Recientemente la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, generó un fuerte impacto mediático con la detención y traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
La acusación se derivó del presunto “reanálisis” del caso Ayotzinapa y permitió imputarle los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
Según la FGR, Aguirre ordenó ocultar y borrar las grabaciones de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. La acusación se basa en testimonios de testigos protegidos presentados en 2026, quienes aseguran que el entonces gobernador encabezó una reunión con altos funcionarios para desaparecer las evidencias de las cámaras y simular que el material no existía debido a supuestas fallas técnicas.
La gravedad de las acusaciones es evidente, sin embargo, queda la duda de si la justicia se está aplicando con el mismo criterio para todos.
Medir con diferente vara
Aguirre se suma a otros personajes de la oposición que han enfrentado procesos penales en los últimos años.
No nos corresponde afirmar si son inocentes Ernesto Ruffo Appel, Ángel Aguirre, Rosario Robles, Francisco García Cabeza de Vaca, Alejandra Cuevas o Jesús Murillo Karam, en varios de estos casos existen investigaciones, acusaciones y cuestionamientos que deben resolverse en tribunales.
Lo que sí se puede cuestionar es la forma en que se aplica la ley. La FGR ha mostrado una notable severidad contra personajes identificados con gobiernos anteriores.
Ahí están los casos de Francisco García Cabeza de Vaca, perseguido después de denunciar públicamente el huachicol; Ernesto Ruffo Appel, investigado en medio de la controversia por la colaboración de la gobernadora de Baja California con autoridades estadounidenses; o Rosario Robles, cuyo proceso fue asignado a un juez pariente de Dolores Padierna.
También está el caso de Alejandra Cuevas, encarcelada a partir de una acusación impulsada por el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, en un episodio que terminó exhibiendo abusos del poder de la Fiscalía.
Ayotzinapa y las cuentas pendientes
En el caso de Ángel Aguirre existe un elemento político, la relación que sostuvo con Andrés Manuel López Obrador pasó del respaldo al rompimiento.
En 2010, después de abandonar el PRI, Aguirre recibió el respaldo de López Obrador para competir por la gubernatura de Guerrero bajo la coalición Guerrero Nos Une. La relación terminó después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando comenzaron los cuestionamientos sobre vínculos políticos del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Resulta llamativo que Abarca fuera absuelto en 2023 del proceso relacionado con la desaparición de los normalistas, al considerarse insuficientes las pruebas presentadas originalmente. Después fue detenido Jesús Murillo Karam, responsable de la investigación inicial y buena parte de los detenidos durante aquella indagatoria recuperaron su libertad. De las 142 personas capturadas originalmente, alrededor de 120 han sido absueltas o excarceladas durante los últimos años.
Otro aspecto discutible es su traslado al Altiplano; aunque la autoridad federal puede determinar el centro de reclusión al que va un imputado atendiendo criterios de seguridad y perfil, abre el cuestionamiento cuando se trata de un exgobernador y un caso políticamente sensible.
Pero, ¿qué sabe Ángel Aguirre? ¿Es un intento de evitar que lo pueda difundir?
Su detención ocurre en el contexto de la presión de Estados Unidos contra organizaciones criminales, testimonios de delincuentes procesados en aquel país y presuntos vínculos de personajes de Morena en redes de huachicol fiscal, así como una mayor atención sobre Guerrero y, aunque no hay elementos para afirmar que los asuntos estén relacionados, la coincidencia merece ser observada.
Entre las figuras mencionadas en expedientes y señalamientos públicos estadounidenses, aparecen Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila, Rubén Rocha Moya y Mario Delgad; si bien ello no constituye en sí mismo una prueba de responsabilidad penal, es precisamente por esa razón que deberían investigarse.
Lo que no puede ser aceptable es que la Fiscalía muestre toda su fuerza contra unos y demasiada cautela frente a otros.
La presidenta Claudia Sheinbaum públicamente ha cerrado filas en defensa de varios de estos personajes, asegurando, sin que se investigue, que no existen elementos para investigarlos.
Tal parece que la justicia depende del partido al que pertenece el acusado. Pero de lo que se trata, es de exigir es que la misma regla se aplique a todos.
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