un impacto que va mucho más allá de las pérdidas económicas directas.
Representan un costo adicional para las empresas, que deben destinar recursos a seguridad privada, vigilancia, seguros y medidas de protección, en lugar de canalizarlos a inversión productiva, innovación o generación de empleos, explicó a El Gran Diario de México.
“También afectan la productividad y la competitividad, al generar interrupciones operativas, mayores costos logísticos y dificultades para mantener actividades comerciales. A esto se suma un efecto sobre nuevos procesos de inversión que podrían limitarse por cautela”, agregó Hernández.
Cifra oculta
La ENVE, que se aplicó en 36 mil 442 negocios, también reveló “la cifra oculta”, es decir, los delitos no denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación.
Estos casos significaron 91.8% de todos los delitos y es la cifra oculta más alta desde 2019, lo que equivale a 2.8 millones.
El titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Dyer Dwight, comentó que las microempresas tienden a denunciar menos porque el proceso representa un mayor costo para ellas.
“En el caso de las grandes, el costo de denunciar un delito puede variar según la línea de negocio”, expuso en conferencia de prensa.
Por su parte, el vicepresidente del Inegi, Adrián Franco, dijo que entre mayor tamaño tenga la empresa, más es la probabilidad de que denuncie un delito, no sólo por el costo, sino por las capacidades humanas y organizacionales.
“Tanto la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) como la ENVE, muestran que hay una amplia desconfianza con respecto a las autoridades de procuración de justicia para hacer la denuncia del delito”, indicó.
Franco agregó que cuando se hace una denuncia ante el Ministerio Público, lo primero que pide la autoridad es prueba de la propiedad o la evidencia que permita la apertura de una carpeta de investigación, aunque hay delitos como la extorsión o el robo hormiga que por su naturaleza no se denuncian.
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