El Departamento de Justicia (DOJ) emitió un dictamen que obligaría a todas las agencias estatales que reciban fondos federales a reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a cualquier persona indocumentada que use sus programas, esta medida representa una forma de presión para sumarse al plan de deportación masiva del presidente Donald Trump.
La advertencia para los Estados es directa: las entidades que se nieguen a compartir información sobre las personas que participan en sus programas arriesgan la pérdida de financiamiento indispensable para sus operaciones cotidianas.
¿Qué cambia con la nueva medida?
La Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ establece que, al aceptar fondos federales para asistir a familias de bajos ingresos mediante programas como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), los Estados asumen automáticamente la obligación de notificar al (DHS) sobre cualquier participante que no resida con autorización en el país.
Tan solo a través del programa TANF, el Gobierno federal reparte más de 16.400 millones de dólares al año entre los 50 Estados. Hasta ahora, la obligación de notificar aplicaba únicamente a las dependencias dedicadas a este programa y al SSI; sin embargo, el nuevo criterio legal extiende esta exigencia a cualquier oficina estatal que maneje recursos públicos federales.
La medida elimina la interpretación legal vigente desde 1998, fijada durante el mandato del presidente Bill Clinton, la cual limitaba la colaboración migratoria exclusivamente a los programas TANF y SSI. Según determinó la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ, las nuevas reglas entraron en vigor el 1 de septiembre.
La postura oficial del Departamento de Justicia
En un dictamen de 19 páginas, la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ detalló el argumento legal para exigir el reporte de los participantes indocumentados:
“El requisito de notificación (al DHS) facilita la capacidad del Gobierno federal para identificar a individuos que podrían no ser elegibles para beneficios financiados por el Gobierno federal y evita gastos indebidos”.
La postura del gobierno frente a los estados santuario
La determinación busca dar un golpe a las jurisdicciones “santuario”, una táctica recurrente de la administración Trump que hasta la fecha no ha rendido los frutos esperados por el Ejecutivo.
El foco de tensión se concentra en California, estado con una importante población indocumentada y encabezado por el gobernador demócrata Gavin Newsom. Su constante crítica y resistencia a las políticas migratorias de Trump lo ha posicionado como uno de los perfiles opositores de la administración republicana.
El choque legal abarca a múltiples regiones. En enero, los fiscales generales de cinco Estados gobernados por demócratas: California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York, interpusieron una demanda contra el gobierno federal. La acción legal se produjo tras el congelamiento de recursos para varios programas de ayuda pública, medida que la administración justificó bajo presuntas sospechas de fraude.
Con información de El País.
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