Una jueza federal ordenó crear un monitor independiente para vigilar las condiciones y los tiempos de detención de niños migrantes bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. La resolución de la jueza Dolly M. Gee, del Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California, se emitió el 17 de agosto de 2026 para exigir el cumplimiento del Acuerdo Flores.
La orden judicial se originó tras denuncias de abogados que señalaron detenciones prolongadas en instalaciones fronterizas. En el fallo, la jueza Gee indicó que las autoridades no deberían necesitar una nueva orden para acatar lo establecido en la ley.
Exceso de tiempo de detención
El Acuerdo Flores establece un límite de 20 días para la retención de niños. Sin embargo, los registros oficiales presentados ante la corte mostraron las siguientes cifras entre enero y mayo de 2026 en el centro familiar de Dilley, Texas:
- Promedio de estancia: Los niños permanecieron entre 23 y 48 días bajo custodia.
- Casos detectados: Cerca de mil 560 menores superaron el plazo de 20 días, según The Marshall Project.
- Casos extremos: Se registraron retenciones de 50, 91 y hasta 323 días.
- Ocupación general: The Texas Tribune reportó que más de la mitad de los casi 3,000 niños alojados en Dilley desde su reapertura en marzo de 2025 rebasaron el límite legal, y al menos 60 superaron los 100 días.o de 2025 rebasaron el límite legal, y al menos 60 superaron los 100 días.
Designación de supervisores y alcance
La jueza Gee nombró a dos encargados para fiscalizar las operaciones gubernamentales:
- Andrea Sheridan Ordin: Exfiscal federal de Los Ángeles, quien actuará como Special Master.
- Paul Wise: Pediatra encargado de evaluar las condiciones médicas e higiénicas.
Ambos emitirán reportes trimestrales al tribunal durante un periodo de un año, prorrogable a tres. El costo del programa será de hasta 620 mil dólares anuales y será financiado por el gobierno federal.
La supervisión abarcará el centro de Dilley (operado por la empresa CoreCivic), las estaciones de CBP en el Valle del Río Grande, El Paso y San Diego (incluido el puerto de Otay Mesa), y los hoteles utilizados para alojamiento temporal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el Acuerdo Flores entra en conflicto con las leyes de migración vigentes. A su vez, ICE argumentó ante The Texas Tribune que las estancias prolongadas responden a casos específicos clasificados como riesgo de seguridad.
La empresa CoreCivic afirmó al mismo medio que en la instalación de Dilley se suministran tres comidas al día y agua bajo pruebas periódicas de calidad.
Esta supervisión judicial marca un precedente en el tratamiento de los menores migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. La labor del equipo independiente determinará si las autoridades federales ajustan sus procedimientos para cumplir con los plazos que marca la ley o si persisten los señalamientos por violaciones a los acuerdos de custodia.
Con información de La Opinión y UNO TV.
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