Lo que comenzó como una manifestación de estudiantes de liceo en reclamo de mejores condiciones educativas terminó convertido en una protesta nacional en toda Francia por las desigualdades en la educación, el costo de la vida y contra el gobierno, a seis meses de las elecciones presidenciales en las que se elegirá al sucesor de Emmanuel Macron, quien no puede optar por un nuevo mandato.
Las protestas estallaron en un escenario de crisis fiscal en la segunda economía más grande de la Unión Europea, con el gobierno de Macron intentando aprobar un impopular presupuesto de austeridad que busca reducir el déficit público, que se prevé alcanzará este año 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más altos de los países de la UE. Los recortes abarcan todas las áreas.
La deuda pública equivale actualmente a alrededor del 120% del producto interior bruto (PIB), frente al 20% en 1970.
Líderes de extrema izquierda y ultraderecha han aprovechado el enojo popular para impulsar sus candidaturas.
Septiembre, el inicioEn septiembre, estudiantes de secundaria de liceos salieron a protestar, señalando el mal estado de las escuelas, el hacinamiento, la proliferación de roedores, la escasez de maestros y problemas de financiamiento. Denunciaron, a la vez, lo que consideraron un proceso de selección "injusto" para acceder a la educación superior. Los estudiantes bloquearon cientos de escuelas.
Las protestas devolvieron a primera plana las desigualdades en el sistema educativo francés, donde los centros en sectores más pobres suelen tener dificultades para obtener recursos, pese al importante gasto público. El gasto por estudiante ha caído alrededor de un 20% desde 2017, cuando Macron llegó al Elíseo.
Además, los alumnos pierden 15.4 millones de horas de clase porque el personal ausente no es sustituido, según el ministerio de Educación, que la semana pasada prometió 3 mil profesores sustitutos para los liceos más afectados.
La respuesta policial agravó la situación. Hasta el momento se investigan al menos 34 acusaciones de conducta policial excesiva durante las protestas. Varios jóvenes han resultado mutilados por el uso de granadas aturdidoras, lo que llevó al gobierno a prohibir temporalmente su uso.
El primer ministro Sébastien Lecornu prometió que, en medio del recorte fiscal, el presupuesto educativo sí crecería, a la vez que criticó los daños provocados a decenas de instituciones escolares y los saqueos que derivaron en la detención de cientos de personas.
Lejos de calmar los ánimos, la situación se agravó. Familiares de estudiantes, sindicatos, trabajadores del sector agrícola se sumaron a las protestas, denunciando el encarecimiento de la vida, atizado por el alza de precios en los combustibles, debido, en gran medida, a la guerra que Estados Unidos lanzó contra Irán.
Lecornu prometió entonces una bajada a los precios del litro de gasóleo entre 12 y 18 céntimos. Anunció, además, que el gobierno recurriría a un stock de 10 millones de barriles de petróleo y la instauración, a partir de enero de 2027, de un llamado "cheque energía" para las familias más desfavorecidas.
“Nos encontramos en una situación difícil, pero eso no significa que no tengamos respuestas”, declaró el premier, quien expresó su empatía con quienes "tienen la sensación de que, apenas han superado una dificultad, aparece otra”.
El grupo conocido como “chalecos amarillos”, que hace años sacó a decenas de miles de personas a las calles de Francia por los precios de la gasolina, entre otras razones, se adhirieron también a las protestas.
En este escenario, y con la mirada puesta en las elecciones de abril, la oposición ha aprovechado el enojo.
Jean-Luc Mélenchon, fundador de la Francia Insumisa (LFI), defendió el derecho de los franceses a protestar y denunció el uso de la violencia por parte de las fuerzas del orden, a las que acusó de "golpear, dejar tuertos y mutilar" a los jóvenes movilizados.
No solo el gobierno, sino la derecha, señalan a Mélenchon de instigar las protestas de los alumnos, que, en algunos casos, han desembocado en graves disturbios, como los registrados este sábado, que dejaron cientos de tiendas saqueadas, el ayuntamiento de Limoges incendiado y el de Marsella dañado, autos quemados, choques entre alborotadores y fuerzas de seguridad... Las autoridades describieron un caos "sin precedentes", que dejó casi 2 mil 400 detenidos y unos mil policías heridos. La administración acusa al líder izquierdista de explotar las protestas, con fines políticos, y aluden a actos de vandalismo que parecen estar perfectamente organizados.
Mélenchon trasladó la responsabilidad al Ejecutivo, denunciando "ineptitud" frente a lo que calificó de una situación “altamente previsible”.
Las pérdidas para los negocios saqueados e incendiados ascienden a cientos de millones de euros.
Macron, quien había optado por un bajo perfil, dio un mensaje este domingo en cadena nacional, en el que aseguró que "nada justifica" ni "excusa" los disturbios y saqueos, a la vez que prometió "ayudas rápidas" a los comerciantes afectados.
A los autores de los disturbios y saqueos, de los que acusó a "grupúsculos de extrema izquierda" y a "delincuentes", les dijo que "pagarán" y "responderán" de sus actos. "Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa", agregó.
El exprimer ministro de Macron, Edouard Philippe, candidato a las presidenciales de 2027 por el centrista Horizons, calificó de “considerable” la responsabilidad política de LFI y apoyó la creación de una comisión de investigación.
Repercusiones políticas: el avance de Le PenLíderes de extrema derecha han aprovechado la situación para posicionarse, de cara a la elección.
Marine Le Pen, líder de La Reunión Nacional (RN) de extrema derecha, denunció que la extrema izquierda está “tomando como rehén” las reivindicaciones sociales, al tiempo que reprochó al gobierno su incapacidad para prevenir o gestionar los sucesos. En uno de sus habituales gestos populistas, su partido afirmó esperar que el jefe del Estado “pida perdón” y "se vaya".
Le Pen criticó lo que llamó un "poder macronista exhausto, agotado, desorientado", y "una profunda crisis de confianza y de autoridad que hace pesar una amenaza sobre la democracia".
Por lo pronto, Lecornu encabezará la mañana de este lunes una célula interministerial de crisis para abordar la crisis.
Si las acusaciones contra Mélenchon se comprueban, podrían costarle las elecciones. De acuerdo con expertos, miles de franceses aterrorizados por las imágenes de destrozos, choques y falta de control podrían volcarse hacia la extrema derecha, que se presenta como “el partido del orden”.
El más reciente sondeo, elaborado por Elabe para BFMTV y La Tribune Dimanche, y difundido este sábado 17 de octubre, sitúa a Le Pen con 31.5% de intención de voto, 16 puntos de ventaja sobre sus principales rivales.
Mélenchon y Philippe están empatados, con 15.5%.
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