Con un solo voto en contra, de Adán Augusto López, y 115 a favor, el pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, con la que se busca establecer un marco nacional para prevenir el maltrato y la crueldad, fortalecer la tutela responsable y obligar a quienes tienen animales bajo su cuidado a garantizar condiciones adecuadas para su bienestar.
El proyecto avalado representa un cambio hacia una política de protección animal basada no sólo en evitar agresiones, sino en atender de manera integral las necesidades de los animales, entre ellas su nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental.
La nueva legislación contempla 125 artículos distribuidos en seis títulos y establece las bases para la planeación, coordinación y seguimiento de las políticas públicas en la materia.
Entre sus principales disposiciones destaca la creación de un Registro Nacional de Animales de Compañía, así como un padrón de personas infractoras, con el propósito de fortalecer la identificación, vigilancia y aplicación de las disposiciones.
Además, fija obligaciones mínimas para las personas responsables de animales, quienes deberán proporcionarles alimentación y agua suficientes, atención veterinaria, alojamiento adecuado, estimulación física, social y mental, además de mecanismos de identificación y medidas de seguridad.
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Ortiz Domínguez, explicó que la propuesta es resultado del análisis de 21 iniciativas presentadas en el Senado, en las que participaron legisladores de distintos grupos parlamentarios, además de más de 40 proyectos discutidos en la Cámara de Diputados y aportaciones de organizaciones civiles, especialistas, académicos, veterinarios, rescatistas y refugios.
Ortiz señaló que el 69 por ciento de los hogares mexicanos tenía una mascota en 2021, equivalente a alrededor de 80 millones de animales.
También expuso que entre 2024 y 2026 se han registrado más de 10 mil denuncias por maltrato animal ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
“Respecto al maltrato animal, México ocupa el primer lugar en América Latina y el tercer lugar a nivel mundial. Solo ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México entre 2024 y lo que va del 26, se han registrado más de 10 mil denuncias por maltrato animal.
“El propio Instituto Belisario Domínguez del Senado publicó en 2023 un estudio en que se dio a cuenta que entre el 19 y el 20 las fiscalías estatales registraron dos mil 490 denuncias. Se vinculó a proceso a 101 personas y solo se dictaron 18 sentencias por maltrato animal”, destacó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que el reto será llevar las nuevas disposiciones a la práctica, mediante la armonización de las leyes locales, el desarrollo de normas, el funcionamiento de los registros y la coordinación efectiva entre autoridades.
“Una ley que reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado humano y que establece bases comunes para todo el territorio nacional, vinculando su protección con la salud pública, la sanidad animal y el derecho a un medioambiente sano. (…) Ese es el espíritu de la reforma, construir un marco nacional en que el bienestar, el cuidado y la protección de los animales sea una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad”, explicó.
La priísta Carolina Viggiano advirtió que la nueva ley enfrenta pendientes que podrían limitar su aplicación, principalmente por la falta de recursos para cumplir las obligaciones que establece.
Señaló que la legislación contempla un registro nacional de animales de compañía, padrones de infractores, centros municipales de atención y campañas permanentes y gratuitas de vacunación y esterilización.
Sin embargo, cuestionó que el dictamen establezca que estas acciones deberán realizarse con el presupuesto ya autorizado y sin recursos adicionales.
También criticó que se establezcan multas de entre 500 y 2 mil UMA -más de 56 mil pesos en el monto máximo- para quienes no esterilicen a sus perros y gatos, mientras que la prestación gratuita de este servicio queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria.
“La ley obliga a toda persona tutora a esterilizar a sus perros y gatos y quien no lo haga enfrenta una multa de 500 a 2 mil unidades de medida y actualización. Más de 56 mil pesos por no esterilizar a un perro.
“Mientras tanto la esterilización gratuita que debe ofrecer el estado queda sujeta, dice el propio dictamen, a la disponibilidad presupuestaria, es decir, el ciudadano se le exige todo desde primer día, al gobierno sólo lo que le alcance”, acusó.
El dictamen establece prohibiciones expresas contra conductas que provoquen maltrato, crueldad, abandono, dolor, sufrimiento o afectaciones al bienestar animal.
Entre las prácticas prohibidas se incluyen la zooerastia, considerada como abuso sexual de animales, y las peleas de perros.
Además, la iniciativa incorpora el principio de reparación del daño, que podrá incluir atención médica y procesos de rehabilitación destinados a recuperar, en la medida de lo posible, el bienestar del animal afectado.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan.
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