El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha desafiado más de una vez los pronósticos de sus críticos. Pero al convocar elecciones anticipadas en plena crisis por el costo de la vivienda, está haciendo una de las apuestas políticas más arriesgadas de su carrera.
El líder socialista, de 54 años, busca capitalizar el descontento por la crisis de vivienda y castigar a la oposición, que la semana pasada rechazó dos proyectos de ley de su gobierno destinados a aliviarla.
Las encuestas muestran un panorama adverso para Sánchez, quien gobierna en minoría desde 2018 y no ha logrado aprobar un presupuesto desde 2022. En 2023 consiguió superar unos sondeos que anticipaban una victoria de la centroderecha y la extrema derecha, pero esta vez podría ser diferente.
“La izquierda parte desde una base más baja”, señaló el lunes la consultora Teneo en una nota. “Eso hace menos probable una remontada”.
Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas después de que el Parlamento rechazara el viernes su plan de emergencia para intervenir en el mercado de la vivienda, en medio de protestas en toda España y un campamento de manifestantes en el centro de Madrid.
El gobierno buscaba impedir desalojos como el de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años obligada a dejar su vivienda tras no poder afrontar un aumento del alquiler. El plan también habría congelado los alquileres, prorrogado los contratos de los inquilinos e introducido nuevos incentivos fiscales.
La vivienda lleva meses como la principal preocupación de los españoles, pero Sánchez había insistido en que quería completar el mandato parlamentario. El desalojo y el rechazo de sus medidas le dieron la oportunidad de aplicar una de sus máximas políticas favoritas: hacer de la necesidad virtud.
“Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”, dijo Sánchez el lunes en un discurso a la nación.
Sánchez tiene un historial de sorprender a sus adversarios en momentos decisivos. En 2018 se convirtió en el primer presidente del gobierno español en llegar al poder mediante una moción de censura. En 2023 volvió a desafiar los pronósticos y se mantuvo en el poder tras alcanzar complejos acuerdos con más de ocho partidos.
Ahora Sánchez intenta repetir la hazaña, aunque su posición política se ha deteriorado. El Partido Popular (PP), de centroderecha, lidera las encuestas recientes, con un 31.6% de apoyo en un sondeo de 40dB realizado entre el 25 y el 28 de septiembre entre 2.000 personas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que podría gobernar con Vox, de derecha radical, que obtuvo un 18.4%. Los socialistas de Sánchez registraron un 27.4%.
“¡Por fin!”, dijo Feijóo al conocer la convocatoria de las elecciones anticipadas que reclamaba desde hacía meses. Convencido de que ha llegado su momento, instó a sus seguidores a mantenerse movilizados para que, esta vez, las encuestas se traduzcan en votos.
“La derecha buscará convertir la elección en un plebiscito sobre Sánchez y utilizar asuntos como la migración para movilizar a los votantes”, dijo en una entrevista Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid. “La izquierda buscará advertir sobre los riesgos para las políticas sociales o la vivienda si gobiernan la derecha y la extrema derecha”.
El gobierno de Sánchez ha enfrentado múltiples crisis, entre ellas la llegada este verano de 80.000 migrantes a Ceuta, el enclave español en África, que ayudó a convertir la migración en uno de los principales temas del debate político.
A esos problemas se suman casos de corrupción que afectan al partido de Sánchez, incluida la condena de uno de sus colaboradores, y procesos que involucran a su familia: su hermano fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y su esposa fue enviada a juicio.
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