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José Iván Barillas Cervantes, quien se desempeñaba como jefe de Unidad Departamental A, en el centro de ejecución de sanciones penales varonil norte (anexo norte) de Cuautepec, denunció una serie de irregularidades en su situación laboral, desde retención de pago hasta obligarlo a firmar la renuncia de su plaza.

Advirtió que han sido aproximadamente 200 compañeros quienes sufrieron la misma situación, pero “desafortunadamente, un porcentaje, por miedo, por ignorancia, firmaron y ya están fuera”.

Ante medios de comunicación, el trabajador —quien contó que lleva 15 años laborando en el sistema penitenciario de CDMX— relató que los hechos iniciaron hace aproximadamente un mes, cuando de manera injustificada le congelaron el pago correspondiente a la segunda quincena de junio. Al acudir a solicitar información, le explicaron que se le retuvo el pago “debido a que se publicó un acuerdo el día 16 de junio en la Gaceta Oficial, donde la retención de pagos se debía a una homologación de plazas”.

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Posteriormente, se le explicó que su plaza ya no existía y que el último pago había sido el 15 de junio. Tras solicitar más información y acudir a distintas oficinas, Barillas Cervantes, señaló que se le pidió renunciar a su plaza actual que era nivel 25 y le ofrecieron una nivel 19, pero luego se le informó que por solicitar un tiempo para pensar su decisión, le dijeron que ya no le darían la plaza que inicialmente le habían mencionado “sino únicamente una plaza nivel 8, correspondiente a funciones de intendencia”.

“Durante más de dos horas en esa oficina, donde fui presionado a firmar mi renuncia a la plaza que actualmente desempeño, se me indicó que la situación obedecía a una reestructuración de plazas debido a que mi perfil operativo y las nuevas plazas corresponden a funciones administrativas, y sin embargo, también se me hizo saber que existen otras personas, plazas del mismo nivel y que continúan desempeñando sus funciones”, dijo.

Tras esta situación, el trabajador señaló que envió varios escritos dirigidos a diversas autoridades, incluidos al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a quienes pidió que volteen a ver su caso.

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“Me traen a la vuelta tanto en mi subsecretaría, me traen a la vuelta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nadie me ha podido dar una respuesta. Ya metí mi escrito con la jefa de gobierno, que está recibido, pidiendo que encarecidamente me hagan caso a mi situación, ya que, como les mencioné, me han retenido mi salario injustificadamente. Mis hijos no terminaron el ciclo escolar por falta de recursos, porque se tiene que hacer desde un lunch, pagar los materiales que les encargan en la escuela”, señaló.

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