Un juez federal de Alabama ordenó este lunes 21 de septiembre a agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza suspender de inmediato todas las redadas sin orden judicial en obras de construcción del estado. La orden temporal les exige no arrestar trabajadores sin motivo legal y liberar al instante a quienes presenten pruebas de estatus regular, como la identificación REAL ID.
La victoria de Leo García: El trabajador que encaró a las autoridades
La decisión responde a una demanda colectiva interpuesta por Leo García Venegas, obrero del condado de Baldwin, representado por el Instituto para la Justicia (IJ). García demostró que los agentes violaron la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., la cual protege contra arrestos y registros irrazonables.
“Por primera vez en mucho tiempo, podré ir a trabajar sin preocuparme de que me arresten sin motivo”, declaró Leo García tras la resolución.
Frenan redadas en obras de Alabama tras las tres detenciones injustificadas de García
El expediente presentado por el IJ detalla los abusos que vivió el trabajador a pesar de contar con estatus migratorio:
- Invasión de centros de trabajo (mayo y junio de 2025): Agentes irrumpieron sin orden judicial en sus lugares de trabajo. Aunque García les mostró su REAL ID emitida por el estado, los oficiales se negaron a creer que fuera ciudadano.
- Agresión en su propio domicilio (2026): Agentes lo siguieron hasta su casa. Pese a que intentó enseñarles su identificación oficial, lo sacaron a la fuerza de su garaje, lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo encerraron en una patrulla.
Suspenden tres políticas clave del Departamento de Seguridad Nacional
El tribunal congeló tres normativas del DHS mientras avanza el juicio. La más importante es la “política de entrada sin orden judicial”, que permitía a los agentes allanar obras de construcción privadas sin el permiso de los dueños ni la autorización de un juez.
La suspensión dictada por el tribunal permanecerá vigente mientras se resuelve de forma definitiva el juicio promovido por el Instituto para la Justicia. Esta medida cautelar establece un precedente legal en el estado de Alabama sobre los límites de las autoridades federales durante operativos migratorios en propiedades privadas y centros laborales.
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