Las universidades públicas estatales arrastran un déficit acumulado de 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026, situación que pone en peligro el pago de salarios, pensiones y jubilaciones, así como la ampliación de la matrícula y el mantenimiento de instalaciones. Ante esta crisis, rectoras y rectores exigieron a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos con el objetivo de atender el rezago financiero de las instituciones.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) advirtió que la insuficiencia de recursos afecta directamente las oportunidades educativas de los jóvenes. De acuerdo con su diagnóstico, cada año 211 mil estudiantes abandonan las universidades públicas, de los cuales 76%, equivalente a poco más de 160 mil, dejan sus estudios por dificultades económicas.
Durante una reunión celebrada este jueves en la Cámara de Diputados, el secretario general ejecutivo de la Asociación Luis González Placencia, advirtió que dichas instituciones enfrentan una situación financiera sumamente compleja, agravada por la inflación y la eliminación progresiva de fondos extraordinarios destinados a investigación, equipamiento, infraestructura y desarrollo académico.
Explicó que la mitad del déficit financiero acumulado responde a las pérdidas operativas derivadas de la diferencia entre la inflación proyectada por las autoridades hacendarias y el aumento real de los precios al cierre de cada ejercicio fiscal.
Esta situación ha limitado la capacidad de las instituciones con el objeto de contratar y sostener sus plantillas docentes, adquirir equipos especializados, ampliar espacios educativos y atender las necesidades de más de 3 millones de estudiantes inscritos en las universidades públicas estatales.
Anuies plantea ampliación de 36 mil 800 mdp
En un diagnóstico presentado previamente ante legisladores federales, la ANUIES planteó una ampliación de 36 mil 800 millones de pesos, de los que 9 mil 500 millones se requieren para atender necesidades inmediatas durante 2027, mientras otros 27 mil 300 millones serían asignados de manera gradual con el propósito de constituir el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior.
Los recursos de aplicación inmediata permitirían financiar incrementos salariales, ajustes derivados del aumento al salario mínimo, reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones, también a la creación de un fondo solidario para mantenimiento e infraestructura universitaria.
Durante el encuentro en San Lázaro, González Placencia y un grupo de rectoras y rectores expusieron sus demandas ante las presidentas de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, y de Educación, María del Rosario Orozco Caballero.
La delegación universitaria pidió corregir las distorsiones presupuestarias acumuladas, restablecer los fondos extraordinarios desaparecidos y garantizar recursos suficientes para sostener las actividades académicas, científicas y tecnológicas de las instituciones.
Piden aumento de 4% a universidades públicas estatales
La rectora de la Universidad de Sonora, Dena María Jesús Camarena Gómez, pidió un incremento presupuestal de 4% para todas las universidades públicas estatales, acompañado de un programa de recuperación salarial.
Advirtió que a pear de las medidas de austeridad y eficiencia aplicadas desde 2018, las instituciones enfrentan presiones inflacionarias insostenibles, mientras los recursos disponibles resultan insuficientes para cubrir sus compromisos laborales.
Por su parte, Leticia Jiménez Zamora, rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, alertó acerca de la severa crisis financiera de las universidades estatales y exigió mayores recursos para el Fondo de Saneamiento Financiero 081.
Explicó que su mecanismo dispone actualmente de una partida insuficiente con el fin de cubrir las obligaciones laborales y la nivelación de sueldos derivada de los incrementos salariales.
Uno de los problemas señalados por los rectores es que los aumentos al salario mínimo no han estado acompañados de asignaciones presupuestales específicas para las universidades, lo cual provoca desequilibrios en los tabuladores salariales y mayores presiones sobre las finanzas institucionales.
A ello se suman las obligaciones por pensiones y jubilaciones. Aunque diferentes universidades han llevado a cabo reformas para reducir sus pasivos laborales, muchas requieren apoyos extraordinarios para continuar sus procesos de saneamiento financiero.
Anuies pide crear fondo de mantenimiento
La Anuies también solicitó la creación de un fondo destinado al mantenimiento de instalaciones, modernización de laboratorios, adquisición de equipos especializados y desarrollo de plataformas tecnológicas.
Las autoridades universitarias advirtieron que la falta de infraestructura limita la ampliación de la matrícula, mientras las modalidades de educación virtual tampoco pueden expandirse sin inversiones suficientes en conectividad y equipamiento.
Universidades públicas estatales atienden a más de 3 millones de estudiantes
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, destacó que las universidades estatales atienden a más de 3 millones de estudiantes y concentran una parte fundamental de las actividades científicas y tecnológicas del país.
En tanto, Enrique del Val Blanco, coordinador de Planeación, Evaluación y Simplificación de la Gestión Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestionó la falta de recursos para cumplir con el mandato de gratuidad de la educación superior.
Advirtió que el presupuesto vigente no contempla los recursos necesarios para sustituir los ingresos provenientes de cuotas y criticó que se pretenda trasladar parte de la responsabilidad financiera a los gobiernos estatales mediante esquemas de financiamiento compartido.
Presupuesto de Egresos contempla 72 mil 942 mdp
Para 2027, el proyecto de Presupuesto de Egresos contempla 72 mil 942 millones de pesos para las universidades públicas estatales, apenas 2.07% más que este año, un aumento insuficiente para compensar la inflación.
La Anuies sostiene que mantener esa tendencia profundizará los problemas financieros y dificultará cumplir con la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, además de limitar las oportunidades de ingreso y permanencia de miles de jóvenes.
Después de escuchar los planteamientos, las presidentas de las comisiones legislativas manifestaron su disposición a revisar las necesidades de financiamiento de las instituciones.
Como resultado del encuentro, Orozco Caballero se comprometió a gestionar una audiencia formal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la finalidad de que las autoridades universitarias presenten directamente sus diagnósticos y busquen alternativas para incorporar recursos extraordinarios al presupuesto de 2027.
Pero hasta ahora no existe un acuerdo para aprobar los 36 mil 800 millones de pesos adicionales solicitados por las universidades, por lo que su financiamiento dependerá de las negociaciones presupuestales entre el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados.
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