San Cristóbal de las Casas, Chis. - Este viernes fue sepultado el cuerpo de Reynaldo Pérez Pérez, indígena tzotzil que acompañó a familias desplazadas desde el 2022 de la comunidad Santa Martha, del municipio de Chenalhó, otro de los asesinatos que ocurren en ese municipio, que desde hace varias décadas ha sido golpeado por la violencia.
Familiares, conocidos, servidores de la Iglesia y activistas participaron en las exequias de Reynaldo Pérez Pérez, que desde el 2023 estaba inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por su trabajo en defensa de las 63 familias que fueron expulsadas de sus hogares el 24 de junio del 2022.
El miércoles por la tarde, Reynaldo acudió a un taller mecánico de la comunidad Yabteclum del municipio de Chenalhó, hasta donde llegaron dos hombres en motocicleta, pero uno de ellos accionó durante siete ocasiones un arma de fuego calibre 9 milímetros.
Reynaldo perdió la vida frente a su hijo de nueve años de edad, con el que había llegado al taller mecánico.
Organismos civiles de derechos humanos lamentaron el asesinato de Reynaldo, que trabajó en denunciar la violencia y el desplazamiento forzado de familias del municipio de Chenalhó. “Fue mediador en conflictos territoriales de la región y acompañó a las 68 familias (otra versión dice que son 63 familias) desplazadas de Santa Martha, en su exigencia de justicia y atención, tras documentar los hechos de violencia ocurridos en 2023”.
Reynaldo también fue víctima de desplazamiento forzado por los grupos paramilitares. “Su asesinato resulta especialmente alarmante porque Reynaldo también fue sobreviviente de la violencia que lo obligó a desplazarse”, dijeron los organismos de derechos humanos. “Tras los ataques de 2023 contra personas desplazadas de Santa Martha, él y otro defensor fueron incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
“Que haya sido asesinado mientras contaba con medidas de protección hace indispensable esclarecer las circunstancias del ataque y evaluar la pertinencia, la implementación y la efectividad de dichas medidas”, expusieron más de una veintena de organismos, entre ellos el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y otros.
El cuerpo de Reynaldo fue entregado por las autoridades el miércoles por la madrugada para ser velado en su casa, en la segunda fracción de Yabteclum, ubicado a 26 kilómetros de Santa Martha, de donde fue desarraigado junto a las 63 familias.
Ahí en esa casa, el cuerpo de Reynaldo fue inhumado en medio de reclamos de justicia de parte de sus familiares, amigos y activistas.
El exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Diego Cadenas, que para entender la violencia que se vive en Chenalhó, hay que remontarse al conflicto poselectoral de Chenalhó (2015-2018), cuando la alcaldesa Rosa Pérez Pérez (recientemente detenida por el fraude de 4.5 millones de pesos), “constituye una experiencia que debería ser estudiada cuidadosamente”.
“La elección de Rosa Pérez Pérez, su posterior destitución y restitución judicial estuvieron acompañadas de expresiones de violencia política de género, pero también de disputas por el control del gobierno municipal, (que trajo) enfrentamientos armados y desplazamientos forzados”, dice el abogado en el escrito: De Acteal al asesinato de Reynaldo Pérez Pérez: la violencia que persiste en Chenalhó. “Mi hipótesis es que algunas de esas estructuras conservaron capacidad de control territorial y comunitario, y posteriormente intervinieron en conflictos que ya respondían a otros intereses, entre ellos las disputas agrarias, el control de recursos y las confrontaciones internas”.
“La muerte de Reynaldo Pérez Pérez, después de años de amenazas y de acompañamiento a comunidades desplazadas, nos recuerda las consecuencias que puede tener la persistencia de conflictos armados insuficientemente atendidos”, explica Cadenas.
En Chenalhó, donde el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas 45 personas, no hay ninguna persona detenida por la desaparición forzada de 21 hombres de la cabecera municipal de Chenalhó, cometida por el grupo paramilitar El Machete el 26 de julio del 2021, entre ellos un teniente de corbeta de la Marina, Luis Ángel Santiago, que fue guardia de seguridad de los hijos de Ernesto Zedillo Ponce de León.
La ola de violencia entre los tzotziles de Chenalhó, trajo el asesinato del catequista Simón Pedro Pérez, el 5 de julio del 2021, cuando se encontraba en el municipio de Simojovel; el 11 de agosto fue ejecutado el fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, en San Cristóbal; el asesinato de Petrona López Pérez, cónyuge de Daniel López Méndez, uno de los jefes del grupo paramilitar El Machete, el 3 de marzo del 2023, que ocurrió en Pantelhó.
Gilberto Pérez Gómez, alias comandante Tigre, de El Machete, en junio del 2023; el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, el 20 de octubre del 2024, en San Cristóbal de las Casas; Fernando Ruiz Hernández, alias El Curta, asesinado el 3 de julio del 2026, en La Esperanza, del municipio de Chenalhó.
Y el 28 de octubre, fue asesinado Reynaldo Pérez Pérez, en la comunidad Yabteclum.
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