Las lecciones que deja la elección presidencial en Brasil al gobierno de México son de tomar muy en cuenta. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene pocas posibilidades de salir triunfante en la segunda vuelta frente al abogado de mala reputación y ultraderechista, Flávio Bolsonaro.
Para que el presidente ganara la primera vuelta no fue suficiente que su gobierno llegara a las elecciones con mejoras sociales de los sectores más pobres, ni que el empleo está creciendo, los salarios reales también y la desigualdad esté disminuyendo.
No obstante esos resultados, el gobierno de Lula aparece como probable perdedor porque, aunque conserva el apoyo popular, ha perdido millones de votantes entre las clases medias.
La caída electoral de Lula fue particularmente fuerte en São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, regiones donde tienen mucho peso las clases medias urbanas, es decir, pequeños y medianos empresarios, trabajadores formales, grupos que son menos dependientes de los programas y transferencias sociales.
No es que los pobres hayan dejado de votar por Lula, sino que la reducción de la pobreza no garantiza el voto de las clases medias que no claman por protección o subsidios, sino por poder creer que pueden prosperar. La clase media toma muy en cuenta sus expectativas de futuro al votar.
Sheinbaum puede encontrarse con el mismo problema que Lula; al lema “por el bien de todos, primero los pobres” le falta otro que haga sentir a las clases medias que se beneficiarán, no como consecuencia del mejoramiento de vida de los pobres —porque a todos nos conviene—, lo cual es cierto, sino por la reanudación de una movilidad social entre las propias clases medias que se cerró hace medio siglo en México.
Quienes viven en la pobreza quieren y necesitan transferencias y subsidios, pero quienes se mueven entre las clases medias quieren progresar, prosperar en todos los sentidos, quieren escalar, hacerse de un patrimonio, tener coche, vacacionar, que sus hijos tengan mejores capacidades para emplearse y logren mayor bienestar.
La 4T ha mejorado ingresos laborales y transferido recursos a los sectores más pobres, pero todavía no ofrece una narrativa convincente de movilidad en ascenso para las clases medias.
Tanto en el caso brasileño como en el mexicano, el problema es cómo un gobierno socialmente responsable puede ofrecer, simultáneamente, programas redistributivos y una expectativa convincente de movilidad social, de seguridad y prosperidad para las clases medias.
Reabrir la movilidad social requiere mucho más que la redistribución de riqueza entre los más necesitados; requiere una política industrial, energética, educativa, financiera y de infraestructura orientada a elevar la productividad que genere empleos formales bien remunerados.
Requiere darle consistencia a las expectativas sociales de prosperidad, que tienen que ver con creer que es posible hacerse de una casa propia, lo que supone créditos a costo razonable; acceder a una educación de calidad para los hijos; tener seguridad social y buenas pensiones.
Todo eso depende de que haya mayor inversión pública en infraestructura que facilite la competitividad industrial y el crecimiento de la productividad, y atraiga mayores inversiones empresariales; depende de que se superen los bajos niveles de crecimiento del PIB de las últimas décadas, muy semejantes al pronóstico del Banxico de 1.6 por ciento para 2026.
Un gobierno socialmente responsable puede mantener una enorme popularidad mientras va logrando una mejor distribución de riqueza; pero si no consigue transformar esa redistribución en movilidad social, basada en mayor crecimiento productivo, comenzará a perder el apoyo, inclusive de sectores que dejaron atrás la pobreza.
La experiencia no sólo brasileña, sino de Chile, Bolivia, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú y antes Argentina y otros países que han caído en regímenes ultraderechistas, es que la redistribución y reducción de pobreza no detonan movilidad social, no directamente ni de inmediato, ni equivalen a una consolidación de las clases medias ni, por consecuencia, motivan su apoyo político leal y duradero al gobierno.
El desafío para que nuestro gobierno no caiga en casos como el de Argentina, donde a dos años del gobierno de Javier Milei ha aumentado 33% la pobreza, según el diario El Clarín, es pasar de esfuerzos dedicados principalmente a redistribución y protección social a una coalición basada en redistribución y un crecimiento productivo acelerado que permita sustentar la movilidad social.
Faltan cuatro años para llegar al 2030, cuando habrá cambio de gobierno en México; la presidenta Sheinbaum goza de una aprobación ciudadana que ronda 70 por ciento, un capital político que permitiría elevar el papel protagónico de las clases medias en la denominada cuarta transformación, sin abandonar la política redistributiva.
Los dueños y empleados de la inmensa mayoría de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales se mueven en diferentes estratos de clases medias; con esas empresas es que México puede transferir ingreso y a la vez acrecentar capacidades productivas.
El Plan México intenta moverse en esa dirección. Lo que no es claro, sin embargo, es que las medidas que se han tomado en el marco del Plan México estén diseñadas para interesar a las empresas dedicadas a servir al mercado interno, y no a las grandes corporaciones exportadoras.
PD. Estados Unidos redujo 20 por ciento sus ventas de gas a México, lo que, de prolongarse por semanas, asfixiará la economía del país. Después de Colombia, Brasil et al, empiezan acciones de acoso a nuestro gobierno.
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