Guadalupe Taddei Zavala llegó al INE por un camino inédito.
En marzo de 2023, tras fracasar el acuerdo entre bancadas para integrar la terna, la Cámara de Diputados recurrió a la insaculación y su nombre salió de la tómbola.
Se convirtió así en la primera mujer en presidir el instituto, con un mandato de 2023 a 2032. Tenía 28 años de carrera electoral y había presidido el instituto electoral de Sonora y el instituto estatal de transparencia.
Pero el sorteo no disipó las dudas.
El PAN impugnó su designación y la de Jorge Montaño; el Tribunal Electoral desechó los reclamos y confirmó a ambos.
Pesaron además señalamientos de cercanía con Morena: su condición de familiar de un delegado de programas de Bienestar en Sonora y el hecho de que el entonces presidente López Obrador la calificara públicamente de “honesta” y de familia “progresista”. Un gesto simbólico reforzó la lectura: Taddei redujo su sueldo para no ganar más que el presidente, cuando el resto del Consejo General conservó el salario íntegro.
Las vicisitudes de la gestión
Una Secretaría Ejecutiva inestable.
Tras la renuncia de Edmundo Jacobo en 2023, el área clave de la operación del INE pasó por una sucesión de encargadurías; para noviembre de 2024 ya había renunciado la cuarta encargada, y dos propuestas de Taddei habían sido rechazadas por el Consejo.
Claudia Arlett Espino llegó en diciembre de 2024 tras una disputa interna y renunció el 9 de septiembre de 2026, apenas un día antes del arranque del proceso electoral 2026-2027, alegando motivos de salud.
Taddei nombró encargado de despacho a Roberto Carlos Félix. Una columna de opinión vinculó además a parte de su equipo con un polémico contrato otorgado en Chihuahua; se trata de una afirmación de opinión que no he podido corroborar con documentación.
Un Consejo dividido.
En octubre de 2024, seis de los once integrantes del Consejo General pidieron promover una controversia constitucional contra una reforma a la LEGIPE que ampliaba las atribuciones de la presidencia en la designación de juzgadores.
La fractura mostró que la presidenta no cuenta con una mayoría automática ni con una autoridad moral incontestada.
Presión presupuestal y política.
El Instituto enfrenta recortes anunciados a su presupuesto y una ofensiva discursiva constante desde el poder y desde la oposición. Taddei ha respondido con una consigna: el INE no organiza elecciones para partidos ni para actores políticos, sino para la ciudadanía. La elección federal será el 6 de junio de 2027, con 500 diputaciones en juego.
Credibilidad electoral: lo que está documentado y lo que no
La credibilidad de un árbitro electoral descansa menos en la ausencia de críticas que en la percepción de imparcialidad.
Sobre Taddei, lo que sí está documentado son tres factores de erosión: el origen de su designación y los vínculos personales señalados en 2023; la rotación en la Secretaría Ejecutiva justo antes de procesos delicados; y un Consejo fracturado.
Dentro de este escenario, convertir la sospecha política en una acusación de corrupción sin pruebas dañaría precisamente aquello que se pretende defender: la confianza ciudadana en la organización del proceso electoral y su resultado. Es decir, el debate sobre el árbitro debe apoyarse en hechos, no en especulaciones, lo cual tampoco elimina la obligación estatal de investigar, deslindar responsabilidades y aplicar sanciones si fuera el caso.
La renuncia de Taddei
Quienes sostienen que Sheinbaum actúa bajo tutela de López Obrador verían en la salida de Taddei una señal de que las decisiones de fondo dejaron de pasar por el expresidente o por el aparato que lo rodea, y de que la presidenta está construyendo un margen para fijar su propia política con el árbitro.
La sospecha de que la presidenta está detrás de la salida de Taddei puede verse a la luz de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la cual, a diferencia de otros casos, en este actúa de oficio.
En el caso contrario, los simpatizantes del gobierno sostienen que Sheinbaum ha gobernado con decisiones propias y que las designaciones del INE son competencia de la Cámara de Diputados, no del Ejecutivo.
Efecto institucional.
Una vacante en la presidencia exigiría que el Congreso designe un reemplazo con mayoría calificada, en pleno proceso electoral. Aun sin juzgar a las personas, el calendario y el contexto pueden aumentar la polarización y las sospechas sobre cualquier nombre que surgiera.
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