Entre “factureras” y empresas “fantasma” sin trabajadores, del 2014 al 2026 defraudaron al Instituto Nacional Electoral (INE) con 8 mil 870 millones de pesos, confirmó ante la Cámara de Diputados el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández.
Al entregar el Segundo Paquete de Informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2025, adelantó parte de sus “investigaciones de inteligencia” que “de oficio” realiza ya sobre escándalos de corrupción en el INE y explicó que se detectó a “dos grupos empresariales que acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos, con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026”. Precisó que “de este monto, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales”.
Ante legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Cámara Baja, precisó que “se identificó que proveedores de una de las empresas analizadas trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, esto por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida en el padrón de importadores”.
“Adicionalmente, se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos”, expuso.
Así funcionaban los fraudes de empresas en el INE
“Es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados. Además, detectamos registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que, a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos ninguno”, detalló.
Planteó que “en los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”.
Informó que esta investigación comprende también a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
“A través de diversos requerimientos de información, estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”, expresó a los legisladores.
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